Entrevista a Asel Luzarraga

Recientemente la CIDH ha reconocido que hay indicios de las violaciones a los derechos humanos del escritor vasco Asel Luzarraga a manos del régimen chileno.

Desde Kaos en la Red traemos a ustedes esta entrevista en la que el propio Luzarraga aporta datos importantes acerca del asedio que vive hasta el día de hoy.

Lean por favor:

Asel Luzarraga, un escritor vasco en la lista de Interpol

Luzarraga es escritor, bloguero, filósofo, anarquista y vasco. Fue detenido en 2009 en Chile por poner bombas y condenado a una pena que supondría su expulsión del país. Un montaje que derivó de la denuncia que hacía de la represión del pueblo mapuche que, según destaca, ha ocasionado que su nombre se haya incluido en la lista negra de Interpol. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está estudiando su caso.

Unai Aranzadi

El 31 de diciembre de 2009 una docena de carabineros allanaba la casa del escritor Asel Luzarraga en la Araucanía chilena. Horas más tarde, cuando sus captores lo llevaban a un reconocimiento médico, un reportero de televisión le interpeló: “¿Cómo te declaras?”. A lo que Luzarraga contestó: “¿De qué se me acusa?”. “De bombas”. “¿Bombas?” —respondió atónito antes de ser sacado de las dependencias deslizando un angustioso “¡Inocente!”. Muy a su pesar, en menos de 24 horas se decretaba su ingreso inmediato en la prisión provincial de Temuco, un penal donde terminaría haciendo amistad con varios activistas del pueblo mapuche que habita la región. A partir de ahí, este bloguero, filólogo, anarquista, licenciado en ciencias empresariales, músico punk y escritor con ocho novelas publicadas en euskera y castellano comienza un disparatado —e inacabado— proceso judicial del que nos da cuenta en Mundaka, el pueblo que desde su nacimiento en 1971 lo ha visto crecer.

¿Es cierto que te acusaron de poner bombas en Chile sin haber llegado aún al país?

Parece surrealista, pero así es. Cuando hace ya algo más de diez años irrumpen en mi casa y finalmente me llevan detenido, llego al calabozo sin tener ni idea de qué estaba pasando. En ningún momento me habían explicado qué buscaban, más allá de un genérico “especies”, mientras veía cómo se iban llevando mi ordenador, mis libros, mis botas militares, una ikurriña, mi chupa de cuero… Solo antes de decirme que estaba detenido, la primera vez que, tras más de una hora de allanamiento, me dejaron entrar en mi dormitorio y tras hablar con el fiscal Omar Mérida, me dijeron que estaba detenido por lo que “habían encontrado allí”, señalando vagamente a mi armario y sin mostrarme nada. “Armas y explosivos”, me dijeron. Días más tarde, cuando mi primer abogado, que fue un desastre, consiguió la carpeta de la Fiscalía, me enteraba de que sobre ese armario ellos habían colocado una bolsa con un extintor vacío, un par de mechas, siete gramos de pólvora y unos tornillos oxidados envueltos en un paño para poder fabricar una infracción a la Ley de armas y explosivos, y de que pretendían colgarme cuatro ataques con bombas, dos de ellos en Santiago en fechas en las que yo ni siquiera tenía en mente ir a Chile, una tercera en Temuco, contra una farmacia, donde residía con mi compañera chilena, casualmente el 7 de diciembre de 2019, fecha en la que yo estaba comiendo con mis padres en Bilbao durante una breve visita para poder ir a la feria del libro de Durango, y una cuarta que no explotó, también en Temuco, contra la Seremi [Secretaría Regional Ministerial. N. del E.] de Justicia, “desactivada”, dicho así entre comillas, apenas cinco horas antes de que se iniciara la operación en mi contra por ser su presunto autor. Esas sospechas me valieron cinco días bajo la Ley Antiterrorista heredada de Pinochet, aunque al demostrarse por mi pasaporte que tres de ellas eran materialmente imposibles, curiosamente decidieron también olvidar la cuarta, la única que habría sido posible, para en adelante no acusarme más que de la tenencia de lo que los carabineros habían tenido a bien “regalarme”. No necesitaban más para sus objetivos.

¿Y cuáles eran esos objetivos?

El propio Gobierno lo dejó claro decretando, tan solo siete días después de mi detención e ignorando toda presunción de inocencia, mi expulsión del país. Sencillamente, me querían fuera y, a poder ser, en silencio, y para eso una red especializada en montajes conformada por varios altos cargos de carabineros y la propia Fiscalía, acostumbrada durante años a un proceder similar sistemático contra activistas mapuche, movilizó recursos del Estado en una operación burda y chapucera, a sabiendas de que sus leales jueces no necesitarían más para redactar una sentencia decidida antes de que comenzara el juicio.

¿Por qué crees que se tomaron tantas molestias contigo?

Nunca entenderé del todo que mi actividad pudiera tener ninguna importancia ni entrañar ningún riesgo para el Estado, aunque a mi ego le encantaría pensar que sí, que soy peligroso. Lo cierto es que Chile tiene una larga tradición de expulsar extranjeros desde hace cien años, especialmente anarquistas. Hacía no mucho que habían expulsado a dos documentalistas anarquistas franceses por realizar un documental sobre la lucha del pueblo mapuche. Así que, al parecer, que un escritor vasco se instalara en la Araucanía, la región con más presencia mapuche, se involucrara en el movimiento anarquista local y publicara textos visibilizando la situación de persecución y represión del pueblo mapuche no les cayó muy bien. De hecho, el propio informe de la “inteligencia” policial que sirvió para que una juez diera una orden verbal de allanamiento en mi contra explicitaba claramente los motivos. Señalaba como pruebas en mi contra, además de mi presencia unos días antes en un pequeño acto anticarcelario justo frente a los muros que se convertirían en mi hogar provisional una semana después, varios de mis escritos, uno sobre la relación entre el anarquismo y la realidad histórica vasca, y otro relacionando el despojo de tierras históricamente sufrido por el pueblo mapuche con las teorías proudhonianas sobre la propiedad privada como resultado del robo. De todo ello concluían que yo era un líder anarquista internacional y que estaba “introduciendo ideas foráneas a la juventud chilena”. Esa, y no otra, era la acusación de fondo, pero como nada de eso es delito, debían fabricarme uno a “mi medida”.

Siendo una persona relacionada con el mundo de las letras y de la música, ¿qué tipo de apoyos recibiste?

La verdad es que, especialmente en Euskal Herria, aunque también en otros lugares, como Argentina, Uruguay, España y el mismo Chile, hubo una reacción inmediata que me desbordó, por lo inesperada y por las dosis de amor y solidaridad que me hizo llegar a través de mi novia Vane. En Euskal Herria se juntó gente de todo tipo en una plataforma, Askel, en la que concurrían desde anarcos a hackers, pasando por escritores, músicos, antimilitaristas… Sin duda, fue fundamental la labor de Euskal PEN Kluba, asociación de escritores y periodistas en defensa de los derechos humanos, a la que ya entonces pertenecía, y sobre todo la energía que puso su entonces presidenta Laura Mintegi. Hubo gestos de todo tipo, como la carta que Unai Elorriaga hizo llegar a la entonces presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet. Desde el mundo de la música, además de mi exbanda Punkamine, por supuesto, fue impresionante el concierto que Rafa Rueda consiguió organizar, con la participación solidaria de muchos grupos y músicos vascos, desde Berri Txarrak y Ken Zazpi hasta Ruper Ordorika o Petti, por mencionar algunos. Nunca hubiera podido pedir tanto.

¿Sentiste en esos apoyos alguna ausencia?

Personalmente me quedo con quienes aportaron, que fue mucha gente. Recuerdo que en su momento un primo mío me hacía saber que se había dado de baja de Amnistía Internacional porque, como asociado, pidió que se implicara en mi caso, pero AI decidió lavarse las manos aduciendo que lo mío no era persecución política ni un ataque contra la libertad de expresión, sino un caso de terrorismo. Me extrañó que un organismo con su experiencia realmente creyera que a las personas a las que se persigue políticamente se les acusa alguna vez de crímenes políticos o de conciencia, cuando lo habitual, como en mi caso, es que los Estados tengan que inventar delitos contra aquellas personas que desean perseguir políticamente. Pero bueno, yo no soy dueño de su ridículo.

Finalmente fuiste procesado, declarado culpable y sentenciado pero, si no recuerdo mal, la pena fue llamativamente corta y finalmente tuviste que abandonar Chile. ¿Así fue?

Sí, así fue. Hay que recordar que empezaron por pedirme una pena de diez años por aplicación de la Ley Antiterrorista, que duplica la duración de las penas. Finalmente, la Fiscalía y el abogado del Estado pidieron una pena de cinco años, pero los tres jueces, dos de los cuales fueron al año siguiente condenados por la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] por condenar a dos longkos [autoridades mapuches] basándose en prejuicios raciales dentro de otro sonado montaje, hicieron malabares interpretativos para poder al mismo tiempo condenarme pero darme una pena que ya tuviera cumplida. La sentencia es surrealista. Así dejaban las manos libres a la PDI (Policía De Investigaciones) para cumplir la orden de expulsión en mi contra. Finalmente no les dimos ese gusto, y de forma prácticamente secreta y con Jaime Madariaga, mi abogado, preparado para presentar un recurso de protección en caso de que intentaran detenerme, abandoné Chile por mi propio pie y crucé a Argentina.

Tengo entendido que ahora tienes prohibida la entrada e Chile, ¿cuál es tu situación actual?

Efectivamente, la orden de expulsión no refería ningún plazo, de modo que casi diez años después sigo teniendo prohibida la entrada a Chile. Pero eso no es todo: el año pasado, en febrero de 2019, volvía unas semanas a Argentina, donde tengo residencia permanente, a visitar a mis amistades y presentar la tercera novela que me publican allí traducida a castellano. Se supone que no debiera tener ninguna traba para ingresar a un país en el que tengo residencia, pero en la aduana me retuvieron durante una hora en la Oficina de Migración, sin explicaciones claras, y cuando al final me dejaron pasar tuve que indicarles dónde me alojaría, por dónde me movería y en qué vuelo abandonaría Argentina, algo insólito para una persona que puede si lo desea quedarse a vivir definitivamente en ese país. Hasta en el vuelo de vuelta, cuando de nuevo fui retenido en la aduana, no me explicaron que en estos momentos figuro en las listas de Interpol por delitos relacionados con terrorismo, al pesar sobre mí una sentencia firme, y que por tanto no me pueden permitir seguir circulando hasta contactar con Interpol y recibir su permiso. Eso, en la práctica, significa que existen muchos países en los que, por el mero hecho de figurar en esa lista, tengo la entrada vetada.

¿Hay alguna vía para poder revertir los efectos legales de este montaje?

Es gracioso. La prensa chilena, en su papel de portavoz de los intereses del Estado, no se cansaba de destacar, como supuestamente incriminantes, algunas de mis características: ser vasco —incluso sugiriendo mi conexión con ETA y hasta con las FARC—, ser anarquista y ser punk, aunque creo que lo que menos les gustaba era que fuera escritor. Sobre tu pregunta, esperamos que la haya. En 2011, a través de mi abogado Jaime Madariaga, interpusimos una demanda en contra del Estado chileno ante la CIDH. Son procesos largos y costosos, la sede de la CIDH está en Washington —es seguro que para mí actualmente sería impensable querer ingresar en EEUU—, y en frente no dejamos de tener toda la maquinaria de un Estado. Sin embargo, acabamos de dar el primer paso en la buena dirección: en diciembre pasado la CIDH fallaba por fin a favor de la admisibilidad de mi caso al observar en él indicios de vulneración de los derechos humanos. Nos daba la razón en todos los argumentos esgrimidos, y abría así la fase de fondo del caso. Ahora se viene lo más pesado y costoso: redactar el informe de fondo. El objetivo es claro: que el caso llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta condene al Estado chileno y se decrete mi absolución, borrándome de todas las listas de Interpol. Dicho brevemente, recuperar todos mis derechos para poder moverme por el mundo sin trabas, y que si en algún momento algún otro Estado se siente tentado a actuar contra mí, no cuente con el arma extra de mis antecedentes.

Imagino que ese camino es largo y difícil, ¿has pensado en recabar algún tipo de apoyo?

Estamos en ello. Mi abogado tiene claro que necesitamos apoyos internacionales. Según cree, el mío es el único caso de un ciudadano europeo aceptado como caso de la CIDH, en un momento político crítico en Chile, donde la gente lleva desde octubre en la calle, sufriendo continuas violaciones de derechos humanos, con asesinatos, violaciones, desapariciones, torturas y una larga lista de personas que ha perdido un ojo o ambos por el actuar premeditado de los carabineros. Así que, si conseguimos apoyos desde Europa, podemos ayudar a poner en foco el terrorismo de Estado en Chile. Lo que las comunidades mapuche llevan sufriendo décadas ahora lo sufre todo el pueblo chileno. Junto a ese tipo de apoyo más político, claro, está la evidente realidad de que estos procesos son muy caros, no puedo tener a un abogado trabajando gratis para mí, de modo que también estamos pensando, en estos momentos en colaboración con la EIE [Asociación de Escritores Vascos] y Euskal PEN Kluba alguna campaña para poder juntar fondos con los que enfrentar económicamente el proceso. Toca buscar adhesiones en ambos terrenos, la parte más incómoda, porque de nuevo toca afrontar la exposición pública, pero no queda otra… Ganar este caso puede establecer un precedente que ayude a situaciones mucho más graves que quizá no cuenten con la posibilidad de llegar tan lejos.

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