sábado, 12 de mayo de 2018

Por la Investidura de Quim Torra

¿Alguien sabe si en el Consell Polític de las CUP mañana se va a abordar el no solo urgente sino importante tema de cómo quitar la venda de los ojos a los habitantes del otrora cinturón rojo, hoy anaranjado, de Barcelona?

Se trata de barrios proletarios, no debiera ser tan difícil para militantes tan pero tan congruentes con sus principios de izquierda.

Pero bueno, mientras nos responden esa pregunta, les dejamos con este artículo de Gara con respecto a la nueva intentona por parte del Parlamento Catalán de investir al que sería el nuevo president de la Generalitat, con el anterior todavía esperando en Alemania a que se resuelva su juicio de extradición.

Lean ustedes:


Tras la pertinente ronda con los partidos, Torrent adelantó a hoy la primera sesión de investidura del flamante candidato, Quim Torra, que sin embargo necesitará una segunda votación el lunes para poder ser elegido con mayoría simple. Eso sí, la CUP, que mañana reúne a su Consell Polític, no convierte su anunciada abstención en una negativa.

Beñat Zaldua

No hay como tener una fecha límite para ponerse manos a la obra. Lo saben los estudiantes de todas las latitudes y lo sabe la clase política catalana, que si no inviste a un president antes del 22 de mayo se verá condenada a una nueva campaña electoral en julio. Tal y como se anunció de forma anticipada el jueves, el elegido por el president Carles Puigdemont es el editor Quim Torra, que también de forma anticipada, pasará su primer examen ante el Parlament hoy.

Así lo decidió el president del Parlament, Roger Torrent, que ayer realizó la pertinente ronda de contactos con todos los grupos, tras la cual oficializó la investidura de Torra y fijó la primera sesión de investidura para hoy a las 12.00, dos días antes de lo previsto. Y hablamos de la primera sesión porque se da por hecho que Torra no podrá ser elegido mañana, cuando necesitaría al menos 68 diputados, la mitad más uno de los 135 votos del Parlament.

Pese a las protestas de Ciudadanos y del propio PP catalán –en competición con el partido naranja–, el Gobierno español no ha recurrido el voto delegado de Puigdemont y Toni Comín, por lo que Torra tiene asegurados los 66 diputados de JxCat y ERC. Al lado contrario tiene también los 65 votos negativos de C’s, PSC, Catalunya en Comú y PP. Todo queda, de nuevo, en manos de la CUP.

Su cabeza de lista en las últimas elecciones, Carles Riera, aseguró la semana pasada que, por «solidaridad antirrepresiva», las abstenciones de los cuatro diputados de la CUP estaban aseguradas, lo cual garantizaría la investidura de Torra en la segunda votación que se celebrará el lunes, cuando será suficiente una mayoría simple. Pero las cosas siempre se pueden complicar más de lo previsto. Tres asambleas territoriales de la CUP –Barcelonés, Baix Llobregat y Tarragonés– forzaron ayer una reunión del Consell Polític para intentar cambiar el sentido de un voto que defienden que sea un «No» a Torra.

Las matemáticas y el calendario son los que son: si la CUP vota en contra de la candidatura de Torra, esta fracasará y difícilmente podrá presentarse otro candidato que logre el aval cupero antes del 22 de mayo. Las elecciones del 15 de julio estarían entonces a la vuelta de la esquina. La respuesta, mañana.

La publicación de la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), indicando que el independentismo –y en especial la CUP– crecería en unos nuevos comicios, alimentó ayer las posiciones de quienes defienden la repetición electoral, pero no resulta razonable, conociendo los antecedentes, pensar que la CUP vaya a tomar su decisión por augurios demoscópicos. Unas encuestas, por cierto, de las que cabe mantenerse a resguardo, tanto cuando soplan a favor como cuando lo hacen en contra.

Obediencia al Parlament

El día de ayer vino marcado también por la novedad de Torra, una figura poco conocida fuera de los círculos soberanistas que el gran público apenas empieza a conocer ahora. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no desaprovechó la ocasión de recordarle, a la primera de cambio, que debe obediencia a «la ley española», a lo que el propio Torra respondió ayer: «Solo contemplo la posibilidad de obedecer lo que decida el Parlament de Catalunya».

¿Quiere esto decir que con Torra se abre una nueva etapa de desobediencia? Ni tanto ni tan calvo. La batuta de la legislatura bascula ahora mismo entre el liderazgo de Puigdemont en Berlín y el equilibrio entre JxCat y ERC en el Parlament, una aritmética combinada de la cual saldrá un resultado imposible de anticipar ahora mismo. En cualquier caso, Torra apuntó ayer algunas de las prioridades: «No solo necesitamos un Govern fuerte, sino un país fuertísimo. No estamos hablando de una crisis o un conflicto político, sino de una crisis humanitaria. Tenemos gente en la cárcel y el exilio, y tenemos que ser capaces de darles respuesta».

JxCat y ERC tienen prácticamente decidida la formación del Govern

Los seis meses transcurridos desde las elecciones del 21 de diciembre han dado para discutir mucho, pero también para acordar ciertos puntos, entre ellos el reparto del Ejecutivo entre Junts per Catalunya y ERC, que se formará la semana que viene si el Consell Polític de la CUP de mañana no dice lo contrario. De hecho, más que de la estrategia a seguir a partir de ahora, muchas de las discusiones entre las dos principales fuerzas independentistas han versado principalmente acerca del reparto de asientos. No es lo más edificante, pero así ha sido.

Hay carteras que todavía bailan y el plantel final todavía es desconocido, pero hay nombres que se dan por seguros. Por ejemplo, el de la jefa de campaña de JxCat, Elsa Artadi, que se autodescartó para encabezar el Govern. El puesto sería suyo si lo hubiese querido. Suya parece que será la carpeta de Presidència o la de Empresa; veremos. Entre los independientes de JxCat también suena Laura Borràs como próxima consellera de Cultura.

Las cosas están bastante claras sobre todo en las carteras correspondientes a ERC. El reparto entre partidos está hecho desde hace semanas y, a la espera de que Puigdemont anunciase a su candidato definitivo para la Presidencia, Esquerra ha ido perfilando sus consellers. Pere Aragonès, delfín de Oriol Junqueras, será el hombre fuerte de ERC en el Ejecutivo, probablemente como vicepresidente y responsable del área económica. Del mismo modo, el diputado en Madrid Joan Tardà confirmó ya que sus correligionarias en el Congreso Ester Capella y Teresa Jordà ocuparán las carteras de Justicia y de Agricultura. Para Educación suena el que fuera conseller en cap durante el tripartit, Josep Bargalló.

Más revueltas están las cosas en las carteras que, a priori, corresponden al PDeCAT, dividido en dos, tres o quién sabe cuántos pedazos. El diputado Albert Batet, muy cercano en la actualidad a Puigdemont pero enfrentado con la cúpula de su partido, podría ocupar alguna cartera, igual que Miquel Buch, presidente de la Associació Catalana de Municipis y muy cercano al encarcelado Jordi Turull, que en su día perdió la batalla por el PDeCAT.

Un Turull que, igual que Josep Rull, también en prisión, podría ser restituido de una forma simbólica todavía por definir como conseller en los próximos días.

Llarena se cura en salud y divide la causa contra el 1-O en dos piezas

Hace tiempo que, por obra y gracia del Gobierno español, la actualidad catalana vive en dos frentes indivisibles: el político y el judicial. Aunque las principales novedades han llegado en las últimas horas por el lado institucional, ayer el juez del Tribunal Supremo tomó dos decisiones, relacionadas entre sí, de una gran importancia para el futuro del proceso contra los dirigentes catalanes.

Decidió separar en dos el procedimiento contra el 1-O. En una primera pieza están los imputados en prisión o en Catalunya, y en la segunda, los nueve dirigentes en el exilio, empezando por Carles Puigdemont. El objetivo principal, anunciado por la prensa madrileña, es que los ritmos de las extradiciones en Alemania (Puigdemont), Bélgica (Comín, Serret y Puig), Escocia (Ponsatí) y Suiza (Rovira) no condicionen un proceso que el Supremo espera culminar el próximo otoño. Siendo un macrosumario como el que es, se trata de plazos muy ajustados, pero hasta ahora, Llarena ha ido quemando etapas bastante más rápido de lo que cabría esperar.

Sin embargo, tras la decisión de dividir en dos el proceso contra el 1-O se esconde también, más allá del calendario, el temor de que alguno de los países deniegue la extradición o acceda a ella solo por el delito de malversación y no por el de rebelión. Algo especialmente grave si ocurre con Puigdemont. Imagínense la escena en el juicio: Junqueras y el resto de encarcelados juzgados por rebelión y el que era su president y, por tanto, máximo responsable, juzgado solo por malversación porque las autoridades alemanas descartaron la rebelión. Llarena quiere evitar la posibilidad de que se dé esta partición en el banquillo de los acusados, de ahí la separación en dos piezas.

Y es que el magistrado que instruye la causa contra el independentismo catalán hace días que da muestras de estar arrojando la toalla en lo que respecta al delito de rebelión en Europa. De hecho, aunque sigue sosteniendo que hay base violenta para sostener semejante acusación que en Alemania equivaldría al de alta traición, en la última información entregada al tribunal de Schleswig-Holstein propone extraditar a Puigdemont por el delito de sedición, que no requiere de la existencia de actuaciones violentas. Sigue teniendo un problema: ese delito no existe en Alemania desde los años 70.





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