viernes, 24 de febrero de 2017

Cínicos Asaltantes

Con respecto al dinero que el régimen borbónico franquista robó al pueblo vasco por órdenes del cuatrero Eloy Velasco, nada de nada, sin siquiera dar explicaciones válidas dicen que no lo van a devolver. Suponíamos que Urdangarín lo necesitaba para pagar su fianza pero resulta que ni eso necesita sufragar para poder regresar tranquilamente a Suiza a vivir como rey.

Lean este artículo publicado en Gara:


Sare acudió ayer a la Audiencia Nacional a reclamar que le devuelvan los 104.000 euros que la Guardia Civil le requisó el 12 de enero de 2015 con el plácet del juez Eloy Velasco. En la vista, Fiscalía y AVT esgrimieron diversos argumentos para que el dinero no retorne a manos de la red ciudadana, a la que no son capaces de acusar de nada delictivo.

Agustín Goikoetxea

En el plazo aproximado de quince días, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional decidirá si devuelve o no a Sare los 104.000 euros que la Guardia Civil le incautó aprovechando una operación contra la solidaridad hacia los presos vascos. Ese dinero está en manos del tribunal especial, al que ayer la red ciudadana solicitó que le reembolse lo que miles y miles de personas aportaron en la cuestación realizada en la movilización del 10 de enero de 2015 para sufragar los gastos de aquella campaña por los derechos de los prisioneros.

Ante la sala conformada por Concepción Espejel, Enrique López y José Ricardo de Prada, se expusieron los argumentos a favor o en contra de atender el recurso de esta iniciativa surgida del seno de la sociedad vasca. A la conclusión de la vista, con cierta prudencia, el sarekide Joseba Azkarraga avanzó que temen que la Audiencia Nacional continúe reteniendo su dinero, por lo que se verán obligados a emplazar a la ciudadanía sobre qué pasos deben dar al respecto.

El letrado de la AVT mantuvo que los fondos no tienen que reintegrarse, aduciendo que pueden dirigirse a «un fin ilícito» al haberse detectado en aquella multitudinaria movilización de Bilbo «personas con chalecos de Herrira», tal y como recogía el auto del juez Eloy Velasco. Lo cierto es que no se identificó a esos supuestos voluntarios que realizaban la cuestación ni se hizo seguimiento de ellos por cuerpo policial alguno. Tampoco se apunta a qué objetivo delictivo se destinaría el dinero obtenido y expoliado.

Este abogado tuvo que reconocer la legalidad de Sare y de sus reivindicaciones, al igual que la manifestación que convocó. El representante de la AVT añadió en su intervención que no hay razón objetiva para perseguir la actividad de la red, por entonces tramitando su legalización ante la Administración.

Ante las supuestas dudas sobre el destino de los 104.000 euros, desde la defensa de Sare se planteó que sea la propia Audiencia Nacional la que, como depositaria de la requisa, se encargue del pago de las facturas que se quieren afrontar.

La Fiscalía argumentó que la retención del dinero es una «medida cautelar» en el marco de la causa que se sigue en el tribunal especial contra decenas de abogados y solidarios con los presos vascos, por lo que hay que esperar a la resolución de la misma. Hasta un futuro juicio, por tanto, no se volvería a abordar qué se hace con lo requisado por la Guardia Civil en la sede de LAB de Bilbo, donde se guardaba el contenido de las 150 bolsas para depositarlo en una entidad bancaria.

Solidaridad en Madrid

Los representantes de Sare no estuvieron solos en su visita a la Audiencia Nacional. Junto al portavoz de la red Joseba Azkarraga acudieron diputados y senadores vascos y catalanes como Joseba Agirretxea (PNV), Oskar Matute y Jon Iñarritu (EH Bildu), Ester Capella i Farré (ERC), así como Carles Campuzano i Canadés y Joan Bagué (PDeCAT). También viajó a Madrid, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, quien mostró su apoyo, al igual que ELA, que no pudo estar físicamente pero les trasladó su respaldo.

Antes de acceder a la sede judicial, Azkarraga –que asistió a la vista en calidad de convocante de la movilización de enero de 2015– declaró a los medios de comunicación que «todavía hoy les resulta «incomprensible el porqué se nos arrebató un dinero legítimamente recaudado». «¿A qué lógica democrática responde que se nos quite y se nos retengan 104.000 euros?», se preguntó. Atribuyó la requisa del dinero a la lógica de «entorpecer» su labor.

«Sare es un testigo incómodo de las vulneraciones de derechos humanos que el Estado perpetra para con las presas y presos vascos. Un testigo en forma de red muy plural –recordó–, que denuncia una política penitenciaria arbitraria e injusta y ponemos en evidencia a quienes continúan anclados en la venganza y quieren perpetuar el sufrimiento».

Azkarraga añadió que quienes conforman esta iniciativa plural en la defensa de los derechos de presos, refugiados y deportados tendrán «una nueva oportunidad de comprobar si una decisión política revestida de judicial, impide a Sare recuperar lo que nunca se le debió arrebatar con la intención de debilitarnos mediante la asfixia económica».

«Pero que tengan en cuenta simplemente una cosa –destacó–, la continuidad de Sare no está en manos del Gobierno del PP, ni de maniobras, ni de estrategias antidemocráticas. La continuidad de esta red ciudadana está en manos de la ciudadanía vasca. Si Sare existe es porque la sociedad vasca, sensible a las injusticias que hemos venido denunciando, nos da su apoyo de forma reiterada».

Una concentración en Bilbo pide que se devuelvan los 104.000 euros

Horas después de que en la Audiencia Nacional tuviera lugar la vista del recurso interpuesto por Sare, en Bilbo se desarrolló una concentración en la plaza Elíptica en la que se exigió que se devuelva el dinero que muchos de ellos depositaron en las bolsas de la cuestación realizada el 10 de enero de 2015 en aquella manifestación por los derechos de los presos vascos.

Tras una pancarta con el lema «Lapurtutako 104.000 € bueltatu Sareri», los reunidos ante la Subdelegación del Gobierno español en Bizkaia mostraron los dedos acusadores de la actual campaña de esta red ciudadana para denunciar la indefensión que está sufriendo desde hace más de dos años. Los concentrados quisieron dejar claro que no cejarán en la reivindicación de que se les reembolse lo expoliado por la Guardia Civil ni en la demanda al Estado a que cumpla sus propias leyes respecto a los presos.






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