martes, 2 de enero de 2018

Tortura e Impunidad

Dice la enchufada apologista de la tortura sistemática practicada por el estado español en contra de su propio pueblo, Maite Pagazaurtundua, que el informe presentado por el gobierno de la CAV acerca de esta lacra no es digno de ser tomado en cuenta pues no hace mas que legitimar el "manual de la ETA encontrado en Araba".

Así de inmunes ante la ley se perciben así mismos. Y de eso, de la impunidad de la que han gozado los torturadores a sueldo de La Zarzuela nos habla este análisis dado a conocer por Gara:


El informe oficial sobre la tortura elaborado por el equipo de Paco Etxeberria certifica la impunidad con que se ha practicado en Euskal Herria. Apenas existen 20 condenas firmes que reconocen a 31 víctimas, para un total censado de 4.113 casos. Atañen, además, a hechos de entre 1979 y 1992; desde entonces, ni una condena en el Estado.

Ramón Sola

En el gran caudal de información aportado por las casi 500 páginas del informe oficial sobre la tortura no falta el detalle de las resoluciones judiciales condenatorias dictadas tanto en el Estado español como en instancias internacionales por casos que atañen a ciudadanos de la CAV. Los datos certifican la impunidad imperante, puesto que las condenas firmes en los tribunales estatales se reducen a una veintena sobre un total de 4.113 casos ya censados y dan la razón a apenas 31 víctimas de las 3.415 identificadas en el estudio, es decir, menos del 1%.

Destaca en paralelo el dato de que no hay una sola condena por hechos posteriores a 1992. La última fue la relativa a Kepa Urra, detenido en Bizkaia, un caso que fue sentenciado finalmente en el Supremo en 1998 y por el que se condenó a tres guardias civiles. Este caso ha sido noticia reciente dado que uno de los militares juzgados entonces, Diego Pérez de los Cobos –que quedó absuelto–, fue nombrado en setiembre coordinador del operativo policial contra el referéndum del 1 de octubre en Catalunya. Por cierto, aquellos tres condenados serían indultados en 1999 por el Gobierno de José María Aznar. Kepa Urra, por contra, pasó en prisión 22 años, hasta 2014.

El caso justamente anterior que llegó a condena se ubica seis años atrás, en 1986: es el de Bixente Malaxetxeberria, torturado por la Policía española. Los dieciocho restantes se registraron entre 1979 y 1984, la primera década del posfranquismo.

En las dos últimas décadas, por contra, no ha habido una sola sentencia condenatoria firme por torturas en Euskal Herria, y eso que la cadencia de esta lacra ha sido muy sostenida en el tiempo: desde 1992 a la actualidad se certifican 1.424 casos, más de un tercio del total contabilizado desde 1960.

¿Por qué ya no hubo más condenas? El estudio del Instituto Vasco de Criminología destaca que desde finales del siglo anterior se fueron imponiendo formas de tortura que no dejaban marcas, como la «asfixia seca» («la bolsa»). En cualquier caso, resulta notorio que cuando sí se han dejado huellas (el caso de Unai Romano es el más conocido aunque no el único) tampoco se ha llegado a lograr condenas, lo que revela un blindaje absoluto para garantizar la impunidad.

En algún caso, como el de Mattin Sarasola e Igor Portu (hospitalizado muy grave tras la detención en 2008), hubo castigo inicial (Audiencia de Gipuzkoa) pero el Supremo español terminó exculpando a los cuatro guardias civiles. En otros, como el de Sandra Barrenetxea, juzgado en Bilbo este año, ni eso.

Solo un muerto

Entre las 20 condenas, solo una atañe a un caso con resultado de muerte: es el del zizurkildarra Joxe Arregi, fallecido en Madrid el 13 de febrero de 1981. Cabe recordar que apenas hubo dos policías españoles condenados por ello, y a escasos siete meses de cárcel que ni llegaron a cumplir.

El estudio cifra el número de agentes condenados finalmente por el Supremo en 49, todos ellos policías españoles (21) o guardias civiles (28), entre los que figura una única mujer. Sus víctimas fueron 31 ciudadanos vascos, de ellos 27 hombres y cuatro mujeres. Los hechos fueron juzgados inicialmente en Bilbo (11 casos), Donostia (6), Gasteiz (1) y Madrid (2).

Esta es la relación de víctimas, ordenada según el año en que se produjeron las torturas y con el número de agentes condenados y cuerpo policial perteneciente entre paréntesis: 1979, Xabier Onaindia (2, Policía española); 1980, Josu Torre (3, Guardia Civil), Juan José Cazalis (1, GC) y Juan José Larrinaga, Roberto Zabala, Ernesto Alberdi, Fernando Irakulis, Juan Luis Irakulis, Agustín Gisasola y Juan A. Urrutia (2, GC); 1981, Joxe Arregi (2, PE), Tomás Linaza (2, GC) y Mikel Ruiz (2, PE); 1982, Juana Goikoetxea (5, GC), Ana Ereño (5, PE), Juan Carlos Garmendia (3, GC) y Enrike Erregerena (4, PE); 1983, Jokin Olano (5, GC), Joxe Mari Olarra, Lucio Olarra, Víctor Olarra e Ignacio Olaetxea (1, GC), Iker Eguskizaga (2, PE) y Javier Fernández (2, PE); 1984, Kepa Otero y José Ramón Quintana (1, PE), María Dolores Barrenetxea y Jasone Sánchez (2, GC) e Ildefonso Salazar (1, GC); 1986, Bixente Malaxetxeberria (1, PE); y 1992, Kepa Urra (3, GC).

Europa, indirectamente

Si bien no ha habido condenas estatales en los últimos 22 años (el informe refiere casos hasta 2014), desde 2010 hasta hoy sí se han producido siete sentencias del Tribunal de Estrasburgo contra el Estado español por no investigar torturas a vascos, lo que indirectamente delata el sistema de blindaje de la impunidad. Son Mikel San Argimiro, Aritz Beristain, Martxelo Otamendi, Oihan Ataun, Bea Etxebarria, Jon Patxi Arratibel y Xabier Beortegi.

El informe encargado por Lakua recuerda que antes de eso el Comité contra la Tortura de la ONU ya condenó al Estado en 1988 por no investigar la denuncia de Enkarni Blanco Abad, detenida por la Guardia Civil en 1992, a lo que siguieron fallos similares por Kepa Urra y Orkatz Gallastegi, en este caso arrestado por la Ertzaintza en 2002. Y que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio la razón en 2009 a una denuncia de Mari Cruz Atxabal contra el Estado español.






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