miércoles, 1 de marzo de 2017

La Españolidad de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional vuelve a inmiscuirse en asuntos de Euskal Herria y como es costumbre, lo hace a favor de la política de suelo quemado que Madrid ha utilizado a mansalva durante los últimos ochenta años.

De inicio, Beltrán deja claro que su cutre españolidad es a prueba de todo, separando en Amnistía Internacional lo que está separado en Madrid. O sea, a pesar de que los crímenes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los GAL, del BVE y de los demás grupos paramilitares del régimen español se llevaron a cabo en toda la geografía de Euskal Herria, el capítulo español de la ONG de la velita separa a la CAV de Nafarroa, como Dios manda.

No contento con lo anterior, Esteban Beltrán - a quien ya hemos denunciado anteriormente - hace lo que pocos defensores de los derechos humanos se atreve a hacer; exigir que se lleven a cabo todas las investigaciones judiciales pendientes en el caso de ETA, claro pidiendo que también sean llevadas a cabo en el caso de los grupos paramilitares y cuerpos policíacos, muy neutral y equidistante el señor.

Lo que no dice es que, a diferencia de los grupos armados al servicio de la corona española, ETA cuenta en este momento con cientos de militantes en prisión. Entonces, ¿qué urge más? ¿por qué no exigir que se inicie ya con las investigaciones a los otros grupos puesto que en lo que respecta a ETA el asunto ya está bastante adelantado?

Pero lo que es peor, tanto Esteban Beltrán como Iñaki Hernando saben muy bien que muchos de los presos políticos vascos - y expresos para ese caso - terminaron en la cárcel tras haber sido torturados y, que de las sesiones de tortura se extrajeron declaraciones que a su vez llevaron a más detenciones, mismas que generaron un nuevo ciclo de violencia represiva; detenciones en plena madrugada, incomunicación, tortura, juicios farsa, sentencias draconianas, dispersión, aislamiento, etc.

Y finalmente, como lo hemos dicho antes, tomando en cuenta el nombre de la ONG que dirige y teniendo presente que en sus caso sí exige la excarcelación de presos políticos y de conciencia en China y en Cuba... ¿Por qué Esteban Beltrán no pide la amnistía para los más de cuatrocientos presos políticos vascos?

Dicho lo anterior, les dejamos con este artículo publicado en Naiz:


Amnistía Internacional ha presentado un informe en el que plantea al Gobierno Urkullu y a los partido de la CAV que impulsen una «agenda común de derechos humanos», que pueda ser «compartida y asumida» por las autoridades españolas y vascas. El director de esta organización en el Estado español, Esteban Beltrán, ha informado de que el documento ha sido bien recibido por los interlocutores, aunque ha reconocido que la dificultad no está en establecer esa agenda común sino en el análisis de lo sucedido «en el contexto, el lenguaje».

@goikodeustu

Amnistía Internacional ha dado a conocer el Bilbo un informe bajo el epígrafe ‘Afrontar el pasado para construir el futuro. Verdad, justicia y reparación en el contexto del País Vasco’, en el que demanda «verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos». En el acto, además de responsables de la organización a nivel español y europeo, han estado María Carmen Hernández, viuda del edil del PP de Durango Jesús María Pedrosa, muerto en atentado de ETA; y Axun Lasa, víctima de la tortura y hermana de Joxean Lasa, que han dado testimonio de lo que han vivido y han apostado por dar pasos adelante.

Esteban Beltrán ha abogado por que todas las víctimas de ETA, GAL y otros grupos armados, como las de la tortura, estén en el centro del diálogo en los distintos foros creados en la Cámara de Gasteiz, contando también con la participación activa del Ejecutivo español. El informe no hace ninguna mención a la realidad navarra, asegurando Iñaki Hernando, coordinador de Amnistía Internacional en la CAV, que el análisis y las medidas que se proponen se circunscriben a lo sucedido en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

«Tanto el lehendakari como los representantes de los grupos parlamentarios nos han transmitido que tienen que haber una agenda común. El reto ahora –ha subrayado Beltrán– es pasar de las palabras a los hechos y buscar puntos de encuentro que luego se trasladen a las autoridades centrales. Las víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos merecen este esfuerzo». En quince días, el colectivo mantendrá distintas reuniones a nivel estatal, entre ellas con el ministro de Interior.

Esa agenda común se apuesta por garantizar «por completo» el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del BVE. Reclaman que se investiguen judicialmente las acciones de ETA que aún estén sin esclarecer, así como los de otros grupos. La petición de verdad, justicia y reparación la extienden a las víctimas de la tortura y los malos tratos, haciendo que las instituciones autonómicas y españolas reconozcan el daño causado «en el contexto de la lucha antiterrorista».

La agenda de Amnistía Internacional solicita que se garantice que todos los abusos cometidos por fuerzas de seguridad se investiguen. «Debe realizar una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos y establecer mecanismos independientes de investigación para graves violaciones de derechos humanos», ha dicho Beltrán, que ha explicado que se han fijado en experiencia en Gran Bretaña y Holanda. Ha apuntado a que en un primer borrador de la Ley de Policía se abordó esa cuestión, aunque luego se quedó en un código de buenas conductas, que no es lo que reivindican.

Asimismo, se demanda que se avance en nuevas iniciativas sobre la sistematización de toda la información disponible sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante estos años. En el caso del Gobierno español, se le pide que recoja datos oficiales «detallados y desglosados». No falta la petición para que se revise el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adecuarla a los estándares internacional y acabar con el régimen de incomunicación. También se aboga por una revisión de la actual política penitenciaria, acabando con la dispersión.

«Después de tantos años de sufrimiento, España puede avanzar en el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas o continuar sin hacerlo. Además, en un contexto internacional difícil tras el endurecimiento de leyes y medidas antiterroristas llevadas a cabo por diferentes gobiernos, sobre todo de Europa, España debe revisar esa legislación para que no provoque una restricción desproporcionada de derechos», ha manifestado Fotis Filippou, director adjunto de Europa de Amnistía Internacional.





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