Represión en Aumento

Es ya bastante notoria la posición contraria por parte del estado español para sentarse a la mesa del diálogo y lo demuestra la escalada en la violencia represiva como lo indica este artículo publicado en Gara:

La represión se ha disparado en 90 días de alto el fuego de ETA

GARA recopila los ataques de los estados en la antesala del anuncio de Zapatero

Un detenido cada tres días, un acto político prohibido cada cinco y un accidente de tráfico por la dispersión cada nueve. Estos son algunos de los datos del balance represivo de los tres meses transcurridos desde el inicio del alto el fuego permanente de ETA. En este tiempo se han producido 35 detenidos, de ellos 21 en régimen de incomunicación, y trece han acabado en prisión. Otras 23 han sido citadas en la Audiencia Nacional, una de ellas, Arnaldo Otegi, dos veces, y se han vetado 20 actos políticos. Y, en cuanto a la política carcelaria, se ha ampliado la condena a cinco presos vascos.

IRUÑEA

El 24 de marzo, día en que se puso en marcha el alto el fuego de ETA, portavoces de diversos partidos incidieron en la necesidad de que el Gobierno español desactivara mecanismos como la política carcelaria o la ilegalización. Pasados ya tres meses desde entonces ­el mismo plazo que se concedió a sí mismo públicamente el Ejecutivo de Zapatero para «verificar» el alto el fuego­, un mero cálculo numérico muestra que las prácticas represivas no sólo se mantienen intactas, sino que crecen en algunos ámbitos. Esta realidad ha quedado más patente todavía en las últimas dos semanas, donde se ha producido la mayor oleada de detenciones de los últimos tiempos, ha vuelto a cerrarse la frontera para obstaculizar la manifestación en Baiona, y se han prohibido otra marcha en Iruñea, una charla de Arnaldo Otegi e incluso una rueda de prensa.

Este es un somero balance de lo ocurrido estos tres meses, basado exclusivamente en los datos aparecidos en prensa:

Detenciones y carcel

Apenas habían pasado tres días del alto el fuego de ETA cuando la Ertzaintza detuvo e incomunicó a Dani Yaniz (luego libre) y Koldo Danborenea (en prisión), por unos hechos del año 2004. Le han seguido otras cuatro redadas:la que conllevó el arresto de Ibon Meñika y luego de Sandra Barrenetxea por la Guardia Civil en mayo; la realizada por la Policía francesa con la captura de Jon Oihenart, Ainara Goñi y Beñat Trounday el mismo mes;la que llevó a prisión a Zigor Merodio y Kizkitza Gil de San Vicente el primer día de junio;y la de la pasada semana que derivó en la incomunicación de catorce vascos.

En total, 21 personas han pasado por este régimen, y en la mayor parte de los casos el plazo se ha agotado hasta el tope legal de cinco días en el Estado español;en el francés, además, la pasada semana se ha «estrenado» la reforma que permite extender la incomunicación más allá de los cuatro días infranqueables hasta ahora.

Tras salir de esta situación, Meñika detalló haber sufrido golpes, presión en los genitales o tirones de pelo;Barrenetxea denunció que se le aplicó «la bolsa», fue desnudada y golpeada, y le amenazaron con aplicarle electrodos;y Gil de San Vicente refirió también presiones policiales en las primeras horas de arresto. Queda por conocer cómo ha sido el paso por comisaría de algunos detenidos la pasada semana que siguen incomunicados, aunque ya estén en prisión.

A estas detenciones incomunicadas hay que sumarles las de doce jóvenes detenidos en diferentes herrialdes en las concentraciones de Segi del mes de mayo, que quedaron libres más tarde.

De los 35 detenidos, han ingresado en prisión trece (a los que se suma Arnaldo Otegi tras ser citado en Madrid). Otro, Julen Madariaga, está confinado. Y sólo Otegi y Sandra Barrenetxea recobraron la libertad tras pasar por las rejas.

Política penitenciaria

La reforma legal emprendida para mantener a los presos políticos vascos en prisión tras cumplir íntegramente sus condenas tuvo como primeras víctimas a Unai Parot e Iñaki de Juana. Pero ha sido después del 24-M cuando se ha aplicado con mayor profusión. Joxe Inazio Gaztañaga, Txomin Troitinño, Joseba Artola, Jesús Bollada y Patxi Gómez han padecido la aplicación de estas fórmulas de dobles condenas que les acercan a la reclusión de por vida.

Además, en estos tres meses no ha habido traslados de presos a Euskal Herria, y los dirigentes del PSOE (como esta misma semana José Antonio Pastor) siguen condicionando cualquier acercamiento a los «avances en el proceso».

La dispersión sigue deparando un dramático goteo de accidentes de carretera. Se contabilizan diez; el más grave obligó a hospitalizar a tres vecinos de Soraluze que volvían de Alcalá (uno en la UCI);el último ocurrió anteayer.

Tampoco hay novedades respecto a otras vulneraciones de derechos. El caso más llamativo de las últimas semanas puede ser el de Ion Agirre, al que se ha vuelto a negar la libertad condicional mediante el artículo 92 pese a estar enfermo y llevar ya 25 años preso.

Extradiciones y entregas

La nueva situación tampoco ha modificado la colaboración re- presiva entre estados. Tras un larguísimo litigio, los tribunales mexicanos dieron el visto bueno a la extradición de los seis vascos presos el pasado 7 de abril, apenas dos semanas después del alto el fuego. Madrid tenía opción de no ejecutar la medida, pero lo hizo. El 18 de mayo llegaban a Barajas en un avión militar, y de ahí, a prisión.

Continúan también las extradiciones y entregas temporales. Han sido llevados al Estado español, por ejemplo, Julen Atxurra, Gregorio Vicario y Xangarin Rekondo, que quedó libre. Y los tribunales franceses han dado luz verde también a la extradición de Xabier Lareki.

Citaciones judiciales

Sin llegar a ser detenidos, al menos otros 23 ciudadanos vascos han tenido que pasar por la Audiencia Nacional. Uno muy conocido, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, lo ha hecho dos veces: la primera, apenas una semana después del anuncio del alto el fuego, fue enviado a Soto del Real hasta que abonara una fianza de 250.000 euros;la segunda, recorrió el camino con otros siete mahaikides a los que se acusaba de participar en una rueda de prensa. Esta vez sólo hubo medidas cautelares contra Joseba Permach.

Tras las detenciones de Meñika y Barrenetxea, se ha producido un lento goteo de comparecencias (trece) ante el tribunal especial en relación a ese sumario, casi desapercibidas. Todos ellos están libres.

Ahora se ha llamado además a declarar a los jelkides Gorka Agirre y Xabier Arzalluz, por el «impuesto revolucionario».

Veto a actos políticos

Pocos han sido los actos de la izquierda abertzale que se han librado del hostigamiento. En esto han competido jueces y res- ponsables policiales. Grande-Marlaska vetó el 5 de abril un acto convocado por Batasuna en el Kursaal, mandó a la Policía a impedir una rueda de prensa de Batasuna en Iruñea, prohibió una manifestación de firmantes del Acuerdo Democrático de Base en la capital navarra, y proscribe también la charla de Arnaldo Otegi prevista hoy en Barcelona;Javier Balza, consejero de Interior de Lakua, prohibió varias concen- traciones de Segi e hizo que la Ertzaintza irrumpiera en asambleas de la izquierda abertzale en Ordizia, Villabona o Getaria; y Vicente Ripa, delegado del Gobierno español en Nafarroa, vetó tres actos de Aberri Eguna (Iruñea, Irurtzun y Lizarra) y otro de Udalbiltza en esta última ciudad. Policías locales también se han lanzado a esta carrera;en Gasteiz, por ejemplo, expulsaron de un pleno a simpatizantes de Gasteiz Izan, y trataron de impedir una rueda de prensa de Segi. Y se ha cerrado una herriko taberna: la de Zamudio.

Cargas policiales

El alto el fuego de ETA tampoco ha servido para retirar de las calles vascas las imágenes de porras y pelotazos. La Ertzaintza disolvió así una manifestación de Segi en Gasteiz el 19 de marzo, y otra en el campus de Ibaeta el 2 de junio. Además, dos jóvenes de Irun denunciaron que fueron encañonados en la cabeza por tratar de colocar una pancarta de esta organización juvenil. Y en Iruñea, la Policía española tomó el centro de la ciudad para impedir la concentración de jóvenes abertzales el 26 de mayo.

El 18/98 sigue

Los macroprocesos políticos siguen su curso también sin novedades. En el caso del 18/98 son ya siete meses de sangría económica y humana. Ante ello, los procesados han decidido alzar la voz con dos «plantes» ante la Audiencia Nacional.

Controles policiales

Su número ha crecido sustancialmente desde el 24-M. Askatasuna indicó dos meses después que había detectado ya más de 200. Esta práctica se cebó especialmente en la manifestación del 1 de abril en Bilbo y la del sábado en Baiona. Y alcanzó incluso, de forma claramente ilegal, a parlamentarios electos como Ane Auzmendi, de Ezker Abertzalea, que ha presentado una denuncia por ello.

Que quede registro de estos hechos para que después Zapatero no ande diciendo por allí que él apostó por el diálogo y la paz.

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