miércoles, 31 de enero de 2018

Obstaculizan Investigación de Torturas en Nafarroa

Dicen las muy bien pagadas presidentas de las "asociaciones de víctimas" que ETA debe disolverse y que tanto los militantes aún libres así como los encarcelados deben cooperar en el esclarecimiento de los casos por los que aún no ha habido juicios y por lo tanto condenas. Exigen también la delación en contra de sus compañeros. Insisten en que no habrá perdón alguno hasta que el último de los casos sea juzgado pues ni uno solo de los crímenes de "los separatistas" debe quedar impune. Tal cual lo repite los voceros del régimen, el rango y fila de los partidos políticos y las decenas de líderes de opinión que pululan en las tertulias televisivas y radiofónicas así como en las editoriales de periódicos y pasquines.

Todos ellos insisten en decirle al mundo que en la "lucha contra el terrorismo" todos los extremos a los que se hubiese llegado y todos los excesos que se hubieran cometido estaban plenamente justificados. Todos. Que nadie puede escapar al largo brazo de la ley y que por lo tanto las Fuerzas de Seguridad del Estado estaban obligadas a perseguir a las alimañas fuese como fuese.

Pero cuando se habla de la tortura entonces cambian de talante y nos dicen que esa campaña en contra de "los etarras" siempre se llevó a cabo dentro de los límites impuestos por la Sacrosanta Constitución, con un completo respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos... y que si alguien se atrevía a acusar a los heroicos miembros de las fuerzas policiales de malos tratos era porque así lo indicaba "el manual".

Dicho lo anterior, les compartimos esta editorial publicada por Naiz con respecto a los recientes sucesos en Nafarroa donde UPN y el PP intentar detener la investigación acerca de los casos de tortura que han tomado lugar en la herrialde:


Como bien recuerda el informe realizado por el equipo del Instituto Vasco de Criminalogía liderado por Paco Etxeberria a instancias de Lakua, en los últimos años el Estado español ha sido ya condenado siete veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a su negativa a investigar torturas. Esa actitud ha sido el colofón de un sistema de ocultación casi blindado a cal y canto, dado que –siguiendo con el estudio– desde 1960 a la actualidad apenas ha habido 20 sentencias condenatorias firmes para un total acreditado de al menos 4.113 casos solo en la CAV (es decir, un tremendo 99,5% ha quedado impune). Y un nuevo hecho se suma ahora al intento de tapar las grietas por las que se cuela la verdad de la tortura: el Gobierno español ha recurrido al Constitucional para anular la ayuda concedida por el Gobierno navarro para un informe similar en Nafarroa. A las tinieblas de los calabozos y la oscuridad de los tribunales se les quiere sumar ahora la censura contra la actuación, no ya legítima sino imprescindible, de las instituciones.

Pero el Estado llega tarde en ese empeño por prolongar décadas de negocionismo. Y denota con su propia actitud que es consciente de ello. Como el propio Etxeberria ha apuntado en algunas entrevistas, quedan atrás ya los tiempos en que intentaba perseguir a quienes denunciaban la tortura. El silencio de los poderes españoles ante el informe de Lakua es igualmente revelador; si realmente todo fuera una mentira colosal, ¿a qué esperaban para desmentirla y combatirla Gobierno, Judicatura, medios de comunicación...? Hoy día, al Estado solo le queda ampararse tras la patraña de la verdad judicial: efectivamente, solo el 0,5% de las denuncias han acabado en condena, pero eso no demuestra que no se haya torturado, sino que torturar no se ha castigado. También con esta impugnación de la ayuda en Nafarroa, el Estado solo busca engañarse a sí mismo. Y en el camino, lo que hace es agravar su podredumbre moral y alargar el desprecio a miles de víctimas.






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