Ante la postura por parte de los regímenes de París y Madrid -este último ha llegado al extremo de criminalizar a adolescentes ante la indiferencia de la propia ONU- para obstaculizar el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción por parte de ETA, una vez más es la sociedad vasca acompañada por estamentos progresistas de la comunidad internacional la que propone pasos a seguir en ese sentido.
Aquí les compartimos el artículo al respecto publicado en Gara:
Avanzando por la senda del acto de Aiete de octubre pero recogiendo los posicionamientos nuevos desde entonces (como el paso de ETA evidenciado en los hechos de Luhuso), el Foro Social ha detallado aún más sus propuestas para el desarme de la organización, con verificación internacioinal e implicación de gobiernos y parlamentos vascos.Ramón SolaEn el acto celebrado en Aiete el pasado mes de octubre en el quinto aniversario de la Declaración, el Foro Social Permanente ya avanzó una novedosa propuesta para el desarme de ETA, que entre otras cosas conllevaba la implicación de los gobiernos y parlamentos vascos. Desde entonces se han desencadenado nuevos hechos y posicionamientos en este ámbito, especialmente la redada de Luhuso de diciembre que sacó a la luz tres cosas a la vez: que ETA había dado el paso de iniciar el desarme, que había una iniciativa civil en marcha para desarrollarlo, y que esta acción contaba con respaldo político muy mayoritario tanto al norte de Euskal Herria (manifestación de Baiona) como al sur (declaración conjunta en Bilbo).En este contexto, el Foro Social Permanente difundió ayer un documento que viene a concretar un poco más sus propuestas al respecto. Como viene ocurriendo desde ese acto de Aiete, los estados español y francés son emplazados únicamente a no torpedear los pasos que se vayan dando. Se les reitera el llamamiento a «facilitar la destrucción de armas, municiones y explosivos, o al menos a no obstaculizarla. La actual política de impedir cualquier avance mediante arrestos, control de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), etcétera, no hacen sino demorar y dificultar un proceso de desarme deseado por el conjunto de la sociedad vasca».El protagonismo absoluto en esta tarea se sitúa en Euskal Herria, con el apoyo de la comunidad internacional. Dado que ETA ha revelado que ha concluido el inventariado, se plantea que hace falta «una Comisión de Monitoreo o Verificación» de la destrucción de armamento, que se constituiría «en base a la CIV» –que lleva ya cinco años y medio trabajando con expertos de primer nivel internacional–.Dadas las necesidades de que el proceso de desarme ofrezca «seguridad» a la sociedad vasca, el Foro Social aboga en paralelo por «establecer en los parlamentos vasco y navarro mecanismos de enlace con la Comisión de Monitoreo o Verificación para hacer un seguimiento del proceso de destrucción y desarme. Se debería constituir una comisión de características similares con electos de Ipar Euskal Herria», apostilla.«Similares mecanismos» se proponen desde los gobiernos de Lakua e Iruñea. «Dadas sus competencias en materia de seguridad y orden público en los territorios autonómicos respectivos, sería pertinente que pudiesen contar con mecanismos que certificasen el desarme completo en dichas jurisdicciones», sugiere el Foro.Junto a ello, ve necesario «un marco de encuentro y enlace de los anteriores con la sociedad civil organizada». El propio Foro Social Permanente se presenta dispuesto a cooperar con todos los implicados.Y en último lugar se apuesta por «informar y tratar con instancias europeas e internacionales sobre el proceso de destrucción y desarme», desde la convicción de que «es una buena noticia para el conjunto de la ciudadanía europea».Antecedentes positivosEl documento hace un repaso de lo avanzado hasta ahora, desde el 28 de setiembre de 2011 en que se constituyó la CIV (antes incluso de la Declaración de Aiete) hasta los últimos hechos de Luhuso que constatan que se ha abierto la fase del desarme de ETA, después de un complejo proceso de sellado e inventariado que se puso en marcha a inicios del año 2014.Entre los elementos positivos que pone sobre la mesa el Foro Social Permanente figura esta posición de ETA, pero también el rotundo apoyo de los electos de Ipar Euskal Herria (600 de todas las tendencias políticas han emplazado a París); la declaración de Bilbo del 22 de diciembre en que PNV, EH Bildu, Geroa Bai, Podemos Nafarroa y la mayoría sindical tomaban posición y compromisos; la disposición expresada por Lakua desde 2014 en favor de un «cierre ordenado»; o la declaración de la Conferencia de París de junio de 2015 que instaba a las autoridades españolas y francesas a implicarse en positivo.Frente a todo ello está la realidad de los obstáculos impuestos por ambos estados, que han hecho –según el Foro– que todo este proceso «se haya venido demorando en el tiempo». Con todo, destaca que se haya llegado al inicio de la fase de desarme y que haya un liderazgo civil de fondo en todo ello.Llegados a este punto y con estas condiciones objetivas, la propuesta se plantea desde la premisa de que «urge diseñar, desarrollar y culminar un proceso de desmantelamiento y desarme» y que hace falta una implicación multilateral para conseguirlo.Actores con quienes se reúneEn este informe el Foro Social Permanente da a conocer además con qué agentes se ha reunido. No está entre ellos David Pla, delegado de ETA para la resolución, preso en París, dada la negativa del juez a permitirlo.Sí se ha entrevistado, «al más alto nivel», con el Gobierno de Lakua y el de Iruñea, así como con la presidenta del Parlamento navarro. Por lo que respecta a las formaciones políticas, subraya que ha solicitado reuniones a todas. En la CAV se ha sentado con PNV, Podemos, EH Bildu, Sortu, PSE y Ezker Anitza-Izquierda Unida; en Nafarroa, con Geroa Bai, Podemos, EH Bildu, PSN e I-E.Por lo que respecta al ámbito sindical y social, entre sus interlocutores están ELA, UGT, LAB, CCOO, Steilas, ESK, EHNE, Sare, Etxerat, Baketik, Ahotsak, Egiari Zor, Gernika Gogoratuz, Gernika Batzordea, Bilgune Feminista, Mundubat... junto a «numerosas personas a título individual».Las conclusiones de esta ingente tarea de interlocución son positivas: «Constatamos que hay acuerdo entre todos los actores en avanzar en un proceso de desarme completo mediante la destrucción de los arsenales de ETA», «debe hacerse en un plazo razonable y con un calendario acordado» y «debe ser internacionalmente verificado y dar seguridad de su realización al conjunto de la sociedad vasca y sus instituciones, así como a los estados involucrados».Las aportaciones de Urkullu y AyraultEl Foro Social añade un par de apuntes concretos en referencia a dos tomas de posición institucionales. La primera es la propuesta del lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, al Gobierno español de una «participación delegada» en el proceso de desarme, verbalizada en varias entrevistas en diciembre. El Foro lo considera positivo, aunque matiza que esta apelación a Madrid «debería incluir un acuerdo de garantías de seguridad hacia todos los participantes en el proceso».La segunda se refiere a las declaraciones del ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, el 10 de febrero en Biarritz, y que insinuaban una apertura. El Foro Social Permanente dice querer ver «un gesto» pero asegura que los datos de que dispone sobre la voluntad de París van en sentido contrario. «¿Habla a título particular o como representante del Gobierno? –pregunta a Ayrault–. Si representa un cambio de posición, desde la sociedad civil estamos dispuestos a acompañarlo».Criterios «para seguir avanzando»Seguridad para con la población«Hablamos de un proceso de destrucción de armas, municiones y explosivos, por su naturaleza peligrosos (...) No se puede hacer de cualquier manera. Hay que evitar riesgo alguno».Control completo de armas y explosivos«Un proceso así exige que haya un control sobre el armamento y explosivos para que se pueda dar seguridad de que el mismo es completo y nada ha quedado sin control. Es en interés de la sociedad que las armas y explosivos sean completamente destruidos y no terminen en terceras manos».Transparencia en la medida de lo posible«El proceso, por tratarse de desarme de organizaciones ilegales, debe ser llevado a cabo por personas huidas de la justicia, y requiere de grandes medidas de discreción y seguridad sobre el cuándo, el quién o el cómo. Sin embargo es necesario que al mismo tiempo haya transparencia sobre el qué».Sostenibilidad en el tiempo y calendario«Si deseamos un proceso controlado y que dé seguridad a la sociedad, esto implica que sea sostenible en el tiempo, sin dilaciones indebidas. Ciertamente este tema está relacionado con otros aspectos como la seguridad pero es necesario tenerlo en cuenta».Entorno seguro para los involucrados«No hay proceso de desarme en el mundo que se haya realizado mientras las personas involucradas o las facilitadoras corran el riesgo de ser detenidas, apresadas o algo peor».Legitimidad de los actores, mandatos claros«Los procesos de desarme requieren de participación externa y ello exige que los mismos tengan mandatos claros, acordados entre las partes. Así, en el caso de la CIV, su primer mandato fue verificar el alto el fuego y posteriormente verificar la puesta de fuera de uso operativo de armas, explosivos y municiones».Consentimiento y voluntad de los afectados«Los procesos de desarme suelen ser procesos voluntarios en los que las organizaciones armadas por propia voluntad, dentro o no de más amplios procesos, consideran llegado el momento de dar ese paso. Sin el consentimiento de los directamente afectados no estamos hablando de un proceso de desarme. Es el carácter voluntario el que da solidez al proceso, dado que es reflejo de una voluntad decidida de dar fin a un ciclo».Monitoreo internacional«El propio carácter de los procesos violentos implica que pasos como el desarme solo puedan darse en la mayoría de las ocasiones con una involucración internacional que garantiza un desarrollo neutral del mismo. La participación de terceras partes neutrales facilita estos procesos».Participación de la sociedad civil«Consideramos que un proceso de desarme es un proceso de tal alcance y significación para un país que ha vivido y vive la violencia y la polarización que ello conlleva, que la participación de la sociedad, de un modo u otro, con el objetivo que pueda certificar su cumplimiento, es un valor en sí mismo».
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