domingo, 28 de enero de 2018

Puigdemont Ante el Farolazo Españistaní

Anoche los peperos armaron una fiesta para celebrar el cierre de filas ante la amenaza separatista catalana por parte de los inquisidores que conforman el Tribunal Constitucional borbónico franquista. Se despacharon con una serie de declaraciones esperpénticamente triunfalistas entre las que destaca la de Pablo Casado insistiendo que en la España Una Bajo Dios nadie, pero nadie de nadie, elude la Ley, así con mayúsculas. Esto desde un partido político al que no se le ha retirado el registro a pesar de tener cientos de imputados en casos de corrupción.

Pero bueno, desde el campo catalán se han tomado el asunto como un farol y han decidido doblar la apuesta, no de cara a Madrid sino de cara a la Europa de la democracia y las libertades.

Aquí la información por vía de Naiz:


El único candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, pedirá autorización judicial para poder asistir al pleno de investidura del Parlament convocado para este martes. Así lo ha anunciado el diputado de JxCat Josep Rull en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Josep Rull, diputado de JxCat en la Cámara catalana, ha anunciado en una entrevista ofrecida a Catalunya Ràdio que el único candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, pedirá autorización judicial «en las próximas horas» para poder asistir al pleno de investidura del Parlament convocado para el próximo martes, tal y como le pidió el Tribunal Constitucional.

Rull ha asegurado que el pleno «continua vigente» y ha calificado la decisión del TC como una «bofetada con la mano plana en la cara de Soraya Sáenz de Santamaría». También ha criticado que la resolución del TC está «fuera de lo que es la base de un ordenamiento jurídico previsible, sólido y homologable en términos europeos», algo que «supone un nuevo paso hacia la demolición del estado de derecho en España».

Ha alertado que, a su juicio, el Gobierno ha presionado a todos los poderes para evitar la investidura de Puigdemont y ha sostenido que la vicepresidenta del Gobierno debería dimitir «si tuviera una chispa de dignidad política».






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