lunes, 13 de febrero de 2017

La Sempiterna Tortura Española

Hace unos días les compartíamos un texto imprescindible de la autoría de Iñaki Egaña en donde se nos recordaba acerca de la lucha y legado de la antifascista chilena Lucía Vergara. Recién hemos leído lo vivido y sufrido por el gudari Benito Martín.

Pues bien, hoy en Euskal Herria se conmemora a todas las víctimas de la tortura que ha dejado el terrorismo de estado del régimen español, en recuerdo de Joxe Arregi.

Les invitamos a leer este texto publicado en Naiz:


Fue un 4 de febrero de 1981 cuando detuvieron a Joxe Arregi. Tras permanecer 9 días incomunicado fue trasladado al hospital penitenciario de Carabanchel donde murió el día 13 al mediodía. El informe del forense sobre su autopsia constató la existencia de «violencias físicas». Según la Comisión de Derechos Humanos de Madrid 73 policías participaron en los interrogatorios a Joxe Arregi. Solo dos fueron condenados a ridículas penas y posteriormente ascendidos, como José Antonio Gil Rubiales. Una vez más quedaba de manifiesto el estatus especial del que seguían disfrutando en España los centuriones del poder político tras el cambio de régimen. Antes y después de Joxe Arregi, otras vidas fueron segadas por ese crimen sin castigo que se llama tortura; miles de ciudadanos y ciudadanas antes y después de nosotros mismos han sufrido este calvario.

Carlos Sáez Méndez y Pili De la Torre Boyano Méndez

La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura. Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. Según la ONU, la práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad. Desde que nosotras tenemos memoria se tortura.

El Gobierno vasco presentó en junio del pasado año un avance de las primeras conclusiones de la investigación que el forense Francisco Etxeberria junto a su equipo está llevando a cabo sobre la tortura en Euskadi entre los años 1960 y 2013. Por aquel entonces el informe preliminar refería más de 4.000 casos de vulneraciones de los DDHH en aplicación de la tortura. Más de 4.000 casos en un informe aún inconcluso, que abarca un ámbito cronológico limitado (periodo de 53 años), en un territorio limitado (la CAV).

A tenor del informe y si se confirman sus datos, podremos afirmar con rotundidad que la vulneración de los DDHH en aplicación de la tortura ha sido una práctica sistemática llevada a cabo por funcionarios públicos del ministerio de Interior de los Gobiernos del Estado español, y de la consejería de Interior de los Gobiernos de Euskadi. Una práctica que ha sido negada y silenciada durante décadas por una mayoría política en este pueblo, que ha servido no sólo para perpetuar la tortura, sino también para relegar al olvido a sus miles de víctimas, tratándolas de farsantes, de querer manchar el buen nombre de la Policía, Guardia Civil o Ertzaintza, etc. Víctimas que incluso han llegado a ser criminalizadas solo por el hecho de denunciar. Terrible. No es solo la impunidad ante la gravísima violación de derechos humanos, es que además la denuncia se volvía en contra de la propia víctima, es que además, a través de la tortura se han servido de autoinculpaciones e inculpaciones a terceros para encarcelar a víctimas de esta execrable práctica cuyas secuelas se siguen sufriendo aún cuando la marcas físicas han desaparecido.

Durante al menos 50 años, lo más fácil, lo políticamente correcto, lo conveniente ha sido negarlo o mirar para otro lado, mientras otras seguíamos siendo pasto de la violencia estructural de las comisarías con todas sus consecuencias. No se puede hablar de víctimas de vulneración de Derechos Humanos, sin mencionar la tortura y sin tener en cuenta a sus víctimas. No se puede hablar de reconocimiento del daño causado y no exigir cuentas sobre esta cuestión. Miles de víctimas que se suman a una lista demasiado larga de vulneraciones de DDHH a las que hay que reconocer, reparar y dar garantías de que esta vergüenza no se vuelva a repetir. Porque todas las víctimas son iguales en derechos.

Y he aquí el quid de la cuestión, según el inacabado informe de Etxeberria, un 7,73% de las denuncias reflejadas son contra la Ertzaintza. Y hemos oído con gran dolor, como se le ha intentado restar importancia a ese dato diciendo por ejemplo «...aunque también, afecta en menor medida a la Ertzaintza» o «...con una incidencia significativamente menor en el caso de la Ertzaintza».

Es a partir del año 95 cuando la Ertzaintza empieza a responsabilizarse de la totalidad del territorio, sustituyendo en algunas competencias a las FSE. Por lo tanto la Ertzaintza en comparación con la policía Nacional y Guardia Civil, es un cuerpo policial joven, con muchos menos años de ejercicio.

Lo grotesco es que para cuando la Ertzaintza adquiere funciones de policía «integral» ya hay muertos como consecuencia de la tortura y miles de denuncias. Por tanto si se confirman las (por el momento) 310 denuncias reflejadas en el informe estaríamos ante la reproducción de comportamientos contrarios a los DDHH que otros cuerpos han mantenido durante décadas. De mirar para otro lado a ser victimario, hay un salto cualitativo.

Esperamos que el Gobierno Vasco esté a la altura y no sólo con las víctimas y los derechos que las asisten, si no que también, parece obvio que habrá que atender al recorrido penal que hayan tenido autoinculpaciones producidas durante torturas realizadas por la Ertzaintza, si las hubiera. Jaurlaritza tendrá también que tomar medidas con los victimarios y sus responsables políticos y con el propio cuerpo policial en torno a lo sucedido. De confirmarse esos datos, no duden de que vamos a exigir se depuren todas las responsabilidades y apelaremos a una regeneración de la Ertzaintza a la vez que a una readecuación del modelo policial, que sería imprescindible para garantizar el respeto de los DDHH de toda la ciudadanía.





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