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martes, 26 de diciembre de 2017

El Indulto Moviliza a Perú

Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori actuaron con premeditación, alevosía y ventaja, mostrando al mundo entero a que grado se puede ensuciar la vida política de un país cuando llegan a pactos de dudosa honorabilidad.

Con respecto a las reacciones causadas por el indulto concedido al genocida Alberto Fujimori, les compartimos este artículo publicado en la página de La Nueva Revolución:


Miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de Perú para protestar por el indulto concedido por el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario Alberto Fujimori. La marcha más multitudinaria, con unas 6.000 personas, se celebró en Lima y terminó con al menos un detenido. La Policía lanzó gases lacrimógenos a pesar de que se realizaba de manera pacífica.

La concentración quiso dirigirse hacia el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo peruano, o a la clínica donde permanece hospitalizado Fujimori, pero terminó ante el Palacio de Justicia frente a la negativa de las autoridades de permitir la marcha a dichos lugares.

Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de cárcel por la autoría mediata de las matanzas de 25 personas en 1991 y 1992 perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Kuczynski firmó el indulto solo tres días después de salvar su cargo en la votación del Congreso gracias a la abstención de diez fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario, que anteriormente había pedido de manera abierta al presidente indultar a su padre.

El indulto está sustentado por razones humanitarias, al considerarse que Fujimori, de 79 años, padece una enfermedad no terminal grave, degenerativa, progresiva e incurable, cuyas condiciones se agudizan en prisión.

Según el informe de la junta médica que recomendó el indulto, Fujimori padece fibrilación auricular paroxística, hipertensión, insuficiencia mitral, cáncer de lengua del que ha sido operado en seis ocasiones y una hernia lumbar.

Fujimori se encuentra actualmente en una clínica de Lima, donde este domingo (24.12.2017) recibió la noticia del indulto acompañado de sus hijos, tras haber sido trasladado el viernes desde la prisión donde cumplía su condena, y a la que ya no volverá cuando termine su hospitalización.


A este respecto, Gara ha publicado este comentario editorial:

Corrupción e impunidad se dan la mano
El expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido indultado evocando por razones humanitarias por el actual presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski. Ocurre tan solo tres días después de que este salvara una moción de censura en el Parlamento –motivada por una acusación de corrupción– gracias a la abstención de varios diputados del partido liderado por la hija de Fujimori. El indulto confirma los rumores sobre el acuerdo entre el actual presidente y los hijos de Fujimori para intercambiar el perdón a su padre por el apoyo necesario para que el actual presidente retuviera el puesto.

En este país sabemos mucho sobre el derecho que asiste a los presos gravemente enfermos a afrontar su dolencia fuera de prisión. Sin embargo, Kuczynski ha ido más allá al perdonar la pena a la que fue condenado Fujimori por los crímenes que cometió. Indulto que además conlleva una gracia presidencial que libra al expresidente de todos los procesos penales que tenía abiertos. De esta manera se garantiza al exmandatario la impunidad y se dejan sin investigación ni castigo otros crímenes que pudiera haber cometido durante su mandato. No habrá verdad, ni justicia, ni reparación, lo que ha provocado la lógica indignación de las víctimas y de las organizaciones de izquierda que apoyaron al actual mandatario peruano. Nada ha suavizado la reacción el hecho de que haya permitido a otro expresidente, Ollanta Humala –en prisión acusado de corrupción–, reunirse con su mujer, también presa.

Se trata de un ejemplo más de la ligazón entre corrupción e impunidad que rodea a gobiernos de todos los países del mundo, donde se intercambian favores para que las violaciones de los derechos humanos cometidas desde el poder queden impunes. En las altas esferas del poder todo se ha convertido en objeto de negociación y compraventa, lo que ha transformado al Estado en una estructura de corrupción económica y moral que debilita profundamente la democracia.






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