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viernes, 5 de junio de 2015

Tortura y Sentencias

Desde Naiz traemos a ustedes este artículo en el que queda claro que no se puede permitir que haya personas en la cárcel tras haber sido sentenciadas por declaraciones obtenidas bajo tortura.

Lean ustedes:


El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha exigido que se revisen las sentencias de las personas encarceladas por condenas basadas en declaraciones realizadas en dependencias policiales y «que luego que no han sido ratificadas ante el juez» o el caso de personas que «han denunciado ser objeto de malos tratos y torturas durante su detención», tras el nuevo criterio marcado por el Tribunal Supremo español.

En una rueda de prensa en Donostia, Barrena ha valorado la decisión del Tribunal Supremo español de descartar como pruebas las declaraciones en sede policial. A su juicio, es una decisión que se debería de haber tomado «hace muchísimo tiempo y llega muy tarde».

En ese sentido, se ha preguntado «cuántos ciudadanos vascos estarán en prisión en estos momentos por sentencias basadas en declaraciones policiales que no se reafirmaron ante el juez e instancias judiciales».

«Nos los preguntamos retóricamente porque sabemos que en esos casos hay más de uno y de dos, no podemos cuantificarlos en estos momentos, pero hay muchos», ha añadido.

Además, ha denunciado que se trata de casos de personas que están en prisión por sentencias basadas en declaraciones «que se obtuvieron contra la voluntad de los detenidos, en muchísimos casos bajo la aplicación de malos tratos y torturas».

Barrena ha apuntado, asimismo, que una asociación de médicos argentinos que están de visita en Euskal Herria «han puesto en cuestión el papel de los médicos forenses de la Audiencia Nacional e incluso los acusan de mirar hacer otro lado ante los testimonios y denuncias de tortura de las personas detenidas».

Para Barrena, esta denuncia «pone los pelos de punta» porque «estamos hablando de una supuesta connivencia de médicos forenses de la Audiencia Nacional ante la tortura».

El portavoz de Sortu ha considerado que, si al nuevo criterio del Supremo se le quiere dar «algún tipo de credibilidad», sería «importantísimo acabar de una vez por todas con la incomunicación de los detenidos» porque es la misma la que "crea las circunstancias en las que es posible el maltrato y la tortura».

Arrozpide y Goioaga

Pernando Barrena ha enmarcado este tipo de sentencias dentro de la «aplicación de medidas de excepción en el contexto de la estrategia contra el independentismo vasco», en la que ha incluido los casos de las decisiones judiciales y la «persecución» contra Santiago Arrozpide y el senador de Amaiur Iñaki Goioaga.

Ha reiterado que «es el momento de terminar de una vez por todas con toda la legislación de excepción, especialmente con la incomunicación, y con la política penitenciaria en vigor y la dispersión».

«Esta sería, no solamente la mejor de las maneras de aportar a la consolidación del proceso de paz y la normalización política que necesita este país, sino también sería la manera más efectiva de alejar a la Administración de Justicia española de los modos del franquismo y acercarla a los mínimos democráticos europeos», ha concluido.






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