Les invitamos a leer esta nota publicada en la página de Cuarto Poder.
La misma no es de 1940 ni mucho menos, es del pleno siglo XXI, el año es el 2016.
Lean ustedes:
Estamos en Barcelona en la primavera del año 2013, en un contexto de recortes presupuestarios, subida de tasas universitarias y despidos en el profesorado.
En esas, un grupo de estudiantes y algunos profesores ocupaban el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Entre ellos, Ermengol Gassiot, actual secretario general de CGT en Cataluña y, en aquel momento, delegado y miembro del comité de empresa de la UAB. Tras tres semanas de protesta sin incidentes de relevancia, la ocupación se levantó y los acampados recogieron los sacos de dormir y se marcharon a casa.
Hasta aquí, todo normal; pero ayer la CGT informó en un comunicado de que había recibido un escrito de la Fiscalía en el que se suceden “imputaciones delirantes y aberrantes” y se acumulan peticiones de prisión que llegan hasta los 11 años y cinco meses tanto para Gassiot como para 25 estudiantes y un trabajador del PAS (pesonal de administración y servicios).
CGT denuncia que la Universitat Autònoma de Barcelona se ha personado como acusación particular en el procedimiento y que se trata “de la primera vez desde el franquismo que una universidad pública denuncia penalmente a un profesor y a un miembro del PAS por su práctica político-sindical”. Y subraya también que es una situación casi inédita que una universidad pública haya denunciado penalmente a sus propios estudiantes. “Esta brutal represión y las peticiones fiscales basadas en la revancha ideológica tienen como objetivo amedrentar a los estudiantes, a la comunidad universitaria y a la población en general”, denuncia el sindicato anarquista.
Ermengol Gassiot va más allá y en declaraciones a cuartopoder se pregunta: “¿De dónde procede esa petición disparatada del Ministerio Fiscal? ¿Tiene motivaciones políticas? ¿Siguen con su táctica perversa de criminalización de la disidencia y del sindicalismo de confrontación?”
Además, Ermengol recuerda que, al margen de las consideraciones políticas, el escrito de la fiscalía afecta a 25 estudiantes, “la mayoría de ellos ya no lo son”, que van a tener que afrontar un “proceso judicial costoso, injusto y absolutamente desproporcinado” que puede poner patas arriba sus vidas… Seguiremos el delirante caso…
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