Bueno pero, ¿a qué punto llega el asunto del trato diferenciado que se da al colectivo de presxs políticxs vascxs con respecto a la propia legislación española al respecto?
Les compartimos este artículo publicado en Gara:
La mejora del panorama carcelario español no llega a los presos vascos
El número total de presos en el Estado español se ha reducido en un solo año un 6%. En paralelo, el porcentaje de quienes están en primer grado, el régimen más duro, cae al 1,6% (son 1.021 personas sobre 61.500). Una mejora que no es extensiva a los miembros de EPPK, de los que en torno el 95% continúa en ese grado según los últimos datos.
Ramón Sola
Datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias difundidos estos días muestran un relajamiento en la política carcelaria estatal global, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Y de paso, hace más grave la negativa a modificar los criterios de excepcionalidad introducidos para los presos y presas vascas, que siguen intactos casi cinco años después del fin de la lucha armada de ETA.
Así, durante este último año el número total de personas presas en el Estado español se ha reducido un 6%, bajando hasta 61.526. Si se retrocede hasta el citado 2011, la disminución del recurso a la cárcel como elemento punitivo es más evidente todavía, ya que entonces ese número se elevaba a 72.564. La mayor población carcelaria en el Estado se registró un año antes, en 2010: 76.106.
Llama la atención igualmente que en las cárceles vascas la reducción de personas presas ha sido bastante superior a la media estatal. Esa caída general del 6% entre el 30 de junio de 2015 y la misma fecha de 2016 sube en Nafarroa hasta el 17,8% y en la CAV hasta el 8,3%. En la nueva prisión de Iruñea ha decrecido en un año de 358 a 294 personas reclusas, mientras que en el conjunto de Martutene, Basauri y Zaballa la cifra ha descendido de 1.390 a 1.274. Únicamente en Aragón ha aumentado el número de presos, de modo casi imperceptible (0,2%). A la cabeza de esta reducción se sitúa Cantabria (24% menos).
En el caso de los presos políticos vascos, efectivamente su número ha caído a la mitad desde 2009 a la actualidad (de 762 a 368 contando a todo el colectivo), pero ha sido fruto únicamente de un factor técnico: el final de la lucha armada, que ha evitado nuevas detenciones. Es decir, no es producto de fórmulas que sí se están aplicando para el resto de casos, como las concesiones de libertades condicionales previa reclasificación en tercer grado.
Primer grado
El parámetro de régimen carcelario ilustra mejor la diferencia entre la política común general y la excepcionalidad aplicada a los vascos. Siempre según Instituciones Penitenciarias, con datos de este pasado julio, el número de encarcelados en primer grado ha caído a 1.021, es decir, un 1,6% del total. Apenas dos años antes eran más de 1.100.
La mayoría (38.886) están clasificados en segundo grado y hay otros 8.256 en tercer grado, con posibilidad de salir a la calle. Sin clasificar se hallan 4.354 y los restantes 7.760 son preventivos, a la espera de juicio.
La situación de los presos y presas vascas condenados por «pertenencia» o «colaboración» con ETA es justo la contraria. Son clasificados en primer grado de modo sistemático al entrar en prisión y según datos de principios de año en torno al 95% del total continúa en ese régimen, el más rígido.
Un caso denunciado públicamente y tristemente ilustrativo es el de Arkaitz Bellón, fallecido súbitamente en Puerto I en 2014. Pese a haber sido responsabilizado únicamente de acciones de kale borroka, la condena se elevó a trece años de cárcel (seis meses más que lo impuestos al joven que mató a Nagore Laffage y trató de ocultarlo), se cumplía a mil kilómetros de casa y se ejecutó siempre en primer grado. Legalmente debía haber sido puesto en libertad condicional, por cuestión de plazo, pero murió en prisión.
La catalogación en primer grado conlleva un control y presión añadido sobre las personas presas, con restricciones de las horas de patio y demás. Se justifica teóricamente por razones de seguridad y según el reglamento penitenciario debe reevaluarse cada tres meses. Sin embargo, catorce trimestres después de que ETA abandonara definitivamente su acción armada, continúa siendo la práctica general.
Podría pensarse que este cuadro penitenciario estatal notablemente mejor obedece a que los delitos cometidos tienen menos gravedad. Pero estos datos lo desmienten. Es muy habitual que personas condenadas por homicidios, delitos contra la libertad sexual y de violencia de género estén en segundo y tercer grado, dado que su número (3.876, 3.208 y 3.960 respectivamente) casi multiplica por once al de los 1.021 en primer grado.
En la actualidad, el Ministerio de Interior español sitúa como principal amenaza para la seguridad estatal las acciones de carácter yihadista. El número de personas presas por ello se cifra en torno a 90, frente a los 292 castigados actualmente en cárceles estatales por acciones ligadas al independentismo vasco.
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