Una vez más desde las instituciones supranacionales europeas se conmina al régimen borbónico franquista a cumplir con las leyes emanadas de las mismas.
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Nuevo tirón de orejas de la CE a España por no cumplir con la acumulación de penas
La comisaria europea de Justicia amenaza con sancionar al Gobierno Rajoy
Humberto Unzueta
Por cuarta vez en menos de un año, una institución de la Unión Europea apremia al Gobierno español a cumplir una directiva sistemáticamente incumplida. Una vez más la Comisión Europea le emplaza a llevar a cabo sin trampa ni cartón la transposición y aplicación de la decisión marco del año 2008 que establece que los Estados miembros acumulen las condenas de los presos cumplidas por el mismo delito en varios países de la Unión Europea. En el caso español afectaría principalmente a los reclusos de ETA que fueron detenidos y encarcelados en otro país -en la mayoría de los casos Francia- y que luego fueron extraditados al Estado. Salvo en contadas excepciones el Gobierno de Rajoy no ha atendido esta norma y ha dejado de sumar las penas purgadas en cárceles del país vecino al tiempo de reclusión contabilizado en España.
La Comisión Europea considera que “la falta de una plena transposición y aplicación de la Decisión Marco 2008/675 afecta a la confianza mutua en que se basa el espacio común de justicia penal”. Bruselas está dispuesta a ayudar a España y otros estados miembros a cumplir esta norma europea, pero reitera su intención de sancionar en caso de persistir los incumplimientos. Así lo asegura la comisaria Vera Jourova, en respuesta a una pregunta sobre este tema formulada por la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao Barandika.
Según informó ayer Bilbao, este nuevo “tirón de orejas” a las autoridades españolas por su “flagrante incumplimiento” de las leyes comunitarias se produce en un momento “especialmente crítico”. La eurodiputada recuerda que “los instrumentos de cooperación en este campo son fundamentales para afrontar la amenaza del terrorismo internacional desde la necesaria coordinación”. La serie de advertencias comenzó después de que el Gobierno del PP decidiese tramitar en el Senado una reforma del Código Penal para “tratar de construir un instrumento jurídico sobre el que apoyar el incumplimiento de esta decisión marco”, dice Bilbao.
El Tribunal Supremo aceptó la doctrina gubernamental y rechaza el descuento de la pena a Kepa Pikabea y otro medio centenar de presos de ETA como, entre otros, Rafa Caride, Santiago Arrospide o Francisco Mujika Garmendia.
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