martes, 14 de octubre de 2014

Ordeñando la Vaca

La oligarquía española requiere de la lealtad de las fuerzas represivas y de las diferentes instituciones que tiene a su servicio para así poder sostener el régimen fascista que impusieron en 1939.

Ciertas lealtades se logran a través del adoctrinamiento ideológico implementado tanto desde el ámbito educativo como desde el contexto mediático. Otras lealtades solo se obtienen a cambio de treinta monedas de plata, como nos muestra esta nota publicada en el Diario Vasco donde se le muestra a la sociedad del pueblo español como hay quienes lucraron y lucran monetariamente con el "gran ogro"... ETA.

Lean ustedes:

10.000 personas cobran 'plus anti ETA' en la CAV y Navarra

Jueces, fiscales, policías, funcionarios del Ministerio del Interior, entre otros, perciben incentivos de peligrosidad por la amenaza terrorista y el rechazo social

David S. Olabarri

Unas 10.000 personas perciben en Euskadi y Navarra un plus económico de peligrosidad derivado de la amenaza de ETA y el rechazo de una parte de la sociedad. Casi tres años después de que la banda terrorista anunciase el final de la violencia, estos incentivos son percibidos fundamentalmente por una parte importante de los funcionarios vinculados a la administración del Estado, aunque también hay otros trabajadores de empresas privadas que también los cobran. Jueces, fiscales, policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones, periodistas y administrativos dependientes del Ministerio del Interior son algunos de los trabajadores que empezaron a percibir unos pluses a medida que ETA iba extendiendo su amenaza a distintos ámbitos de la sociedad. En algunos casos, estos complementos salariales vienen acompañados de otras ventajas, como la posibilidad de disponer de entre 21 y 31 días más de vacaciones, un derecho que el Gobierno central trató de eliminar en julio de 2012.

Los pluses de peligrosidad comenzaron a generalizarse en la década de los 80 entre las fuerzas de seguridad. Eran los 'años de plomo', la banda terrorista mataba cada año a decenas de personas, sobre todo policías y guardias civiles, y el Gobierno central tenía serias dificultades para encontrar agentes dispuestos a trabajar en el País Vasco y Navarra. A partir de ahí, estos incentivos se extendieron de forma desordenada a otros colectivos, a medida que ETA iba introduciéndolos en su abanico de objetivos y obligaba a las instituciones a adoptar diversas medidas para garantizar su seguridad, como los servicios de escolta.

La casuística es muy variada y, además, no existe una norma común que regule estos complementos salariales, que pueden oscilar entre los 150 y los 640 euros brutos al mes en función de los distintos grupos y las categorías profesionales. Cada parte de la administración gestiona de forma independiente estas gratificaciones, que tienen nombres distintos aunque se refieran, en realidad, a un mismo concepto. En algunos casos, pasaron hace años a engrosar el sueldo base de los trabajadores. En otros, han sido directamente suprimidos. Y en otros siguen apareciendo en las nóminas bajo un epígrafe singular. Los sindicatos insisten en que, por mucho que ya no exista una amenaza directa de ETA, estos pluses son una suma «necesaria para reducir la brecha» salarial entre los funcionarios que dependen del Estado y los del Gobierno Vasco.

El Ministerio de Defensa -que no ha querido realizar declaraciones sobre este asunto- decidió hace tres o cuatro años eliminar este plus, en este caso denominado «de destino». Según las fuentes consultadas por este diario, los militares de base que operan en Euskadi -soldados, cabos y cabos primero- percibían 300 euros mensuales en sus nóminas por la «constante amenaza de ETA».

Esta cantidad de dinero se incrementaba al mismo tiempo que se ascendía en el escalafón. Los miembros de las fuerzas armadas que cogían la baja dejaban de percibir el plus y, al contrario de lo que sucede en otros colectivos, «nunca» han gozado de días de vacaciones adicionales por estar destinados en «zona conflictiva».

Ertzaintza y militares

El Gobierno Vasco también anunció en septiembre de 2013 la supresión del denominado plus antiterrorista que percibían unos 500 ertzainas de la antigua División Antiterrorista y algunos pocos de Seguridad Ciudadana. Este plus empezó a pagarse a raíz del asesinato en noviembre de 2001 de dos ertzainas -Ana Isabel Arostegi y Francisco Javier Mijangos- que regulaban el tráfico en una rotonda de Beasain. Las últimas gratificaciones -en este caso su periodicidad era de carácter anual- se desembolsaron en 2012 y ascendieron a un total de 200.000 euros.

La mayoría del resto de colectivos siguen percibiendo estas remuneraciones. El año en el que arrebataron la vida a los dos ertzainas de Beasain supuso un hito en la proliferación de los 'pluses anti ETA', que ya llevaban varios años extendiéndose a otros colectivos. Esta escalada coincidió en el tiempo con la generalización de los servicios de escolta, cuando las administraciones tuvieron que recurrir a guardaespaldas privados ante la imposibilidad de hacer frente a las necesidades de protección con sus propios recursos policiales. Hay varias fechas clave en este proceso. La primera fue el asesinato de José María Lidón, magistrado de la Audiencia de Bizkaia, en noviembre de 2001, cuando salía del garaje de su vivienda en Getxo. La segunda, el asesinato ese mismo año de Ramón Díaz, un cocinero de la Comandancia Marina de San Sebastián.

Según explican fuentes judiciales, el Gobierno central tomó entonces dos medidas para hacer frente a la amenaza de ETA hacia los miembros de la judicatura: la asignación de escoltas y el abono de unos pluses que, en principio, se denominaban de «penosidad». Estos complementos específicos, que también se abonan por otros motivos en Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla, empezaron a pagarse a los jueces y fiscales del País Vasco y Navarra, y al cabo de un tiempo se incluyeron a los secretarios judiciales. Este sobresueldo ronda los 300 euros mensuales y lo perciben unos 600 funcionarios de las dos comunidades.

Según insisten los mismos medios, esta suma de dinero nunca ha sido un factor que «compense» la presión que ha supuesto trabajar sintiéndose en la diana de una banda terrorista. A los miembros de la judicatura también se les concedió la posibilidad de disponer de unos días de permiso extra. Pero esta medida, que resultó de «difícil aplicación» en este colectivo por la necesidad de buscar interinos, se suprimió «antes» de que ETA anunciase su renuncia a utilizar las armas en octubre de 2011. Este colectivo ha sufrido ya la drástica reducción general que se ha aplicado en los servicios de escolta, que se limitan desde hace unos meses a proteger a los máximos representantes institucionales y a algunos casos especiales.

La otra fecha clave de 2001, la muerte de Ramón Díaz, se sumó a otro atentado en 1996 contra otro cocinero que trabajó en el cuartel de la Policía en San Sebastián. Aquellos crímenes extendieron una gran preocupación entre el personal civil subcontratado en los cuarteles y en las sedes de algunos ministerios. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de la limpieza, que comenzaron a reclamar judicialmente los mismos incentivos por riesgo que percibían los agentes.

«Caíamos como moscas»

Y es que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil -que suman cerca de 4.500 efectivos en Euskadi- fueron prácticamente los primeros en recibir estos complementos en una época en la que «nadie quería venir a Euskadi porque caíamos como moscas». A mediados de los 90, se extendieron estos complementos -de entre 150 y 300 euros- y los días de permiso extra a los funcionarios de prisiones para tratar de contrarrestar la ofensiva de ETA contra este colectivo. «En la década de los 80, cuando a alguien le ponían una falta muy grave tenía dos opciones: o se arriesgaba a una expulsión o le mandaban al País Vasco», recuerda un policía veterano. Entre los agentes de base de la Policía Nacional este plus de peligrosidad -que en 2010 pasó a denominarse de territorialidad- asciende a unos 640 euros brutos al mes. El País Vasco y Navarra son las dos comunidades en las que más se paga por este complemento, que también se concede en Madrid (173 euros), Barcelona (52 euros), en Baleares (137) y en Melilla (50 euros). En la ciudad autónoma, sin embargo, se paga un plus de residencia (535 euros).

Los policías también disponen de 30 días de permiso de «especial descanso» o «descanso psicológico» por operar en «zona conflictiva» -en el caso de la Guardia Civil son 15-, una atribución que también disfrutan los trabajadores vinculados a Interior. Esta medida, que el Gobierno central ya intentó suprimir en julio 2012, se concedió para que los funcionarios de otras comunidades pudiesen encadenar más días libres en sus hogares. Entre amplios sectores de la función pública se teme que el Ministerio del Interior vuelva a intentar eliminar estos días adicionales de vacaciones. Fuentes del Ejecutivo de Rajoy aseguran que «no hay novedades» sobre esta cuestión.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) del País Vasco insiste en que, más allá del hecho de que «ETA todavía no ha entregado las armas», estos complementos se pagan también por el «rechazo» que sufren todavía hoy los miembros de estos cuerpos policiales en Euskadi. Además, denuncian la «brecha salarial» que sufren ya respecto a la Ertzaintza y a los funcionarios que dependen del Gobierno vasco en general. «La mayoría tiene hijos que no pueden decir en qué trabajan sus padres. Con un sueldo base de 700 euros, ya cobramos bastante menos. Pero si quitan estos complementos ganaríamos 1.000 euros menos que un ertzaina. Nadie querría trabajar aquí. Sería una forma de expulsar a la Policía Nacional del País Vasco», señalan desde el sindicato.



O sea, todos los mencionados en el texto se forran las talegas con euros que otros ganan con el sudor de su frente al tiempo que mantienen viva una amenaza que nunca existió para el pueblo llano, solo para los altos rangos dentro del régimen y para sus colaboradores en las instituciones del estado, los consorcios noticiosos, los ámbitos criminales de distribución de narcóticos y las corporaciones policíacas.

Todo esto a tres años, tres largos años desde que ETA diera a conocer el fin de su lucha armada y su compromiso para con un proceso de paz, mismo que ha sido obstaculizado por acción u omisión por ese mismo régimen que se dice víctima de la violencia generada por "la banda".

Ladrones, diez mil cínicos ladrones, es lo que son.




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