El gobierno del cambio en Nafarroa ha consumado un gran logro en lo que se refiere a la autodeterminación del pueblo vasco al descolonizar el enfoque que se daba al término Euskal Herria en los libros de texto de la herrialde.
Lean ustedes este esclarecedor artículo publicado en Noticias de Navarra:
Educación restituye la autonomía de los centros para incluir el concepto cultural de Euskal Herria en libros de texto, recortada desde UPN
Derogadas las órdenes forales de UPN que penalizaban textos con el “concepto cultural y lingüístico” de Euskal Herria
Txus Iribarren
Educación ha restituido la autonomía de los centros y editorial para utilizar gratuitamente libros en Navarra libros de texto que incluyan también el concepto cultural y lingüístico de “Euskal Herria”, libertad recortada en los últimos gobiernos de UPN a través de una legislación “ad hoc” que restringía, en opinión del actual Ejecutivo, la legislación estatal que regula este derecho de centros y editoriales “sin censura ni autorización previa”.
Todo ello sin perjuicio de mantener una inspección educativa sobre el respeto a los valores fundamentales (igualdad de género, discriminación por etnia, no violencia...) y los “principios básicos de la Comunidad Foral de Navarra”, señaló el director general de Educación Estebe Petrizan para explicar la derogación de varias órdenes forales de los gobiernos anteriores de UPN (con Catalán e Iribas) que con una normativa en negativo (apuntalada con informes y listas de libros) logró sacar de la financiación recogida en la Ley Foral de 2008, que reconocía este derecho a los padres y madres, una vía considerada -además- por el departamento del cambio como posible “fraude de ley. La decisión ha provocado un cruce de declaraciones y críticas entre los partidos que sustentan el actual Gobierno y parte de la oposición (el PSN ha mantenido una postura propia) en la que UPN y PPN se han mostrado especialmente duros hablando de “aberración” e “imposición y obsesión política”, visión que precisamente EH Bildu y otras formaciones del cambio emplean para referirse a la “censura previa”, la persecución de mapas y la generalización de “una forma única de sentir Navarra” practicada desde 2010 por los regionalistas, algo que no sucedió con gobiernos anteriores de Alli y del PSN. El consejero de Educación José Luis Mendoza comparecerá en el Parlamento para explicarlo.
El culebrón político del verano está servido. Y una vez más le ha tocado a la educación. A la aprobación en el BON el 5 de julio de una orden foral que se limitaba (eso sí, sin una explicación previa de sus razones) a devolver el tema a la situación anterior a dos consejeros de UPN especialmente beligerantes con la “caza de mapas” siguió ayer un comunicado muy cargado precisamente de uno de ellos, Alberto Catalán, ahora en calidad de parlamentario de la oposición que fue rápidamente secundado por el PPN mientras el PSN se situaba en una posición intermedia (hablaba en general de “inspección de los contenidos, no sólo sobre el término de Euskal Herria” y, desde el otro lado, EH Bildu y Geroa Bai devolvían los argumentos a la derecha. El director general de Educación, Estebe Petrizan, sí que argumentó y justificó ayer la medida que deroga unas ordenes forales de 2010 y 2014 con sus razones de fondo.
Las cinco razones del gobierno
En primer lugar señaló que la decisión supone referir el asunto al contexto de la ley estatal. “La Ley de Educación del Estado, LOE, vigente en este momento establece por un lado, “la autonomía de los centros para establecer los materiales curriculares como son los libros de texto” y por otro, que “la edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa”. “Por lo tanto, se han derogado unas órdenes forales que contravenían con claridad estas disposiciones, y que además se hacía por un procedimiento que lo podemos calificar de fraude de ley porque se estaba usando la ley foral de gratuidad de libros de texto para incumplir la normativa estatal e impedir el legitimo derecho a la defensa de las editoriales y los centros”, afirmó.
En segundo lugar precisó que “los materiales de uso docente son de carácter complementario a la labor del profesorado y no significan una suerte de credo ideológico. Lo importante es el proyecto curricular que se establece en cada centro y para cada grupo de alumnos y alumnas”.
Como tercera razón apuntó que esta decisión no significa que las editoriales ni los centros puedan usar cualquier contenido ya que “evidentemente, si un material escolar planteara textos de carácter ideológico que fueran contra derechos básicos (racismo o violencia contra las mujeres…) o principios básicos de la Comunidad Foral, obviamente se actuaría para que fueran retirados”, aseguró.
Precisamente quiso diferenciar estos asuntos de lo que “estaba en cuestión” y a lo que de dirigían las órdenes forales de UPN que era, su opinión, “una referencia histórico-cultural como es el concepto de País Vasco/Euskal Herria, término que molesta especialmente a UPN por sus prejuicios ideológicos y que en ningún caso resulta perjudicial para los derechos básicos de las navarras y navarros”. Por ello, para terminar, señaló que la finalidad de la derogación no es imponer ninguna visión, sino justo lo contrario, “profundizar la democracia, la tolerancia y el respeto a la pluralidad de Navarra, muy lejos de la censura previa aplicada por el gobierno anterior”.
Una “aberración”, para UPN y PPN
Estas explicaciones fueron rechazadas tanto por UPN como por el PPN. El portavoz de educación en el Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, tachó de “aberración educativa y desprecio a Navarra” la derogación de tres órdenes forales encaminadas a la no utilización de libros de texto “que manipulan la realidad de Navarra”.
Catalán -que pidió la comparencia de Mendoza- criticó la “utilización de la educación para fines políticos, más aún, para adoctrinar sobre la existencia de una realidad política e institucional que no se corresponde con Navarra”. “Es un claro ejemplo del sectarismo y de la obsesión del actual gobierno nacionalista de Navarra por imponer sus planteamientos partidistas por encima de lo que marca la ley y sin que les produzca ningún pudor hacerlo en los sectores más vulnerables de la sociedad como son los jóvenes”, dijo.
Catalán explicó que las órdenes forales derogadas se dictaron en 2010 y 2014 para aportar conocimientos sobre la realidad de Navarra, salvaguardar una educación basada en las normas de convivencia y evitar cualquier manipulación sobre la realidad de la Comunidad Foral. Afirmó que los sustentaron en “informes” y calificó de “absolutamente inconcebible, desde el punto de vista educativo, administrativo y de gestión de fondos públicos que se financien estos libros”.
El PPN se manifestó en unos términos parecidos. Javier García, tras considerar “inadmisible” la decisión, afirmó que el hecho de que el Gobierno considere que el término Euskal Herria se refiere a un contexto cultural y lingüístico “es un insulto a la inteligencia de los navarros”.
Réplica de Eh Bildu y Geroa Bai
Estas críticas fueron rebatidas por la portavoz de Educación de EH Bildu en el Parlamento de Navarra Miren Aranoa, quien, en un comunicado, aplaudió la derogación por entender que “permitirá que por fin que sean los centros educativos, quienes decidan democráticamente que libros de texto se utilizan, de acuerdo a criterios de calidad educativa, sin censura, sesgos ideológicos, ni directrices políticas”. A su juicio, “aberración educativa y desprecio a las navarras y navarros son la censura e imposición a las que UPN sometió a la comunidad educativa, impidiendo la libre elección de libros de texto”.
Geroa Bai, por su parte, consideró que “UPN sigue sin aceptar un año después del cambio que ya no gobierna y que el actual ejecutivo haga una política diferente respetando la pluralidad de Navarra y buscando lo mejor para la educación de nuestros hijos e hijas. “El señor Catalán y UPN hablan una y otra vez de la excelencia de los y las profesionales de la enseñanza en Navarra pero a la hora de la verdad se demuestra su nula confianza en ellos y ellas cuando se trata de buscar la mejor calidad para la educación en Navarra”. Geroa Bai recordó que la sociedad navarra “cambia y avanza y anima a UPN, a PP y a PSN a que lo acepten y trabajen junto al gobierno y a las fuerzas del cambio por una educación pública y de calidad, con todas las garantías, alejándose de los intereses partidistas”.
La postura del PSN
Desde el PSN-PSOE, su portavoz parlamentario de Educación, Carlos Gimeno, exigió al Gobierno de Navarra que cumpla “rigurosamente” con su labor de inspección de los libros de texto que se estudian y utilizan como material en los centros educativos que reciben dinero público, “de manera que se garantice que el contenido se ajusta no solo al respeto de la legalidad vigente sino a unos principios cívicos y democráticos básicos que deben cumplirse en la sociedad por encima de una cuestión ideológica o de pensamiento”. El PSN puso el acento en estos principios generales.
El mundo al revés. La polémica creada tiene dos niveles de análisis: el legal y el conceptual. En ambos, es importante la perspectiva temporal y espacial. En el primer ámbito, las ordenes forales del actual Gobierno se limitan a dejar sin efecto una legislación de excepción y “ad hoc” realizada en un momento concreto de la época de UPN y se pasa a remitirse a la legislación general estatal (LOE) y en la línea de lo que hacían gobiernos regionalistas y socialistas anteriores poco sospechosos de nacionalismo. En cuanto a los conceptos, la orden foral suena más a “libertad” que a “imposición”: sensibilidades y visiones al margen, ahora quien quiera podrá elegir entre todos los libros: Navarra con o sin leche. A gustos.
Años 80 y 90 con PSN y UPN
Libros con “Euskal Herria” como realidad cultural y lingüística . Según explicó ELA en la presentación sobre este tipo de materiales escolares que realizó en 2015 al hilo de las medidas de Iribas, la denominación de “Euskal Herria” y los mapas con este territorio eran utilizados con normalidad y referidos al ámbito lingüístico o de costumbres por diferentes instituciones (locales y autonómicas) en los año 80 y 90 cuando los cargos los ocupaban dirigentes socialistas y regionalistas, en este caso en la época de Alli. Así citaba un folleto titulado El vascuence en Navarra con un mapa de todos los territorios con el gobierno socialista u otro libro, Euskal Herria, el país de la lengua vasca, en 1991 ya con UPN en el Ejecutivo.
Transición regionalista
De Campoy a Pérez Nievas (CDN). Luis Campoy (2003-2007) mantuvo esta línea, aunque ya en el gobierno de coalición de UPN con CDN (que precisamente acabó en ruptura porque Sanz no aceptó una visión más aperturista en el tema del euskera y la cultura vasca de CDN), Pérez Nievas (2007-2009) ya tuvo que encargar una inspección sobre materiales escolares. La cuestión, no obstante, no fue a más y de manera tácita los centros y las editoriales llegaron a soluciones acordadas para todas las partes implicadas, mientras la Administración mantenía su postura oficial.
La involución de UPN
Catalán: las órdenes forales de 2010 y la listas negras de libros. La llegada de Alberto Catalán a la consejería de Educación, una persona con un perfil más político, activó el entramado normativo pensado para acabar con gran parte de las referencias a “Euskal Herria”. En concreto aprobó las Órdenes Forales 37/2010, de 4 de marzo, 103/2010, de 18 de junio, 146/2010 que, con diferentes argumentaciones jurídicas, venían a buscar una fórmula práctica para asfixiar estos contenidos: sacarlos del paquete de libros gratuitos reconocidos por otra ley de 2008, que era un avance para la familias. Resultaron perjudicados 8 manuales usados en 40 centros. Sustentó también el cambio legal informes que buscaban referencias al País Vasco, mapas... El articulado de estas órdenes demuestra precisamente su redacción en negativo y “ad hoc”.
Rechazo entre editoriales y mundo euskaltzale. Tanto equipos directivos del modelo D de la red pública como de las ikastolas expresaron su malestar al verse de alguna manera cuestionados en su labor educativa y libertad de enseñanza. Diversas editoriales también se sumaron a esta protesta. Sin embargo, la legislación siguió adelante y causó la retirada de textos.
Iribas: otra vuelta de tuerca con su propia orden foral y polémica. Catalán fue sucedido en el puesto por José Iribas, con una visión política muy parecida y que no rehuyó el conflicto mediático y educativo en este tema. Al contrario, aprobó otra orden foral y realizó una comparecencia agitando libros y folletos con el denostado mapa de las siete provincias de Bonaparte. Iribas repitió la jugada (informe + orden foral) y, asumiendo de una manera inusual las competencias que correspondían a sus directores generales, firmó esta norma y dejó fuera 22 libros de lengua y literatura vasca.
Derogación de Mendoza
Retorno al punto de partida. José Luis Mendoza devuelve el tema a la época socialista y de Alli diferenciando en la orden (5 de julio) el plano político del cultural y lingüístico al hablar del concepto de “Euskal Herria”.
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