jueves, 9 de febrero de 2017

La CAV Rechaza la Técnica Traición

En este artículo publicado en Noticias de Álava se hace un recuento de el rechazo que ha causado entre las formaciones políticas vascas el convenenciero dictamen por parte de los pupilos de Fernando Martí, mandamás del CSN y compinche de La Zarzuela en el asunto de la planta nuclear de Garoña.

Aquí lo tienen:


Reclaman al Gobierno que "atienda" a la mayoría social y no ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos

Los partidos vascos, salvo el PP, han expresado su rechazo al aval del  Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la reapertura de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Euskadi, y han reclamado al Gobierno central que no permita que la planta reinicie su actividad, ante el "riesgo" que eso implicaría para la seguridad y la salud de los ciudadanos.

El PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE han reaccionado de forma muy crítica con la decisión del CSN de emitir un dictamen favorable sobre la concesión de una nueva autorización de explotación para la central nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua de España y que permanece inactiva desde 2012.

El PP, por su parte, ha afirmado que el Gobierno central -al que corresponde adoptar una decisión definitiva sobre este asunto- actuará de forma " lógica" y de acuerdo a criterios de "seguridad y racionalidad".

Desde el PNV, el parlamentario Juan Carlos Ramírez-Escudero ha denunciado que esta es una "grave y pésima noticia" que va "en contra de la voluntad mayoritaria" expresada de forma reiterada por la ciudadanía y las instituciones de Euskadi, comunidad autónoma a la que pertenecen los municipios más poblados que se encuentran próximos a Garoña.

Ramírez Escudero ha asegurado que la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear es un "ataque directo" a Álava, el territorio vasco más cercano a Garoña, y supone "una amenaza inasumible para la seguridad de sus habitantes". Este parlamentario ha recordado que la central lleva cuatro años parada por decisión de sus propietarios (Endesa e Iberdrola), y ha lamentado que ahora el CSN "les abra la puerta para poder seguir operando 16 años más".

La central -ha recordado- ha superado "con creces" sus 40 años de vida útil, por lo que ha reclamado "el cierre inmediato y sin condiciones" de la planta. Ramírez Escudero ha recordado que, pese al aval del CSN, la decisión definitiva sobre la concesión de un nuevo permiso de actividad corresponde al Gobierno central, por lo que ha pedido al gabinete de Mariano Rajoy que "tenga en cuenta" el rechazo de las instituciones vascas y de la ciudadanía de Euskadi a la reapertura de Garoña.

"Vieja y peligrosa"

"Pedimos que se actúe desde la responsabilidad y se piense en clave de seguridad", ha subrayado. El parlamentario ha destacado que ésta es una central "vieja y peligrosa", que tiene la misma tecnología que la planta de Fukushima (Japón), en la que se produjo un accidente que dio lugar a una gran catástrofe nuclear en 2011.

El representante del PNV ha mostrado su deseo de que, se les conceda o no la licencia, Endesa e Iberdrola acaben renunciando a reabrir Garoña por "problemas de viabilidad económica", ya que podría darse el caso de que las inversiones que tuvieran que acometer para reiniciar la actividad de la central no fueran compensadas por los potenciales ingresos que se obtendrían.

"Disparate"

Desde las filas de EH Bildu, Mikel Otero ha asegurado que lo ocurrido en el CSN "es un disparate, un escándalo y una provocación social, política y jurídica". El representante de la coalición soberanista considera que lo que hay que hacer ahora es realizar "toda la presión" posible para evitar que el Ministerio de Industria conceda la licencia para que la central vuelva a operar.

Otero ha criticado el "órdago" del CSN al adoptar una decisión tan "temeraria" como ésta, que ha atribuido al hecho de que el Consejo de Seguridad Nuclear es un órgano "al servicio" del Gobierno central y del "oligopolio" de las empresas del sector de la energía. "A éstas -ha denunciado- sólo les importa la especulación y los ingresos económicos", por lo que no tienen en cuenta "la salud ni el medio ambiente".

El parlamentario de EH Bildu ha alertado de que la seguridad de los ciudadanos estará "en peligro" si Garoña vuelve a abrir sus puertas, por lo que ha emplazado a los partidos, las instituciones y a todos los vascos a "arrimar el hombro" y dar una respuesta conjunta "desde una perspectiva de país". "Garoña se ha convertido en una cuestión de país, y exige una respuesta conjunta desde la calle y las instituciones", ha subrayado.

Otero ha pedido que se "acelere" el mandato del Parlamento vasco para que el Gobierno autonómico analice las fórmulas y los "mecanismos jurídicos" que puede haber para impedir que se reanude la actividad nuclear de la central burgalesa. "El momento es muy peligroso y complicado", ha advertido.

"Graves diferencias"

Por parte de Elkarrekin Podemos, Joserra Becerra ha criticado que el CSN hada dado su aval a Garoña, pese a las "graves deficiencias" de la planta. La decisión, según ha dicho, ha tenido un carácter "político" y no técnico.

Becerra ha recordado que el pronunciamiento definitivo sobre la concesión de una nueva licencia de actividad para la planta corresponde al Gobierno central, y que, en caso de que se conceda, serían los propietarios de Garoña los que deberían decidir si reabren o no las instalaciones.

Por ese motivo, y en referencia a la presencia de excargos políticos en los consejos de administración de Endesa e Iberdrola, ha emplazado al PNV, al PSE-EE y al PP a que "muevan los hilos" y las "puertas giratorias" en defensa de los intereses de los ciudadanos, en lugar de hacerlo para proteger los "intereses económicos" de esas grandes compañías. Becerra ha lamentado que en el caso del PNV y el PSE, su postura frente a Garoña se limite a un "rechazo formal", dado que no utilizan "todas las medidas" que tienen a su alcanza para impedir su reapertura.

Desde el PSE, José Antonio Pastor ha mostrado el "rechazo" de su partido a la decisión del CSN, que ha calificado de "incomprensible", ya que -según han denunciado los propios técnicos de este organismo- los propietarios de Garoña "no cumplieron" los requisitos que se les exigieron en 2015 para mejorar la seguridad de la central.

"Presiones del PP"

Pastor ha rechazado "cargar las tintas" en el Consejo de Seguridad Nuclear, que, según ha dicho, se ha visto "presionado" por el Ejecutivo del PP. El parlamentario socialista ha recordado que la decisión "política" y definitiva sobre este asunto corresponde al Gobierno central, al que ha reclamado que "atienda" a los ciudadanos y no autorice la reapertura de la plantas.

El parlamentario del PSE ha asegurado que no comparte la decisión de apoyar el informe favorable a la reapertura adoptada por una de las dos miembros del Consejo del CSN designadas a propuesta del PSOE, de la que ha destacado que "no está afiliada" al Partido Socialista. Pastor ha recordado que la exministra socialista Cristina Narbona sí ha votado en contra de ese informe.






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