lunes, 19 de diciembre de 2016

Españistán y la Tortura del S. XXI

Mientras los gerifaltes del franquismo continuen gozando de la más completa impunidad con respecto a sus acciones y omisiones la monserga de la tortura seguirá ciñéndose sobre los habitantes del estado español, especialmente sobre aquellos que resisten al sistema o los que por cuestiones aleatorias forman parte de los colectivos humanos más vulnerables.

Les invitamos a leer este artículo publicado en Rebelión:


Enric Llopis

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) identifica en el “Informe sobre la Tortura y los Malos Tratos en el estado español en 2015” (el último presentado por la Coordinadora) 128 episodios de tortura o malos tratos, que padecieron y denunciaron 232 personas. El número de personas que sufrieron tortura, trato vejatorio y muerte bajo custodia se eleva, desde 2004, a cerca de 8.000 personas, según las cifras de la CPDT, de la que forman parte 50 asociaciones. La estadística no incluye todos los episodios, ni siquiera el conjunto de denuncias presentadas ante los tribunales. La mayoría de los denunciantes en 2015 forman parte de movimientos sociales (89), 50 son personas migrantes, 37 presos, 19 menores y 58 denunciaron agresiones por otras razones (comisión de pequeños delitos contra la propiedad o la salud pública, identificaciones rutinarias en la calle o tras acudir a una comisaría para denunciar que fueron objeto de un delito).

“Una de las razones por las que persiste la tortura es el apoyo –corporativo- de una parte de los funcionarios a otros que la practican”, explica Jorge del Cura, miembro de la CPDT, que ha presentado el documento en la sede de la Asociación Obra Mercedaria de Valencia. Pone el ejemplo de las manifestaciones de apoyo a funcionarios juzgados y condenados (de prisiones, policías nacionales, locales, autonómicos o guardias civiles), los falsos testimonios con el fin de encubrir a los acusados de tortura y los casos de indulto a funcionarios objeto de condena. Incluso hay ejemplos de condecoraciones. A ello se agrega el apoyo judicial: “Algunas sentencias están diciendo que son legales o legítimas actuaciones aberrantes”.

No es infrecuente, además, que el Ministerio del Interior, las delegaciones del gobierno o las concejalías de seguridad respondan con amenazas de querella a quienes denuncian vejaciones. “Hay miedo a denunciar las agresiones de agentes públicos”, asegura Jorge del Cura. El informe de la CPDT apunta que el 38% de las personas que denunciaron torturas y éstas llegaron a juicio (34 sobre un total de 95 recogidas en el documento) fueron primero denunciadas y después acusadas por la Fiscalía, por presunta resistencia o atentado.

En cuanto a los funcionarios objeto de denuncia por torturas, lesiones o delitos contra la integridad, destaca la Policía Nacional (67), seguido por la Ertzaintza (47), Prisiones (37), policías locales (36), Guardia Civil (34), Mossos d’Esquadra (5), centros de menores (3) y Centros de Estancia Temporales de Inmigrantes (3). El informe de la CPDT también contabiliza la respuesta de los tribunales de justicia ante las citadas actuaciones: 95 sentencias en 2015 (no se trata de todas las dictadas), de las que 43 fueron de condena y 52 suponían la absolución.

Jorge del Cura alerta ante la permisividad de la opinión pública mundial ante la tortura. A primeros de diciembre, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CRIC) difundió las conclusiones de una investigación, de la que se hizo eco la agencia Europa Press. Según la citada fuente, un 36% de las personas que residen en países en conflicto armado, consideran “legítima” la tortura de los combatientes “enemigos” capturados. El estudio añade que sólo el 48% de los encuestados –en países como Afganistán, Irak o Sudán del Sur- consideran que las vejaciones y tratos humillantes constituyen una “mala” práctica. Pero la aquiescencia ante las torturas no sólo se produce en los países en conflicto. En Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido se registra una tendencia a que la población acepte la tortura y las bajas de civiles como parte de la guerra.

En los testimonios de las víctimas puede constatarse, también, una confusión respecto a las prácticas vejatorias. “No soy un asesino ni un violador”, afirman por carta algunos presos que se dirigen a la CPDT. Pudiera desprenderse de esta afirmación que en los dos supuestos (asesinato y violación) fuera admisible la tortura. Hay otro lugar común que ahonda en el error conceptual: “Me trataron como a un delincuente”. Tal vez se haya “normalizado” el maltrato, lamenta Jorge del Cura, y en ello influyen decisivamente el cine, la televisión y los videojuegos. Se refiere al tratamiento del “malo” en estos medios. Otros testimonios recabados por la CPDT incurren directamente en el oxímoron: “Me trataron bien…Sólo tres bofetones y ya está”. Pero unas semanas después llegan las secuelas, en forma de insomnios, fobias y traumas. Hoy, en el estado español, “se recurre más bien a la tortura ‘blanca’, ya no se arrancan las uñas o dislocan los huesos”, destaca el activista de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.

Advierte sobre otras formas de vejación que no figuran en los grandes titulares, como las agresiones a personas detenidas (por ejemplo por pequeños hurtos) o a los “sin techo”. Y también la violencia “terrible” a la que se está sometiendo a los menores. El pasado cinco de diciembre fue detenido el educador de un centro tutelado de menores de Granada por un supuesto delito de abusos sexuales. El nueve de agosto los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil procedieron a la detención de siete personas por supuesta pertenencia a una banda que captó a 80 menores, para tomar vídeos y fotografías de contenido sexual. Siete de los menores se hallaban bajo la tutela de la Generalitat en Amposta y Tarragona.

Las personas migrantes también son objeto frecuente de torturas y malos tratos. Gema Siscar, de la campaña CIE’s No, recuerda uno de los grandes escándalos de los últimos años, el del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos, en Málaga. En junio de 2015 la Audiencia Provincial malacitana absolvió a cinco policías acusados de perpetrar abusos sexuales contra mujeres internas del CIE. Los hechos ocurrieron en 2006. La Fiscalía solicitó entre dos y diez años de prisión para los agentes; Andalucía Acoge y los abogados de las mujeres también pidieron penas de cárcel contra los policías. La activista recuerda que el CIE de Zapadores (Valencia) se encuentra cerrado desde el pasado cinco de octubre por la presencia de chinches y garrapatas. Las organizaciones de derechos humanos defienden el cierre “definitivo” e “incondicional”. Ante una posible apertura, remitieron el 10 de diciembre un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Valencia, la Defensora del Pueblo, el Síndic de Greuges y el Juez de Vigilancia del CIE, en el que se destaca que los internos tienen que hacer sus necesidades básicas en bolsas de plástico por la noche; se hallan en riesgo de las picaduras de chinches (sin que se erradiquen desde hace dos años) y han realizado numerosas denuncias por malos tratos, torturas y vejaciones.

Muchas de estas realidades afloraron en el VI Encuentro de la Campaña estatal por el cierre de los CIE, que se celebró entre el dos y el cuatro de diciembre en Barcelona. La noche del 14 de noviembre se produjo un amotinamiento y huida –el tercero en un mes- en el CIE Sangonera la Verde de Murcia. Convivir Sin Racismo de Murcia denuncia las violaciones de los derechos humanos en este centro “completamente saturado”. En los últimos años el CIE murciano se ha caracterizado, según la organización de derechos humanos, por una deficiente atención sanitaria, los malos tratos, la alimentación insuficiente e inadecuada, el internamiento de menores y la precariedad en cuanto a la ropa e higiene.

En el Encuentro de Barcelona se pidió la investigación de los malos tratos denunciados en el CIE de Aluche (Madrid), tras la protesta del 18 de octubre; y de las presuntas agresiones policiales aireadas por dos internos del CIE de Zona Franca (Barcelona), con motivo de los traslados en las celdas durante la acción reivindicativa del uno de noviembre. En esta protesta en el CIE barcelonés participó un grupo de 40 migrantes. En muchas ocasiones, afirma Gema Siscar, “a quien denuncia rápidamente se le deporta; lo mismo puede ocurrirles a los testigos o a quienes pudieran aportar su testimonio”. Los activistas también señalaron que el CIE de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria, una antigua prisión, no cumple con los “mínimos estructurales”; y afirmaron que la presencia de la policía nacional “antidisturbios” en los CIE de Madrid y Murcia suponen un acto de “violencia” e “intimidación” para los internos.

El informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura critica la creciente “opacidad” del sistema penitenciario español. Según fuentes oficiales, entre 2001 y 2013 han fallecido 3.149 personas en las prisiones españolas. Con el fin de denunciar las condiciones de vida en las prisiones, reivindicar su abolición y apoyar a las personas detenidas, vio la luz en 1982 el colectivo Salhaketa (“denuncia” en euskera). César Manzanos, miembro de la asociación, se hace eco del caso de L.G.G., quien denunció en enero de 2015 varias palizas en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza), tras haber denunciado malos tratos en esta cárcel. O el de F.J.A.F., interno en la cárcel de Picassent, a quien se le negó dos veces la autorización para acudir al hospital; el preso requería someterse a las pruebas –pedidas por el facultativo de la prisión- por una enfermedad en las piernas que le causaban fuertes dolores. También el de R.C.L, quien murió en la prisión de Ocaña I (Toledo), por una meningitis bacteriana.

Y las circunstancias de J.J.G.G., preso en la cárcel de Tarragona y trasladado al hospital de esta ciudad para una extracción de sangre y recibir una dosis de metadona. El recluso denunció que mientras se hallaba esposado en una camilla del hospital, fue golpeado por los dos agentes que le custodiaban. Además, fue conducido a una celda de aislamiento sin que previamente le atendiera médico alguno. La Defensora del Pueblo reconoce en un informe que 128 personas murieron en las prisiones españolas en 2014, de las que 12 son atribuibles al VIH. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación Andaluza Enlace han subrayado que el estado de salud de la población reclusa está “muy deteriorado”. Por ejemplo, de las 13.000 personas presas que actualmente padecen hepatitis C en España, el 40% son asimismo portadoras del VIH.

El activista de Shalaketa da cuenta de una investigación del Instituto Vasco de Criminología, realizada a instancias del Gobierno Vasco y de la que se publicó un avance en junio de 2016. Identificaba y aportaba documentación sobre 4.009 personas que habían denunciado torturas y vejaciones entre 1960 y 2013 en Euskadi. Además, mientras se presentaba el informe de la CPDT en Valencia, el movimiento ciudadano Gasteizko Harresia informaba de las multas de 1.080 euros por “desobediencia grave” a cada uno de los ocho jóvenes juzgados –en un juicio al que no se presentaron- el pasado 13 de diciembre. Pese al contenido de la sentencia judicial, los vídeos difundidos por Internet y mostrados por César Manzanos ponen de manifiesto la violencia con la que se empleó la Ertzaintza contra el “muro popular”, levantado en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz-Vitoria el 18 de mayo de 2015 y en el que participaron los ocho jóvenes junto a centenares de personas. El objetivo del “muro” humano era “proteger” a tres jóvenes vascos –Aiala Zaldibar, Igarki Robles e Ibon Esteban-, condenados por la Audiencia Nacional a siete años de prisión por pertenencia a Segi. El movimiento Gasteizko Arresia ha iniciado una campaña de apoyo para recabar 16.660 euros, suma de las multas, costes del procedimiento judicial y la defensa.





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