viernes, 29 de septiembre de 2006

La Lingua Navarrorum y la Impuesta

Esto nos llega gracias a Mikel:

Navarra y sus lenguas

Miguel Izu*

Navarra cuenta en su patrimonio cultural con dos lenguas, euskera y castellano. Es responsabilidad de toda su ciudadanía y sus instituciones preservar esa diversidad de su patrimonio lingüístico y, en particular, promover medidas adecuadas para proteger el euskera, la lengua más necesitada por ser la minoritaria. Si lo dicho hasta aquí resulta poco discutible, aparece recogido en la Ley Foral del Vascuence, más polémico resulta observar la situación de las lenguas de Navarra desde el punto de vista de los derechos lingüísticos, que aparecen reconocidos en diversas declaraciones universales y corresponden tanto a los individuos como a las comunidades lingüísticas. Consecuencia de estos derechos es la no discriminación por razón de lengua y la garantía de iguales derechos para los hablantes de las diversas lenguas, superando las situaciones de desigualdad que se producen por el juego de la existencia de lenguas mayoritarias y minoritarias.

En Navarra coexisten dos comunidades lingüísticas, la castellanoparlante y la vascoparlante. Condición necesaria para que se produzca una buena cohesión e integración política de la ciudadanía navarra es que se fomente una adecuada convivencia entre ambas comunidades, de modo que se eliminen suspicacias y sentimientos de agravio entre ellas. En este momento no se puede decir que sea así, y probablemente el malestar derive más de la actuación de las instituciones y los grupos políticos que de la sociedad civil. La mayoría de la ciudadanía tiene una percepción positiva de la coexistencia de nuestras dos lenguas y las valora como un patrimonio cultural a la vez propio y universal. Muchas de las iniciativas de protección y fomento del euskera han surgido de la propia sociedad civil, a menudo al margen o a pesar de la actividad o inactividad de las instituciones oficiales. Pero en el ámbito político se viene utilizando con frecuencia la cuestión lingüística como arma arrojadiza, como instrumento partidista y desde perspectivas sectarias.

Resulta estéril empeñarse en acusar, siempre a los otros, de politizar las lenguas, sea el euskera o sea el castellano, como instrumento partidista y vinculándolas a determinados proyectos ideológicos. Y resulta muy negativo centrar el debate en la idea de imposición de una u otra lengua. Nos lleva a una situación de bloqueo e insatisfacción general, principalmente de la comunidad vascoparlante, que no ve sus derechos suficientemente protegidos dada su situación de minoría y de no oficialidad en la mayoría del territorio navarro, pero también de parte de la comunidad castellanoparlante que teme supuestas imposiciones o discriminaciones derivadas del fomento del euskera.

El marco jurídico que regula las relaciones entre las dos lenguas, la Ley Foral del Vascuence, resulta insuficiente y no colma las necesidades y aspiraciones de la comunidad vascoparlante, la teóricamente protegida por esa normativa. Una zonificación discutible en origen y hoy indiscutiblemente obsoleta genera limitación de los derechos lingüísticos de buena parte de los ciudadanos vascoparlantes. Un desarrollo dictado en los últimos años con ánimo restrictivo que ha sufrido diversos avatares judiciales (con anulación de diversos preceptos) y una política recelosa y defensiva frente al euskera por parte del Gobierno de Navarra (eliminación de rotulación bilingüe, limitación al uso por la Administración) han contribuido a enturbiar el panorama. Añadamos que el cuadro ha variado desde la ratificación por el Reino de España de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, cuyo cumplimiento en Navarra arroja demasiadas deficiencias y aconseja, como ya ha hecho el Consejo de Europa, una revisión de la normativa y la política lingüística aplicadas. Es urgente avanzar en un debate centrado en la pluralidad, la convivencia y la interculturalidad, que nos cuesta menos plantearlo en relación con el fenómeno de la inmigración y parece que mucho más en relación con nuestros propios elementos culturales. Un debate que aborde los problemas prácticos que plantea el respeto de la minoría por la mayoría y viceversa. Que se dirija a diseñar una política lingüística más consensuada entre fuerzas políticas y comunidades lingüísticas y menos partidista y sectaria. Que avance hacia un pacto social y político que asegure un marco más adecuado y aceptable para la convivencia de ambas lenguas y que garantice los derechos lingüísticos de todos.

*Además de Miguel Izu, firman este artículo: Mikel Armendáriz, Iñaki Cabasés, Ginés Cervantes, Fermín Ciáurriz, Conchita Corera, Reyes Cortaire, Manuel Ledesma, Javier Leoz, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz, Ramón Peñagaricano y José Luis Úriz


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