martes, 23 de enero de 2018

Durango y la Inexpugnable Impunidad Franquista

Al navarro colonizado Iñaki Iriarte le parece que la redacción de las placas dedicadas a las víctimas de ETA que están siendo colocadas por el ayuntamiento de Iruñea no es la más adecuada, pero eso no es todo, también se queja de que en un futuro esa exigencia que solo busca entorpecer el proceso de paz y reconciliación iniciado hace ya seis años pueda ser revertida y se utilice para hacer lo propio con las víctimas del terrorismo de estado desarrollado por el régimen español desde hace décadas.

Quiere pues que la omerta impuesta a los crímenes del régimen del 39 se extienda en automático a la del heredero régimen del 78.

El trabajo de los jueces al servicio del régimen no le parece suficiente, él lo que quiere es que la impunidad de la que gozan los actores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en aras de la sacrosanta integridad de la España Una Bajo Dios sea una fortaleza inexpugnable, alerta a sus compinches que la colocación y redacción de las placas puede convertirse en una brecha en el muro de la inmunidad judicial de la que han gozado los españolazos durante los últimos 80 años.

Al respecto de la incansable labor de zapa de esos jueces en contra de la memoria histórica, nos habla este artículo publicado por El Diario:


El carpetazo judicial llega justo después de la decisión del Constitucional de no admitir a trámite la demanda contra el archivo de la causa para investigar y enjuiciar los posibles delitos cometidos el 3 de Marzo de 1976 en Vitoria

Aitor Guenaga

Las 336 personas que fueron aniquiladas por la aviación fascista en el bombardeo de Durango el 31 de marzo de 1937, en plena Guerra Civil española, no encontrarán, al menos de momento, verdad, reparación y justicia en los tribunales. El juzgado de instrucción de Durango que investigaba desde el pasado año la querella presentada por el Ayuntamiento de esta localidad vizcaína el 18 de julio de 2017 ha archivado la causa que inicialmente abrió pocos días después, el 20 de julio de ese mismo mes, para investigar posibles delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Javier García, el juez instructor de la causa, considera en el auto de archivo provisional -al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, que lleva fecha de 11 de enero- que "los hechos no son constitutivos de ilícito penal".

Echa por tierra el informe pericial, de gran valor histórico ya que reconoce los "méritos del perito así como la ardua labor realizada para la emisión de dicho informe con el listado de la autoría de los hechos" , en la vía penal porque no permite señalar "qué documentos o indicios fácticos permiten identificar con claridad a las personas reflejadas en el anexo del informe como aquellos que perpetraron los hechos objeto de autos".

Para el juez, los "hechos" relatados en la querella y en el citado informe "obedecen a indicios o datos difusos que no pueden contextualizarse con toda seguridad en la realidad fáctica. Donde la instructora inicial veía indicios para investigar crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, el nuevo instructor cree que lo detallado no "resulta determinado que fueran dichas personas y no otras las que participaran en los días concretos en los que se produjeron los bombardeos objeto de autos". Y básicamente esa indeterminación le lleva a dar carpetazo provisional a la investigación.

La decisión judicial va a ser recurrida por el equipo legal que ha asesorado al consistorio vizcaíno en una iniciativa que buscaba " abrir un proceso penal para que se reconozca la verdad de lo que pasó, se produzca una reparación y se active una presión política para el Gobierno italiano pida perdón por este bombardeo ilegal", según la letrada que lleva el caso en nombre del consistorio, la catalana Anaïs Franquesa Grisso. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Durango consideró el 20 de julio del pasado año que era competente para investigar la causa y de manera indiciaria apuntó que los hechos relatados en la querella presentaban "los caracteres de un delito de lesa humanidad, crímenes de guerra y delito contras las personas y bienes protegidos en caso de conflicto". Ahora ha dado carpetazo a la investigación, según han informado fuentes conocedoras de la decisión del juez.

La decisión, adoptada la pasada semana, se ha producido pocos días después de que el Tribunal Constitucional decidiera  no admitir a trámite la demanda contra el archivo de la causa para investigar y enjuiciar los posibles delitos cometidos el 3 de Marzo de 1976.  

En el bombardeo de la villa de Durango, en marzo de 1937, murieron 336 personas  y 304 casas resultados afectadas, entre ellas varias iglesias y conventos y diez edificios, según se recogía en la querella criminal presentada por el consistorio el 18 de julio en los juzgados de Durango contra 46 miembros de la aviación italiana de la época.

El 31 de marzo de 1937, tres bombarderos Savoia 81 de la famosa Aviazione Legionaria italiana (conocida con el sobrenombre de Pipistrelo) -aunque en el origen de la operación eran cuatro, pero uno de ellos tuvo que volver por un problema técnico a la base de Soria-, escoltados por nueve cazas con base en Agoncillo (Logroño) (conocida como 'La Cucaracha'), realizaron dos pasadas sobre esta localidad vizcaína, descargando un total de 14.840 kilos de explosivo.

La querella criminal, presentada por el Ayuntamiento de Durango, se dirigía precisamente contra los 46 miembros del Ejército italiano dirigidos por el general Vicenzo  Velardi  ' Velani' que decidieron ayudar a Franco y al Ejército sublevado en el frente norte. El general Velardi ayudaba a Franco en su estrategia de "aniquilamiento" y de "aterrorizar" a la población civil en el frente norte, según se relataba en la querella. 14 de los querellados eran pilotos, el resto 14 aviadores, montadores y expertos motoristas y en armamento, varios radiotelegrafistas y un fotógrafo. El de mayor graduación era el teniente  coronel y   piloto  Ferdinando  Rafaelli, pero había también 6 tenientes, 7 subtenientes, 14 sargentos y dos capitanes. Los querellantes había solicitado una comisión rogatoria internacional para tomar declaración a los que pudieran estar vivos. El juez responde:  "las diligencias solicitadas en la querella tienden a una identificación o localización de las personas detalladas en el anexo de la pericial, pero no a la determinacion fáctica de la intervención concreta y específica de dichas personas en los hechos denunciados".

Se da la circunstancia de que la alcaldesa de Durango, la peneuvista Aitziber Irigoras, y varios representantes de la Corporación del PNV, PSE-EE, EH Bildu y Herriaren Eskubidea SQ-2D, han acudido este lunes al II Encuentro de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista que se celebra en Barcelona. En el encuentro ha participado también Andoni Barreña, representante de las Asociación Cultural Durango 1936, otro de los impulsores de la querella.

Irigoras ha manifestado que "Durango tenía que estar presente en este encuentro donde se ha podido analizar y debatir sobre iniciativas municipalistas que reclaman verdad, justicia y reparación por los crímenes franquistas", algo que defendió al presentar la querella ante los tribunales que ahora ha quedado archivada y que ratificó en su declaración ante la jueza instructora.
El caso de Elgeta, también archivado

No ha sido la única querella que se ha archivado recientemente en Euskadi.  El Juzgado de Instrucción número 4 de Bergara  decidió el pasado mes de noviembre investigar como genocidio y crímenes contra la humanidad  la querella criminal presentada a principios de octubre por el Ayuntamiento de Elgeta. La querella se basaba en 14 testimonios recogidos por la oficina que abrió el consistorio para las víctimas del franquismo dentro del periodo que abarca los años 1936 y 1977, además de diversa documentación recabada.

Sin embargo, dos meses después el mismo juzgado de Gipuzkoa decidió sobreseer el caso.  En noviembre pasado, las diligencias fueron incoadas por una jueza sustituta al considerar que los hechos descritos podrían constituir "delitos de lesa humanidad". La resolución judicial incluía la citación, partir de la pasada semana, de 14 familiares de víctimas cuyos testimonios se recogían en el texto registrado por el Ayuntamiento de Elgeta.  El nuevo juez encargado del caso dictó el sobreseimiento de la querella el pasado 8 de enero.






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