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viernes, 2 de marzo de 2018

Higiene Democrática Antifranquista

Hay quienes quieren tapar el sol con un dedo diciendo que la memoria histórica solo busca "abrir viejas heridas". Hay quienes por congruencia democrática acertadamente insisten en que para verdaderamente cerrar un capítulo la defensa de la verdad y el reconocimiento del daño causado deben primar.

Les invitamos a leer esta misiva dada a conocer en Noticias de Navarra:


Marisa de Simón e Iñigo Rudi | Coordinadora de Izquierda Unida en Navarra y portavoz de Batzarre

Tardar tanto en afrontar las tareas de la represión franquista hace que, a veces, lo tengamos que hacer a saltos y por capítulos. Porque son tantas las cosas que encarar que hay mucha justicia por hacer. Navarra fue pionera en esto del meter la pala en las cunetas, y ha sido pionera en legislar sobre la memoria histórica. Aquí aprobamos una Ley Foral en 2013, después vino Valencia, Andalucía y Aragón.

Ser pioneros hace que haya asuntos que en la ley navarra no se abordaron de forma conveniente o que simplemente se olvidaron. Y sin embargo, que una ley como la navarra saliera de las entrañas mismas de las asociaciones de familiares, tuvo la virtud de resolver bien asuntos que tenían que ver con la práctica concreta. Ese es por ejemplo una de la deficiencias de la Ley estatal de Memoria Histórica, que quien la redactó no tenía mucha práctica en hacer exhumaciones, y se nota.

En el caso, por ejemplo, de la ley valenciana, no contemplaron adecuadamente, a nuestro juicio, el asunto de los desaparecidos exhumados pero no reclamados. Cuestión que se resuelve de forma impecable y práctica en la ley navarra;todas aquellas personas asesinadas que han sido exhumadas pero no hay familiares que las reclamen irán a un panteón construido para ello en el cementerio de Pamplona, con honores, homenajes y una placa que los reconozca.

En junio del año pasado, la Ley Foral de Memoria Histórica contempló el caso de los bebés robados. Fue un olvido imperdonable, que tratamos de corregir con un texto consensuado con las víctimas de ese robo sistemático y atroz. Y conseguimos dotar de derechos y justicia la búsqueda de esas familias. En esta ocasión Navarra también fue la primera.

Sin embargo, a cinco años de la aprobación de la ley foral nos quedamos cortos al menos en dos cuestiones: la protección y cuantificación de los lugares de la memoria y la concreción de la retirada de los símbolos franquistas. La primera de las cuestiones ya lo ha resuelto el Gobierno de Navarra de forma acertada. La segunda la hemos tratado de enmendar con una ley propuesta por Izquierda-Ezkerra.

La retirada de los símbolos franquistas supone una obligación en todos los sentidos; por higiene democrática, por respeto a las víctimas, por sensibilidad, por renovar los espacios urbanos…

Cuando el Gobierno de Navarra envió una circular a todos los ayuntamientos para realizar el censo de símbolos franquistas la respuesta fue justa; sólo el 52% de los ayuntamientos respondió y se contabilizaron 300 símbolos o menciones. Y suele ser habitual que en algunos pueblos haya cierta resistencia de los alcaldes a retirar símbolos, menciones en las iglesias o nombres de calles. Y, desgraciadamente, esto afecta a ayuntamientos de todos los colores, desde los pueblos de Leizaran hasta Buñuel todavía hoy hay calles en las que siguen presentes los vestigios franquistas.

En este sentido, hay que tener en cuenta que una sociedad proyecta sus valores, su visión colectiva sobre el espacio urbano. Por eso resulta relevante que en el callejero cada vez haya más nombres de mujeres, o que se le haya puesto el nombre de Maravillas Lamberto a la plaza principal de Lezkairu. Es ahí donde se visualizan los cambios sociales, los valores, el proyecto de sociedad. La iconografía, el panorama urbanístico y las menciones especiales resumen ese imaginario colectivo.

Y los símbolos franquistas también quisieron jugar ese papel en el espacio público. Porque se pusieron en todos los sitios como herramienta de imposición, de huella, de recordatorio ante la victoria humillante. Una calle en el barrio de Lourdes a un falangista no sólo tenía el efecto del homenaje personal o individual, el objetivo principal era el de imponerse en el recuerdo y en el espacio urbano. Esa es también, y no otra, la función del monumento a los caídos de Pamplona.

Por lo tanto todas las sociedades tienen su memoria, su imaginario colectivo. Unas veces está más copada por una versión oficial interesada que frivoliza los episodios trágicos, otras sin embargo esta memoria o versión oficial se adecua a los tiempos actuales. Y de eso hablamos, de que nuestra memoria urbana se tiene que adecuar a un nuevo tiempo y una nueva sensibilidad.

Por eso hemos creído importante introducir un régimen sancionador para quien no quiera quitar símbolos franquistas. Porque algo tan básico como esto no puede estar sujeto a la voluntad arbitraria de quien en un momento concreto preside un ayuntamiento. En muchos pueblos los símbolos o calles franquistas se han quitado por la insistencia y la tenacidad de los familiares, pero eso resulta agotador, porque esa iniciativa debería partir del propio ayuntamiento, gobierne quien gobierne. Y eso es lo que pretende esta nueva ley que presentamos, agilizar la retirada de símbolos franquistas.

En nuestra sociedad, tras el franquismo se paso página sin más, como si nada de lo anterior hubiera pasado. Como si la sociedad española no hubiera sufrido una guerra civil, ni miles de fusilamientos, ni una cruenta dictadura. Y el espacio público continuó homenajeando a los victimarios, ya es hora de cambiar esa mirada también a nuestras calles, a nuestras placas, a nuestros símbolos.





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