Entrevista a Paco Etxeberria

Desde Noticias de Gipuzkoa traemos a ustedes esta muy interesante entrevista al incansable investigador forense Paco Etxeberria:

Paco Etxeberria: "Los jueces pueden hacer mucho más en la investigación de los crímenes del franquismo"

En su trayectoria acumula más de 500 exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y la Represión Franquista

Profesor de Medicina Legal en la EHU/UPV y presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Etxeberria es un científico comprometido hasta las suelas con los derechos humanos y la memoria histórica. También ha dirigido, a petición del Gobierno vasco, el informe sobre las torturas en Euskadi. Inquieto y activo donde los haya, durante la conversación desgrana infinidad de tareas pendientes y entre ellas, una de las más prioritarias le llevará a poner su conocimiento y trabajo al servicio de las familias vascas, alrededor de una quincena, que han pedido que se recuperen los restos de sus familiares del Valle de los Caídos.

¿Es posible recuperarlos a corto plazo?

-No es fácil, es muy difícil. No se van a poder recuperar todos los restos por las pegas de ubicación y de conservación no de los huesos, sino del envoltorio, de las cajas de madera. Como algunos se han desecho, se han mezclado los restos de diferentes orígenes y procedencias y esto dificulta mucho esa labor. En algunas capillas hay unas 3.000 cajas.

¿Hay un plan para abordar este trabajo?

-Ahora hay más posibilidades de hacerlo porque hay más impulso político y más decisión de los técnicos de Patrimonio Nacional. Desde aquí hasta primavera se va a abrir la entrada a cada uno de los espacios mediante una obra civil hecha por arquitectos e ingenieros y puede que para antes de verano se inicie la tarea concreta de la llegada de los forenses para empezar a inspeccionar las cajas y buscar las que se pretenden. El trabajo va a ser lento y no creo que se puede finalizar durante el año 2020.

Entonces, hay equipos técnicos ya preparados.

-Lo que sí existe es un plan concreto para abrir todos los huecos. Ese diseño hecho por los arquitectos y técnicos ya está decidido, Patrimonio Nacional está evaluando lo que le cuesta en dinero, qué tipo de operarios son los que tienen que romper los accesos a unos espacios que están sellados, tapiados.

¿Hay dotación económica suficiente para una obra tan complicada?

-Sí, en cuanto el Gobierno de Sánchez apruebe nuevos presupuestos, está previsto que incluyan partidas para acometer este trabajo porque hay una sentencia judicial que obliga a ello. No hay marcha atrás, la decisión está tomada en los foros correspondientes. En algunos de ellos he estado presente. Por eso es importante que las familias que quieran sacar de allí a los suyos, lo hagan ahora. Es el momento oportuno, porque si después de esta operación las cajas se vuelven a colocar en su sitio, dentro de unos años alguien pide que se saque a su familiar, va a ser muy difícil.

Son cerca de 1.200 los vascos que pueden estar enterrados en el Valle de los Caídos y solo han sido reclamados 15.

-En la mayoría de los casos no suele haber herederos ideológicos del desaparecido que a fecha de hoy lo reclamen, hasta que quizás un día alguien en la familia lidera a los demás y hace la reclamación. Lo cierto es que hay muchos cementerios con muertos de la Guerra Civil que nadie está reclamando, o que consideran que es el lugar en el que tiene que estar y por tanto no lo reclaman.

¿Todavía quedan muchos enterramientos clandestinos?

-No. En Euskadi no, en el Estado pueden quedar porque hay comunidades autónomas donde no se ha hecho nada. En el País Vasco prácticamente ya no quedan fosas comunes y si quedan iremos, y lo mismo en Navarra, porque han existido planes para recuperar los restos. También en Baleares y en Andalucía, hasta que ha habido un cambio de gobierno. Eso aquí está bastante controlado y se ha hecho lo que ha sido factible, lo cual ha contribuido en el avance de la recuperación de la memoria histórica con las víctimas del franquismo.

¿Los bancos de ADN les han facilitado las identificaciones?

-Los bancos de ADN se han ido creando por comunidades autónomas. Eso está bien pero es insuficiente. Hay que hacer un repositorio donde se acumulen todos los perfiles genéticos porque puede ocurrir, de hecho ya ha pasado, que un vasco a cuya familia se le toma la muestra aquí y sin embargo estuvo desaparecido en Aragón y se le localizó allí. No puede ser que ambos hechos no estén conectados.

¿Falta conciencia de memoria histórica?

-Aquí ni más ni menos que el lehendakari, en el año 2002, hizo una declaración institucional diciendo que este tema había que abordarlo con la misma naturalidad con que la Administración interviene en todo tipo de temas. Eso no se ha producido todavía en otros lugares donde hay un problema de conciencia pero sobre todo un problema de complejo de culpabilidad espantoso.

¿De quién?

-De la derecha española instalada en muchos puntos de la Administración y que cada vez que se habla de esa etapa de la historia le llaman el régimen anterior para no llamarle la dictadura fascista de Franco. Hay una sociología franquista que ha llegado a nuestros días. Para ello pareciera que la historia de la humanidad empieza a partir de la Constitución española. El éxito de nuestra exhumaciones radica no en que hayamos encontrado dos o tres fosas, sino el haber desarrollado una conciencia que no existía.

¿Cuántas fosas ha abierto?

-En España, entre diferentes equipos, habremos abierto unas 700 y pico fosas y yo he estado en la inmensa mayoría, porque cuando no he estado en la exhumación he estado en el análisis de los restos.

¿Hay dos fosas iguales?

-No, técnicamente puede haber similitudes, pero en todas ellas hay contenidos que les hacen diferentes. No hay dos fosas iguales pero cada una tiene una historia como para una película en cada una de ellas.

¿Todavía hay gente que se calla a la hora de señalar posibles fosas por miedo?

-Nos hemos encontrado con gente que nos notifica ahora una cosa y les decimos por qué no nos lo dijeron años antes cuando estuvimos por allí. Se puede entender su actitud porque necesitan su tiempo.

¿Es por miedo?

-Es pensar que te metes en un lío, que te podía repercutir negativamente, porque va a trascender quién ha sido el que lo ha sacado a la luz.

¿Cuál es la fosa que más le ha impactado?

-Sin duda, la más impresionante fue la sima de Gaztelu donde estaban la madre y sus seis hijos. Les mataron en el contexto de la Guerra pero además cuando bajamos nos encontramos con un desaparecido hace diez años. En el mismo sitio la historia se ha repetido dos veces, por motivaciones diferentes. Yo pensaba que era una leyenda pero cuando bajamos vi que no.

En Euskadi no hay una ley de memoria histórica propiamente dicha, ¿lo echa en falta?

-Sí es bueno tener una ley pero lo más importante es que exista la decisión política y que existan las infraestructuras para hacer políticas de memoria histórica, porque sin ley aquí se han hecho muchas más cosas que en otros sitios donde han inventado la ley. Hay lugares que tienen una ley muy progresista, como la tiene Andalucía, y no se hace nada. En España se aprobó una ley de memoria histórica pero en cuanto llegó el PP al Gobierno no se puso presupuesto y no tuvo ningún desarrollo. Más importante me parece crear Gogora que crear la ley.

¿Debería crearse una Comisión de la Verdad?

-Se decidió en el Parlamento Vasco ponerla en marcha pero no se ha puesto todavía y no se ha hecho porque hay cuestiones que todavía tienen que reposar entre nosotros.

¿A qué se refiere?

-En el País Vasco estamos muy afectados por la memoria reciente (desde 1960 hasta la actualidad) que no es lo mismo que la memoria histórica (la que llega hasta el año 1978). Y cuando estábamos metidos en la memoria histórica y aparecían cuestiones de memoria reciente afloraba un problema.

ETA ya ha desaparecido.

-Ahora va a ser todo mucho más fácil porque ahora se puede hablar. Antes ibas con esta idea y te decían "mira el asesinato del otro día".

La ley de Amnistía de 1977 ¿se ha convertido en un tapón para la investigación de crímenes del franquismo?

-Los jueces encuentran todo tipo de excusas para no meterse con esto. Pueden hacer mucho más de lo que están haciendo, por ejemplo tutelar los procesos. Es necesario que las investigaciones sean oficiales. En el País Vasco, la oficialidad de lo que hacemos viene a través de Gogora, porque se trabaja para la Administración vasca, que es parte de la estructura del Estado. En Soria hemos comprobado que los jueces se implican pero llega un último punto y final en el que se archivan las diligencias.

¿Por qué se archivan?

-Porque no se puede perseguir a los que lo hicieron. Pero cuando se dicta el auto de archivo por parte del juez que termina diciendo que no se puede perseguir a los autores de los crímenes porque hay leyes como la de Amnistía que impiden ir más allá, sin embargo sí asienta una verdad con el relato de los hechos.

Pero a las familias eso no les sirve de nada.

-Claro que les resulta insuficiente en general, pero cada una puede pensar de manera distinta sobre esto. Algunas están personadas en la querella de Argentina y creen que va a haber sino un juicio unas resoluciones oficiales allí por parte de la jueza María Servini. Esa oficialidad la aprobaría Argentina. Ahora bien, la idea del juicio por lo pena es considerada como muy difícil por parte de muchos jueces y juristas, pero es legítimo aspirar a ello, y yo lo apoyo.

Es poco presentable que tenga que ser una jueza de Argentina la que se haga cargo de los crímenes del franquismo en el Estado.

-Porque aquí no se ha movilizado nadie en el ámbito judicial y se hacía la vulgaridad de archivar según se ponía la denuncia. El juez tiene margen para decir: "bueno, vamos a ver, si hay que archivar, ya se archivará, pero vamos a investigarlo oficialmente". El único ayuntamiento vasco que ha validado los informes sobre memoria histórica y memoria reciente es Rentería y eso le ha dado oficialidad. En el caso de los crímenes del 3 de marzo en Vitoria la única verdad es la judicial. Para rebatir eso hay que hacer un informe hecho por expertos y presentarlo en el ayuntamiento. Si este lo valida, desde ese instante hay dos versiones, oficiales las dos.

Eso ya no depende de los jueces.

-Depende de los políticos a los que votamos, cuesta cero euros. Ahí concurren algunos puntos que son muy delicados, como las torturas. Se puede hacer oficial.

Ustedes hicieron el trabajo. Luego, es oficial.

-Ha pasado por el trámite parlamentario pero no tiene la oficialidad en tanto que las instituciones democráticas dicen "efectivamente, esto también ocurrió".

Entonces, ¿ha servido de algo el trabajo sobre las torturas?

-Yo creo que va a terminar sirviendo porque va a haber un reconocimiento institucional y oficial. Eso va a llegar. Ese es mi sueño.

Pero no va a haber sentencias.

-Ahí está el asunto. Es un tema complicadísimo. Pero ese no es cometido de quienes hemos hecho ese trabajo. El informe está ahí.

Su estudio abarca desde 1960 hasta 2014, luego también el periodo desde la transición hasta casi hoy.

-Ese es el problema. En el decreto del Gobierno vasco en 2012 ya se reconocen 80 torturados, es un documento oficial.

Y los torturadores siguen en la calle.

-Han sido condecorados, son considerados héroes de la patria en sus círculos cercanos.

¿Ha habido impunidad ante la tortura?

-Sí, claro.

¿Y ahora, hay riesgo de tortura en las comisarías policiales?

-El informe ha servido para hacer ver que estamos muy atentos ante esto y que no vamos a dejar pasar ni media. Esto era ineludible abordarlo como lo ha hecho el Plan de Paz del Gobierno vasco.

¿Debería haber hecho el Gobierno español un informe como el del Gobierno vasco?

-Lo veo muy difícil porque eso equivaldría a reconocer que se han hecho muy mal algunas cosas Ahí está el caso de Lasa y Zabala.

¿Ha puesto trabas?

-La única documentación a la que no hemos tenido acceso en esta investigación es aquella del año 1979: el Parlamento español puso en marcha una comisión sobre las torturas en el País Vasco en la que participaron varios diputados entre ellos Juan María Bandrés y Joseba Azkarraga. Se decidió así ante la cantidad de denuncias que se formulaban. La comisión envió a varios expertos a Gipuzkoa y Bizkaia para investigar, se llegaron a reunir en Donostia con 20 familias que explicaron sus casos y quedaron grabadas. Nunca ha habido acceso a ese resultado de esa investigación oficial, por más que lo ha pedido el Grupo parlamentario vasco en Madrid. La respuesta del archivo del Parlamento ha sido siempre lamentable. No hay manera de conseguir esa documentación y esas grabaciones.

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