viernes, 29 de diciembre de 2017

Keiko la Vulgar Ladronzuela

La historia tiende a repetirse, a replicarse, una y otra vez.

Murió la principal apologista de Francisco Franco Bahamonde y tanto medios noticiosos como redes sociales se han hecho eco de las acusaciones que pesaban sobre la individua por haber dedicado su vida a administrar lo robado durante décadas por su sanguinario padre.

Y siguiendo con la comparación que hicieramos con aterioridad, pues resulta que Keiko Fujimori resultó tan corrupta como su amado padre, el misógino Atila Andino.

Les invitamos a leer este artículo publicado en La Jornada:


El escándalo de la constructora brasileña tiene al país en crisis política

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora Keiko Fujimori fueron interrogados por la fiscalía este jueves debido a presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebretch, centro de un escándalo de corrupción que ha remecido a la región.

Las declaraciones tuvieron lugar casi en simultáneo con una protesta en rechazo al indulto del ex presidente Alberto Fujimori, padre de Keiko, y sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, cuya reciente excarcelación es percibida como un "canje político" para evitar la destitución de Kuczynski.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro interrogó a Kuczynski en la casa presidencial por el pago de más de 782 mil dólares que Odebrecht realizó a su consultora financiera Westfield Capital cuando el mandatario era primer ministro del gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Según la ley, Kuczynski no puede ser acusado hasta que concluya su mandato, en 2021, pero sí puede ser convocado como testigo para que aclare los vínculos de su empresa con la gigante brasileña de la construcción, que admitió haber sobornado a funcionarios peruanos para obtener jugosos contratos.

El interrogatorio que se iba a realizar hace una semana fue suspendido por la sesión en el Parlamento en la que el partido Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, buscó destituir a Kuczynski por los vínculos de la empresa del mandatario y Odebrecht. Al final, el presidente se salvó gracias a que una facción minoritaria del partido fujimorista se abstuvo de votar por su destitución. Tres días después Kuczynski indultó al ex presidente Fujimori (1990-2000).

Keiko Fujimori respondió ante el fiscal Domingo Pérez por supuesto lavado de activos, luego de que investigadores brasileños encontraron una anotación en el celular de Marcelo Odebrecht con la frase "aumentar Keiko para 500", escrita antes de los comicios presidenciales de 2011 en los que Fujimori fue derrotada por Ollanta Humala. Marcelo Odebrecht dijo a la fiscalía peruana que su compañía dio dinero a Keiko Fujimori, sin ofrecer más detalles.

La lideresa de Fuerza Popular ingresó a paso rápido a la fiscalía mientras unos 20 simpatizantes le gritaban: "Keiko no estás sola". Fujimori negó que ella o su partido hayan recibido dinero de la empresa brasileña, pero no ha asistido a tres citaciones anteriores de la fiscalía.

Como en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a todos los presidentes y líderes políticos clave desde el año 2000.

Sobre el ex presidente Toledo pesa una orden de captura internacional. Alan García (2006-2011) está bajo investigación por soborno y Humala (2011-2016) está en prisión provisional por 18 meses.

En ese contexto, agrupaciones políticas y sociales marcharon en Lima para manifestar su indignación con la consigna: "el indulto es insulto", en protesta por el perdón concedido a Alberto Fujimori.

Los manifestantes se congregaron a partir de las cinco de la tarde (hora local) en la Plaza San Martín y marcharon por calles del centro histórico.

Abogados de las víctimas y de organismos defensores de los derechos humanos se preparan para tratar de conseguir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, anule el polémico indulto que Kuczynski concedió en la víspera de Navidad.

"La Corte sí puede disponer de la anulación de disposiciones normativas o jurisprudenciales internas" de Perú, señaló Carlos Rivera, abogado de las víctimas, quien recordó que el propio tribunal interamericano dispuso "que se investigue, juzgue y sancione a todos los involucrados" en las dos matanzas perpetradas por paramilitares en el gobierno de Fujimori: la de Barrios Altos, en Lima (3 de noviembre de 1991), y la de La Cantuta (18 de julio de 1992).






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