jueves, 3 de julio de 2014

Una Verdad entre Tanta Mentira

Hace unas horas denuciábamos el linchamiento del cual estaba siendo objeto Asier Arronategi, uno de los Seis de México. Resulta que según los medios afines al régimen e incluso en medios alternativos, se dio a conocer que Asier se había acogido a la Vía Nanclares, esa aberración que incluso el vascófobo Esteban Beltrán de Amnistía Internacional España ha ensalzado diciendo que es la única vía válida para que los "presos de ETA" sean considerados para la posibilidad de la aplicación de "medidas de gracia", ninguna de las cuales exige discreción al respecto ni respeto, al contrario, el estado español se guarda el derecho a publicitar su triunfo a como le plazca, que para eso ellos son los vencedores.

Pues bien, resulta que desde la mismísima Audiencia Nacional y otros ámbitos judiciales del estado español hay quien dice que todas las penas que se aplican a los presos políticos vascos son exageradas y que la Vía Nanclares es un despropósito, lean esta nota publicada en Kaos en la Red:



El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha  calificado las condenas a miembros de ETA de  "altas y desproporcionadas" y señala que, sobre todo, "hay un régimen  de cumplimiento de penas totalmente desigual en relación con el resto  de presos".

De Prada se ha referido en estos términos en uno de los cursos del  Campus de Verano que organiza la Universidad Complutense de Madrid y  ha defendido que las penas han de responder "a una necesidad, que  sean humanas y que se apliquen en un régimen de igualdad en relación  con otros presos".

En su opinión, "un momento clave" se constituye con la aplicación  de la Doctrina Parot cuando una serie de penas se empezaron a  computar "de una forma distinta", algo "jurídicamente inadmisible",  ha denunciado. Pero "más jurídicamente inadmisible", según ha  defendido, es que haya tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos  Humanos (TEDH) el que haya tenido que decir que eso "estaba mal".  "Algo que estaba en la conciencia de todos los aplicadores de las  normas", ha sostenido.

A su juicio, "no es exigible" un perdón que implique "una  necesidad de arrepentimiento absoluto sobre todo en hechos,  situaciones o delitos que son consecuencia de planteamientos  ideológicos". Eso sí, defiende la necesidad de reconocer "el daño  causado" y el interés de "comunicar esa situación a la persona". "Son  situaciones mucho más individualizas", ha subrayado.

Del proceso de paz al proceso de reconciliación

De Prada ha señalado que aunque se niegue, existe "un proceso de  paz". "Este proceso de paz tiene que ir a un proceso de  reconciliación", ha advertido destacando que es "muy importante"  hacer hincapié "en el perdón y la justicia restaurativa" porque "no  solo afecta a víctimas sino que interesa a toda la sociedad en su  conjunto".

Así, aconseja "poner en valor la experiencia colectiva surgida" y  advierte que obtener resultados "positivos y útiles" dependerá de  "cómo se trate, interactúe y se les reintegre en la sociedad" a los  penados terroristas.

Eso sí, ha aclarado que "no se trata de renunciar a la Justicia,  ni a la verdad, ni al derecho a la reparación ni por parte de las  víctimas ni de la sociedad en general sino de actuar con el derecho  de deber gestionar los traumas causados por la violencia política  terrorista en un sentido positivo".

"Para ello, todos, las víctimas, la sociedad, los causantes de la  violencia, las propias instituciones y poderes del Estado jugamos un  papel determinante", ha explicado.



Bien, esperemos que ya pronto más magistrados y jueces del estado español recuerden ese principio republicano y democrático conocido como "el espíritu de Montesquieu". Así tal vez incluo De Prada hable de la violencia producida por el terrorismo de estado y por lo tanto, de las víctimas que nadie nunca menciona.





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