viernes, 11 de mayo de 2018

La Rebelión Transmuta en Sedición

Madrid, por medio del juez Pablo Llarena y el asunto de la persecución a los políticos catalanes asilados en distintos países, tiene metida a la Unión Europea en un brete.

Por un lado, los países centrales del Viejo Continente gastan millones de euros en la campaña publicitaria que les hace ver como el puerto seguro en el que se protegen todos y cada uno de los derechos de la humanidad... se gustan pensar como la única luz en la oscuridad que caracteriza a nuestro tribulado planeta.

Pero por el otro lado, Europa se sabe una entidad que ante todo, es un bloque económico-político-militar que debe presentarse sin fisuras de querer enfrentar a los otros dos gigantes que todos los días refuerzan sus posiciones mientras tratan de erosionar las de los demás jugadores en el tablero de la geopolítica globalizada: Washington y Moscú.

De este segundo aspecto es de donde emana la postura oficial ante los movimientos de autodeterminación al interior de su seno: como la propiedad privada, la integridad territorial de sus estados miembro es sagrada. Claro, esto requiere un mucho de cinismo pues es de todos conocida la actitud adoptada con respecto al desmembramiento de las entidades políticas del antiguo bloque socialista. Ahí está esa aberración llamada Kosovo para ejemplificarla.

Es dentro de este marco que la actitud de Felipe Borbón y Franco alias el VI incomoda a Bruselas. Por un lado el monarca exige lealtad por parte de sus socios en Berlín, París, Roma y demás al principio del respeto irrestricto a integridad territorial de la Una España Bajo Dios, pero por el otro, al recurrir a sucias artimañas en el caso de los exiliados políticos catalanes, pone la lupa sobre el supuesto apego europeo a la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos de los diferentes estados que componen la entidad paneruopíesta.

¿A qué punto llega la obsesión española con el tema? Baste leer las declaraciones de su palafrenero Iñigo Urkullu para entenderlo.

Especificado lo anterior, les dejamos con esta nota dada a conocer por Naiz:


El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en el que plantea la opción de que entregue al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por un delito de sedición.

El juez plantea esa posibilidad en el caso de que los jueces alemanes consideren que no se dan los requisitos para entregar a Puigdemont por un delito de rebelión al no apreciar la concurrencia del requisito de violencia.

Como hiciera en el auto dictado el miércoles en el que confirmó el procesamiento de todos los implicados en el procés, el magistrado plantea la posibilidad de que lo ocurrido en los días previos y posteriores al referéndum del 1-O y ese mismo día se interprete como sedición.

Por ello, pide a los magistrados alemanes que se centren en los hechos que figuran en los informes remitidos más allá de su calificación jurídica.

Es decir, que analicen si un intento de romper la Constitución, aunque fuera sin violencia, no sería delito en Alemania; si un intento de segregación de un land no sería delictivo.

La diferencia entre ambos delitos radica en que la rebelión implica el uso de la violencia para obtener ese tipo de fines, en tanto que la sedición conlleva un «alzamiento tumultuario».

El magistrado, pese a defender que hubo violencia «conscientemente asumida y buscada», admite la posibilidad de que la Fiscalía acuse por sedición, que contempla condenas de hasta quince años de cárcel.

Dos piezas separadas

Por otra parte, el juez ha dictado una providencia en la que acuerda, a petición de la Fiscalía, dividir la causa en dos piezas separadas, la principal, con todos aquellos que están puestos a disposición de la justicia y otra con los siete exiliados.

Llarena entiende que «existen elementos suficientes» para que Puigdemont (Alemania), los exconsellers Antoni Comín (Bélgica), Meritxell Serret (Bélgica), Lluís Puig (Bélgica) y Clara Ponsatí (Escocia), la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel (Suiza) puedan «ser juzgados de forma independiente».






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