sábado, 20 de enero de 2007

Dictamen Hipócrita e Ilegitimo

Iba a decir que cediendo a las presiones de un grupo de choque franquista conocido como la AVT el Tribunal Supremo de España ha decidido dictaminar que las asociaciones de jóvenes vascos son terrorista, pero la verdad es que tanto los del Tribunal como los de AVT juegan para el mismo equipo, así que aquí nadie cedió a nadie, todos actuan en contubernio para atacar al pueblo vasco por donde se pueda.

Aquí está la nota tal cual fue publicada por La Jornada:


Terroristas, los grupos Jarrai, Haika y Segi: Tribunal Supremo de España

La más alta corte de Madrid revoca fallo de la Audiencia Nacional que absolvió a las agrupaciones

El Tribunal Supremo de España concluyó que las organizaciones juveniles vascas Jarrai, Haika y Segi son asociaciones ilícitas consideradas "terroristas", indicó hoy la corte en un adelanto del fallo de sentencia.

El Tribunal Supremo revocó de esta manera una decisión de la Audiencia Nacional que determinó que estas asociaciones no se podían considerar "terroristas" puesto que, para ello, debían ser bandas armadas cuyo objetivo era cometer delitos con la finalidad de causar alarma en la población.

Jarrai, Haika y Segi son grupos juveniles que fueron ilegalizados por considerarse probada su vinculación con ETA, que se adjudicó el atentado en el aeropuerto madrileño de Barajas.

El adelanto del fallo de sentencia condenó además a 23 integrantes de estas agrupaciones a seis años de prisión, mientras que absolvió a uno de ellos, Egoitz López de la Calle.

El gobierno español, por conducto de su vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que el fallo "seguro aportará cosas importantes".

"Como toda resolución judicial que acaba de ser pronunciada por el Tribunal Supremo, la posición del gobierno es de máximo y total respeto a una decisión judicial que, desde luego, es importante y de la que sólo conocemos el fallo", indicó la funcionaria en una conferencia de prensa.

La diferencia entre la consideración del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional supone también que los acusados pasan a cumplir penas de mayor duración.

En junio de 2005, la Audiencia Nacional española condenó a 24 miembros de las organizaciones a tres años y medio de cárcel por "asociación ilícita".

La primera consecuencia tras conocerse el fallo fue la emisión por la Audiencia Nacional de una orden para la "inmediata detención" de los 23 miembros condenados que se encuentran en libertad condicional, ya que algunos de ellos cumplieron hasta cuatro años en la cárcel.

Durante la tarde se produjeron las primeras detenciones por parte de la Guardia Civil, que según los medios de comunicación fueron de tres miembros de Jarrai.

Según informaron fuentes de la lucha antiterrorista, agentes del instituto armado arrestaron en el barrio de Intxaurrondo de San Sebastián a Amaia Arrieta González e Igor Ortega Susundegi.

Además, otro de los condenados por el Tribunal Supremo en la causa contra las organizaciones Jarrai, Haika y Segi, Iker Frade, permanece detenido desde el jueves por su implicación en un acto de violencia callejera cometido en Bilbao, según confirmaron fuentes de la lucha antiterrorista.

En esta operación participan la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza.

Según fuentes jurídicas, la sentencia del Tribunal Supremo español podría influir en otros procesos que se siguen contra organizaciones que se estima conforman el entorno político-social de ETA.

No obstante, debido a que por el momento solamente se ha hecho público el fallo, no podrá saberse con certeza hasta que se conozcan los razonamientos en los que se basa la resolución.

Entre las causas judiciales abiertas por esta sentencia destaca el "macrojuicio" por el sumario 18/98 que está juzgando desde noviembre a 55 presuntos miembros de organizaciones del entorno de ETA, como Kas, Eikin, Xaki o la Fundación Joxemi Zumalabe, impulsora del llamado "proyecto de desobediencia civil".

La sentencia podría ser ampliada a las resoluciones relacionadas con los sumarios referidos a Gestoras Pro Amnistía (y su sucesora Askatasuna) y a la Asamblea de Electos vascos, o Udalbiltza.

En el primero, ya concluido y pendiente de juicio, el fiscal pedirá 10 años de prisión por un delito de pertenencia a ETA para los 27 procesados, entre quienes figuran Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Angel Junco.

Otros 21 miembros de la izquierda abertzale, incluidos Xabier Alegría, Miriam Campos y Mikel Garmendia, están procesados por pertenencia a ETA y allegamiento de fondos a banda terrorista en el sumario de Udalbiltza.

Entre estas causas, también destaca el sumario que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la supuesta financiación de la organización armada con las herriko tabernas controladas por la formación ilegalizada.

Entre los 41 procesados en dicha causa, entre ellos los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi, Joseba Alvarez y Joseba Permach, se encuentran prófugos José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera y Jon Salaberria.

Las bandas Jarrai, Haika y Segi han protagonizado actos de violencia callejera en el País Vasco durante los fines de semanas, disturbios que han continuado después de que ETA declarara un alto el fuego en marzo y en los que se han arrojado explosivos caseros incendiarios contra edificios.

Aprehensión en Francia

Por otro lado, Jon García Gaztelu, hermano del ex líder del aparato militar de ETA Javier García Gaztelu, alias Txapote, fue detenido hoy en San Juan de Luz, sureste de Francia, en un control de carretera, y liberado horas después en Irún, en el norte de España.

Según fuentes policiales y la asociación de defensa de prisioneros vascos Askatasuna, García Gaztelu fue arrestado en un control rutinario de la policía, pero no tenía sus papeles en regla y sobre él pesaba una prohibición de residencia en Francia.

Askatasuna confirmó a Afp este arresto y explicó que el detenido, que vivía con su familia en San Juan de Luz desde hace años, fue entregado a la policía española, que lo liberó en Irún, localidad española cercana.

Según parece, sobre él no pesa acusación alguna por vinculación con ETA, pero Jon García Gaztelu, que vivió en México antes de instalarse en San Juan de Luz, era objeto de una orden de expulsión de Francia que databa de 1987.






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