Euskal Herria y la Ablación

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La ablación irrumpe en Euskadi

La Fiscalía constata dos víctimas de ablación de familias con orígenes subsaharianos

Iker Rioja Andueza

Dos niñas residentes en el País Vasco fueron víctimas de ablación de clítoris en 2013, según denuncia la Fiscalía en su última memoria. Son hijas de familias originarias de las repúblicas de Malí y Guinea, respectivamente. El Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) estima, además, que otras 800 mujeres de entre 0 y 14 años procedentes de países del África subsahariana podrían estar en riesgo de ser mutiladas y elabora ya un protocolo para prevenir esta flagrante violación de los derechos humanos.

Ambos casos fueron detectados por trabajadores sociales después de que las familias solicitaran ayudas sociales. En el primero de los casos, el de la niña de Guinea, los Servicios Sociales tenían "plenamente acreditado" que la preadolescente había sido víctima de ablación clitoriana y un juzgado ya ha abierto diligencias. En el segundo supuesto, está pendiente el informe del médico forense, aunque los padres no han negado los hechos.

Aparentemente, según la Fiscalía, estas familias estaban integradas en el modo de vida occidental, que considera la mutilación genital una grave vulneración de los derechos de las mujeres. Los progenitores, de hecho, se desvincularon de la intervención y aseguraron que vino ordenada "por parte de los abuelos o familiares de las niñas". "No compartimos esa práctica", señala el ministerio fiscal como respuesta de los padres en sede judicial.

Todo apunta a que fue en estancias vacacionales en sus países de origen cuando las jóvenes fueron sometidas a ese rito ancestral muy corriente en una veintena de países del África subsahariana aunque también en Egipto o en el nuevo Irak ultraortodoxo del Estado Islámico (IS). La mutilación de los genitales marca el paso de niña a mujer, trata de preservar su virginidad hasta el matrimonio y busca garantizar que las mujeres tengan en su madurez una sexualidad acorde a determinados cánones.

La Fiscalía lamenta que, hasta ahora, los poderes públicos sólo hayan podido intervenir "cuando la ablación ya ha tenido lugar". "El riesgo se encuentra cuando las menores abandonan el territorio nacional para ir a sus países de origen. La protección supondría impedir que dichos viajes se produjeran", reseña en su memoria el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que entiende también que el hecho de que las intervención quirúrgicas -muchas veces realizadas en pésimas condiciones y con claros riesgos para la salud de las pequeñas- se produzcan en el extranjero dificulta tanto conocer la "autoría" de la mutilación como la "responsabilidad de los padres" en lo sucedido.

Según datos de Emakunde, se estima que en el País Vasco son unos 11.000 los inmigrantes de países que no han abolido la mutilación genital como Nigeria, Mauritania o los citados Malí y Guinea, de los que 3.100 son mujeres y 800 jóvenes en potecial riesgo de ser mutiladas. La ablación es un delito en España y todos los conocedores del fenómeno alertan que se suelen aprovechar estancias más o menos largas en los países de origen para llevarla a cabo. Allí continúa siendo una prueba de estatus e incluso una fiesta de paso a la edad adulta para las pequeñas. Quienes practican estas operaciones gozan de cierto prestigio social.

Las familias que mantienen en el siglo XXI esta "tradición" se exponen a penas de prisión en España y las víctimas de la ablación pueden serlo por segunda vez al verse abocadas a quedar internadas en un centro de menores y, por lo tanto, solas en un país extranjero. Ante esta disyuntiva y ante la imposibilidad de concretar la "responsabilidad" real de los padres, la Fiscalía opta por no incrementar el sufrimiento de las pequeñas y no solicita que los progenitores pierdan la custodia. Así ha ocurrido, al menos, en los casos detectados en 2013, según se deduce de la memoria de la Fiscalía.

"Se trata de familias de las que la Administración no detecta riesgos de que precisen de intervención social. La afectividad entre los miembros de la familia se conserva [tras la mutilación genital] y las necesidades de las niñas están debidamente amparadas por sus progenitores [...]. Sacarlas del hogar familiar no resultaría adecuado", sostiene el ministerio fiscal.

Fue el pasado mes de junio cuando Emakunde anunció el inicio de una ronda de contactos con agentes sociales conocedores de esta problemática con la intención de abordar un protocolo para evitar nuevos casos de mutilación genital en el País Vasco. En este proceso colabora la antropóloga Adriana Kaplan, directora de la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona para la prevención de la mutilación genital. Es considerada la mayor experta en la materia.

La asesora se ha reunido ya con el lehendakari, Iñigo Urkullu, con la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, con el consejero de Salud, Jon Darpón, con la responsable de Educación, Cristina Uriarte, y con el titular de Políticas Sociales, Juan María Aburto. Se pretende abordar la prevención desde una perspectiva integral.

Ante lo terrible del caso no podemos dejar de pronunciarnos. No, no le creemos a los padres de las dos víctimas, ¿a quién pretenden engañar? ¡cobardes! No, las niñas no fueron a sus países de origen de visita, fueron a que les practicaran la ablación pues muy bien sabía sus progenitores que dicha intervención no podía ser llevada a cabo en Euskal Herria.

 

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