La visita del president legítimo de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, a Dinamarca, tiene muy molestos a los de la caverna españistaní. La medida tomada por el inquisidor Pablo Llarena para evitar el ridículo a nivel europeo de llegar ser invalidadas las euroórdenes emitidas por el Azote de Altsadu Carmen Lamela ha servido para que Puigdemont se pueda mover libremente por el Viejo Continente, claro, cuidándose de pisar suelo mucho español.
Madrid no ha podido mas que recurrir a un grupo de "incontrolados" para hostigar al president... desde la "politóloga" que le ha increpado durante una conferencia de prensa hasta el gamberro que haciendo uso de la rojigualda franquista ha tenido que tragarse el magistral revire de Puigdemont quien sonriente ha besado el trapo no una sino dos veces.
Pero ante tal desafío no podíamos esperar que un régimen adicto a la violencia se quedara con lo brazos cruzados y ha sido el propio Pablo Llarena quien ha pasado a la ofensiva. Lean ustedes lo denunciado por Público:
Desde primera hora de la mañana de este miércoles, los agentes han entrado en el despacho de Jordi Sánchez, ex líder de la ANC, encarcelado en Soto del Real por orden de la Audiencia Nacional.El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado a la Guardia Civil que registre las sedes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en Barcelona, según informa Catalunya Ràdio. Los agentes se encuentran allí desde primera hora de la mañana de este miércoles. Además, los agentes de Guardia Civil han entrado en la del CTTI, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, en L'Hospitalet de Llobregat.En el caso de Omnium se han personado seis policías. Están registrando el despacho de Jordi Sánchez, ex líder de la ANC, encarcelado en Soto del Real por orden de la Audiencia Nacional. Los agentes revisan la cuenta de correo electrónico, según informó su abogada.Justo hoy se cumplen 100 días desde que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart entraron en prisión preventiva. La Audiencia Nacional investiga a los presidentes de ambas organizaciones por un posible delito de sedición.
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