viernes, 3 de febrero de 2017

(Casi) Todos Contra Garoña

Los sociatas se han visto obligados a cumplir sus compromisos con el PNV en lo que respecta a Garoña, pero los peperos han preferido mostrar su desdén por la seguridad de los habitantes de la CAV.

Les compartimos este artículo publicado en El País:


PSE, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos reclaman la destitución del presidente del CSN

Pedro Gorospe

En un Parlamento de pocas unanimidades el acuerdo logrado este jueves por el PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos en torno a la iniciativa socialista para cerrar de forma definitiva la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es casi una excepción. Con el voto en contra del PP, estos partidos han suscrito un texto en el que reclaman al Gobierno central que tome la decisión de su clausura definitiva y desmantele la instalación nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se pronunciará en breve sobre la reapertura, aunque la decisión definitiva depende del Gobierno central.

El PP se ha abstenido en la votación, pese reconocer el "riesgo" que supondría el reinicio de la actividad nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava y su portavoz Carmelo Barrio ha asegurado que su grupo se ha abstenido en la votación porque este es un debate "reiterativo" y porque "no hay novedades" en torno a la situación de la central. Barrio ha recordado que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunció a los sindicatos el cierre definitivo de la central.

El Parlamento vasco no se lo cree y exige el cierre "definitivo" real de una instalación que permanece inactiva desde 2012, pero cuya reapertura ha sido solicitada por sus propietarias (Endesa e Iberdrola). En diciembre de 2012 Nuclenor (la empresa propietaria, formada al 50% por Iberdrola y Endesa) paralizó la actividad para no hacer frente a nuevos impuestos sobre los residuos nucleares. Lo hizo en plena prórroga de 4 años que concedió el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero —en medio de promesas de que sería la última prórroga—  en julio de 2009. Rajoy había anunciado que ampliaría sin límites.

Los partidos también se oponen a la apertura de un almacén nuclear en las instalaciones de la central y reclaman al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que adopte las medidas oportunas para "despolitizar" el CSN. En la proposición piden la destitución del presidente de dicho organismo, Fernando Martí Scharfhausen.

La parlamentaria del PSE Natalia Rojo, que defendió la propuesta original, ha acusado al PP de tratar de "esconderse" detrás de argumentos "técnicos" para no verse perjudicado electoralmente por su "decisión política" de reabrir Garoña. El portavoz del PNV, Juan Carlos Ramírez Escudero, ha alertado sobre el "peligro grandísimo" que supondría el reinicio de la actividad de Garoña, y ha preguntado al PP si "quiere para Álava" una situación similar a la que se produjo en las catástrofes nucleares de Chernóbil o Fukushima.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha denunciado que el CSN es un mero "títere" del Gobierno del PP, y ha lamentado que los principales partidos políticos y administraciones públicas sean "cautivos del oligopolio" de las grandes empresas eléctricas. Para José Ramón Becerra, de Elkarrekin Podemos, los técnicos del CSN están "amordazados" por la "politización" de los responsables de ese organismo, y ha asegurado que no será el gabinete de Mariano Rajoy el que cierre Garoña porque están en juego "intereses empresariales".

Normativa contra la pobreza energética

El Parlamento vasco ha reclamado este jueves al Gobierno autonómico que promueva una normativa que "haga frente a la pobreza energética" que, dentro de las competencias vascas y en la medida en la que el ordenamiento jurídico lo permita, incluya la obligación para las compañías eléctricas de comunicar los posibles cortes de suministro a los poderes públicos, "para desde ahí activar los mecanismos para evitarlos, mientras la legislación estatal no los prohíba".

El pleno del Congreso de los Diputados convalidó el pasado martes el real decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, como la prohibición de los cortes de suministro a las familias a los usuarios de especial vulnerabilidad. Sin embargo, la Cámara vasca ha criticado que la legislación estatal no prohíbe los cortes de luz a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad.

Elkarrekin Podemos ha llevado a la Cámara el debate sobre la necesidad de "garantizar los suministros vitales básicos para una vida digna". Todos los grupos, excepto el PP, han firmado una enmienda transaccional que ha salido adelante con la abstención de los 'populares', en la que defienden que la pobreza energética "merece una atención específica de los poderes públicos para tratar de revertirla y/o evitar su agravamiento, ya que afecta a la calidad de vida y a la dignidad y la salud de las personas".

De este modo, el Parlamento vasco insta al Gobierno a que establezca indicadores sobre los déficits en materia energética que sufren ciudadanas vascas y a cuantificarlos de acuerdo con lo establecido en las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, a fin de protegerlas, así como a presentar un informe de evaluación sobre las medidas desarrolladas hasta ahora para atender a los colectivos que los sufren. Estos indicadores intentarán tener en cuenta, además de los ingresos, el tamaño de la vivienda, su ubicación y su eficiencia energética, entre otros, y definirán la condición de consumidor vulnerable.

Además, insta al Gobierno vasco a promover una normativa que haga frente a la pobreza energética, desarrollando desde las propias competencias las posibilidades que ofrece la modificación de la Ley del Sector Eléctrico. En concreto, pide que esta normativa incluya, "en la medida en la que el ordenamiento jurídico lo permita", la obligación para las compañías eléctricas de comunicar los posibles cortes de suministro a los poderes públicos, "para desde ahí activar los mecanismos para evitarlos, mientras la legislación estatal no los prohíba".






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