Les compartimos esta completísima semblanza del terrorista de estado español más prolífico de las últimas décadas, el ex-juez Baltasar Garzón, misma que ha sido publicada en el blog de Igor Meltxor:
“ETA, además de las armas, ha sabido utilizar las palabras para hacernos creer la mentira de que su complejo político y social no es terrorismo (…). No existe entorno de ETA, sino que todo es ETA” (Baltasar Garzón, 11.12.2001)
Igor Meltxor
A quienes hoy en día alaban la carrera judicial de Baltasar Garzón e incluso meditan su integración en listas electorales, es conveniente recordarles el pasado oscuro que este juez tiene en Euskal Herria y el sufrimiento infringido a miles de militantes independentistas.
En 1997, mientras el ministro Mayor Oreja diseñaba una nueva estrategia para luchar contra el independentismo vasco, el juez Garzón se ponía al servicio del Gobierno del PP. Empezaban a manejarse conceptos como “terrorismo de baja intensidad” para referirse a la kale borroka. Oreja sabía que la ayuda de la Audiencia Nacional era indispensable, donde destacaba visiblemente el juez Garzón que ya contaba en su curriculum haber ordenado el secuestro del video de la campaña electoral de HB (16.2.1996), considerando que su difusión constituía un posible delito de colaboración con banda armada, y del que serían responsables los 23 miembros de la mesa nacional de HB. Días después ordenaría el ingreso en prisión de Jon Idigoras.
Meses más tarde, Mayor Oreja continuaría apoyando las tesis de Garzón, afirmando que: “Tengo la certeza moral de que los miembros de la Mesa Nacional de HB tendrían que estar en prisión, no ocho años, sino bastantes más; aunque para eso hace falta que exista la certeza judicial. Tenemos que afrontar con normalidad las decisiones de la Justicia. HB es simplemente una tapadera de ETA, pero respetaré la voluntad de los tribunales” (8.5.1997). El guiño a Garzón y a los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo era evidente.
El 29 de noviembre de 1997,la Sala Segunda del TS condenó a la Mesa de HB por un acto de colaboración con ETA, concretado en la decisión adoptada por los componentes de la Mesa Nacional de ceder a una organización terrorista los espacios electorales gratuitos que como formación política le correspondían, asumiendo de esta forma su contenido. Una sentencia que carecía de base condenatoria, donde se llegó a la utilización de la negativa constitucional a no declarar, a la que se acogieron los acusados, como una prueba de su culpabilidad. Por no mencionar también, que desde un punto de vista jurídico, la emisión de un video electoral por el que condenaron a los militantes independentistas no estaba tipificada como delito.
Tuvieron que pasar más de tres años para que el TC, anulara la condena (20.7.1999). El Tribunal aducía la desproporción de la pena impuesta de siete años de cárcel en relación con la conducta juzgada.
Mientras se desarrollaba el proceso contra HB, Garzón no descansaba y volvía a saltar a escena, con la instrucción de su gran macroproceso. En mayo de 1998 actuaba en contra de lo que el llamaba entramado empresarial del MLNV, ilegalizando KAS y llevando a sus dirigentes a la cárcel. El delito que les imputaba el juez Garzón era el de dar soporte financiero a los miembros de ETA que vivían en Sudamérica.
Mayor Oreja advertía: “La operación no es un punto de llegada, sino un punto de partida: la apertura de una nueva dimensión en la lucha contra el terrorismo, porque queda de manifiesto que existen tramas y que queda mucho por investigar y desarticular en este sentido”. Semanas después, Garzón, el juez campeador, cumplía las ordenes del ministro justiciero y decretaba el cierre de EGIN y EGIN irrati, así como la detención de sus principales responsables.
Aquello de MacLuhan de que el mensaje es el medio fue muy bien asimilado por Oreja y Garzón: había que matar el medio, que es el mensaje. No bastaba con matar al mensajero. El director de la Razón, Luis Maria Anson, llegaría a decir que “si se estaba a favor de la libertad de expresión, no se puede cerrar un periódico”.
Tras la clausura de EGIN, su director, describiría a la perfección la situación: “Mientras, en nombre del secreto del sumario, a los afectados se nos mantiene en la mayor de las ignorancias sobre las causas por las que se nos impide trabajar, el ministro Mayor Oreja se ha convertido en portavoz del juez Garzón, lo que supone una connivencia entre poderes que tiene poco que ver con los usos democráticos”.
“En el coche, de San Sebastián a Bilbao, recibo llamada de Atutxa. Muy cariñoso, me da la enhorabuena por la decisión: “Esa medida tenía que haberse tomado hace mucho tiempo. La apoyo totalmente” (recogido en el libro: Garzón, el hombre que veía amanecer, de Pilar Urbano).
Una de las mayores burlas llegaría en forma de artículo, firmado por Pedro J. Ramírez que detallaba claramente el proceso de ilegalizaciones que tenían preparado tanto el Gobierno español como el juez Garzón. El periodista alardeaba de estar muy bien informado:
“¿Adónde llevaría a la Audiencia Nacional la congruente aplicación de esta subyacente nueva filosófica según la cual toda actividad patrocinada, coordinada, tutelada o supervisada por ETA debe ser perseguida penalmente, si además resulta que ETA ya no es sólo ETA sino KAS? Empezaría disolviendo las Gestoras pro Amnistía, seguiría cerrando ikastolas y terminaría persiguiendo a los organizadores de acampadas y concursos de bertsolaris. Todo ello partiendo, naturalmente, de la previa ilegalización de HB, en base -por ejemplo- al propio tronco documental del que se han desgajado las tramas que van a servir para argumentar el cierre de EGIN” (El Mundo, 19.7.1998) . Por si a alguien le quedaba una mínima duda de que todo aquello y lo que vino después, estaba orquestado y preparado en connivencia con el poder político y el judicial.
El descrédito judicial de un juez
El juez Garzón se volcó sin descanso en una serie de acciones judiciales que en la práctica, desembocarían en el macroproceso 18/98.
En septiembre de 2000 Garzón dirigía una operación contra EKIN a quien acusaba de dirigir la kale borroka y de controlar las finanzas de ETA, y donde se detuvieron a 19 personas. Ya en agosto del mismo año Garzón clausuraba la asociación Xaki, considerada por la Policía española como el “ministerio de asuntos exteriores de ETA” y procesó y encarceló a 15 personas.
En 2001 la Sección Cuarta de lo Penal de la AN asestaba una bofetada a Garzón excarcelando a tres miembros de Xaki, revocando el procesamiento de otros cinco encausados y dictaminando que los fines de esta organización eran legales. Los jueces acusaban a Garzón de convertir en pruebas lo que no eran más que meras sospechas: “No existe delito de colaboración con ETA en el mero trato con personas de la banda”.
Lejos de amilanarse y con su orgullo herido, el juez campeador siguió su camino y el 6 de marzo de 2001, decretó la prisión incondicional para 16 dirigentes de la organización juvenil Haika y consideraba que el portavoz de EH, Arnaldo Otegi, era el inspirador directo de las amenazas vertidas por esa organización. El siguiente paso fue su ilegalización por considerarla “apéndice de ETA”.
En su enloquecida escalada represiva, Garzón detenía a 13 dirigentes de las Gestoras Pro Amnistía bajo la acusación de controlar y financiar el frente de makos, e ilegalizó también esta organización. También citaría a los directores de los diarios GARA y Egunkaria por presunta inducción al asesinato terrorista. En el caso de Martxelo Otamendi, era una trágica premonición.
En abril de 2001 el juez Garzón recibía otro revés de la Sala Cuarta de lo Penal. De los catorce miembros de EKIN encarcelados, la Sección Cuarta excarcelaba a siete de ellos al argumentar que no existían pruebas ni certezas jurídicas que vincularan de forma directa a ETA con EKIN.
Garzón reaccionaba ilegalizando EKIN, y prohibiendo a la organización convocar manifestaciones y actos públicos.
El 13 de junio de 2001 la AN ponía en liberta bajo fianza al periodista Pepe Rei, encarcelado el 19 de enero del mismo año por Garzón. Aducían que no existían indicios suficientes para calificar los hechos imputados como amenazas, colaboración o pertenencia a banda armada.
El 21 de diciembre de 2001 la Sección Cuarta de lo Penal revocaba otro auto de Garzón y ordenaba la puesta en libertad bajo fianza de los últimos 6 dirigentes de EKIN que permanecían en prisión.
Semanas después, la Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió por unanimidad abrir expediente disciplinario contra los tres jueces de aquella Sala (17.1.2002). En marzo los magistrados fueron apartados de sus labores deinitivamente. El juez campeador podía ya campear a sus anchas.
Nada más ser apartados, Javier Gomez Bermudez (el juez justiciero del 11-M) y otros dos magistrados, dictaron un auto donde si vinculaban a ETA con EKIN. Ahí queda eso.
En aquellos momentos de ataques al juez estrella, Aznar saltaba a la palestra para echarle un capote: “Garzón, es el único juez que tiene coraje para plantar cara a ETA”.
Tras la firma de la Ley de Partidos por parte de PSOE y PP, Garzón ordenaba el embargo de bienes, créditos y subvenciones a Batasuna, “por obedecer a ETA” y ser responsable civil solidaria de los actos de kale borroka cometidos por Segi, así como todas las acciones terroristas futuras”. Clausuró locales y sedes de Batasuna y dictaminó la suspensión por tres años, prorrogables hasta cinco, de todas sus actividades públicas y privadas, la eliminación de las ayudas financieras y la prohibición de convocar manifestaciones y concentraciones.
En febrero de 2005 el juez campeador decidía variar su rumbo e irse a estudiar a New York, no sin antes procesar a Joseba Permach, Josu Urrutikoetxea y Jose Álvarez a quienes acusaba de pertenecer a ETA. Era el epilogo a su obra tras haber procesado, solo un mes antes, a 36 dirigentes de Batasuna por pertenencia a ETA.
Después de cinco años, de los 64 procesados por Garzón en el sumario 18/98, 56 de ellos se sentarían en el banquillo a partir del 21 de noviembre de 2005. Paralelamente a este sumario el juez campeador procesaba a 45 personas más en otros procedimientos referentes a Gestoras y a su sucesora Askatasuna, así como a Jarrai-Haika-Segi y a las Herriko Tabernak.
En junio de 2005, con Garzón de Erasmus en EEUU, la Sección Cuarta de lo Penal condenaba a penas mínimas a 24 miembros de Segi y absolvía a otros 4. Según la sentencia, SEGI es una organización ilícita pero no terrorista, porque sus actos no se enmarcaban en el uso de las armas”. Una vez más se cuestionaban las actuaciones del juez Garzón.
Una vez apartado de la carrera judicial en el reino de España, el juez campeador se ha dedicado a investigar las dictaduras chilenas y argentinas, auto erigiéndose en el fiel defensor de los DDHH a nivel mundial, mientras en Euskal Herria, cientos de personas han sufrido torturas que él sistemáticamente se ha negado a investigar calificándolas de falsas, aun teniendo cara a cara a muchos de ellos y observando el rastro de tal lacra en sus rostros.
Un relato este para los desmemoriad@s y para todos aquellos que tiene a este juez como un referente en la lucha por las libertades y los DDHH, y quienes hoy en día meditan en introducirle en algunas de sus listas electorales.
Hoy en día seguimos padeciendo sentencias como la del caso de las Herriko Tabernak que vienen de las instrucciones de este juez y que no han hecho sino tener a miles de ciudadanos independentistas amenazados durante años, con el coste personal y económico que supone.
Por ultimo os dejo una frase que pronunció la mujer de Garzón sobre su marido: “Baltasar es una persona muy tímida y le encanta permanecer en el anonimato” (11.4.2002)
Ojalá Julian Assange hubiese leído esto antes de pedirle ayuda al represon imbécil este.
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