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Cataluña: el "sí" a la nación
La aprobación del nuevo Estatuto Catalán en el referendo realizado ayer constituye una buena noticia para una nación deseosa de mayores márgenes de institucionalidad autónoma en el contexto del Estado español. El alto índice de abstencionismo en la consulta (cerca de 50 por ciento) no reduce la contundencia con que los catalanes se manifestaron en favor de la autonomía ampliada (alrededor de 74 por ciento, frente a 20 por ciento que votó por el "No") ni el estrepitoso fracaso del Partido Popular (PP) que se ha jugado todo para sabotear el proceso de adopción de un nuevo estatuto. En todo caso, la escasa participación en el referendo no puede explicarse por la supuesta renuencia de los catalanes a ejercer un mayor autogobierno, como lo quieren los jerarcas del partido derechista, sino a fenómenos de signo contrario: por una parte, el documento aprobado sufrió severos recortes y acotaciones en el Parlamento de Madrid, lo que redujo el entusiasmo suscitado por el texto original; por la otra, la certeza del triunfo del "Sí" desmovilizó a un buen número de electores que consideró innecesaria su presencia en las urnas. En suma: hay sobrados motivos para suponer que si la votación hubiera sido más copiosa, el estatuto habría sido aprobado por una mayoría áun más abrumadora.
Por otra parte, la decisión de la ciudadanía catalana trasciende el ámbito de la región mediterránea y marca el inicio de una reconfiguración en la convivencia institucional de los pueblos de la península ibérica hacia un modelo menos centralizado de gobierno que el emanado de la Constitución de 1978, fórmula de compromiso entre el autoritarismo franquista y consideraciones básicas de decencia política. Es claro que el modelo actual de las regiones autonómicas, si bien resultó útil para encauzar durante la transición a la democracia los desencuentros entre las nacionalidades y el gobierno de Madrid, ha quedado rebasado por la enérgica resurrección de los nacionalismos en el Viejo Continente, un fenómeno que no sólo se origina en el colapso del bloque oriental sino también en los avances en la construcción de la Europa comunitaria.
Este ensayo de reacomodo, cuyo posible desenlace podría ser una suerte de confederación de pueblos en el Estado peninsular, no ha sido ni será un proceso fácil ni terso. Los nacionalismos catalán y vasco despiertan en diversos sectores de la sociedad española los fantasmas de la balcanización y de la desintegración nacional, temores que son explotados a conveniencia demagógica por el PP y por los ámbitos añorantes del lema franquista "España, una, grande, libre", que representó al régimen ultracentralizado, totalitario y represor de todo afán regionalista durante cuatro décadas. Es pertinente recordar que esta clase de reacciones no se limita a la clase política civil, sino que encuentran eco en algunos núcleos militares.
Con todo, la ampliación de las potestades regionales en la España contemporánea parece un proceso sin retorno posible. La represión de las reivindicaciones nacionalistas no sólo es impensable en el contexto de la Unión Europea sino que resultaría, como se demostró en la extinta Yugoslavia, totalmente contraproducente y destructora de las posibilidades de convivencia entre pueblos distintos bajo un mismo Estado.
En otro sentido, un correlato del nuevo Estatuto Catalán es el complejo proceso de paz emprendido por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el País Vasco, proceso que debe desembocar en una ampliación de las atribuciones autónomas en Euskadi, semejante a la que implica el nuevo estatuto de los catalanes.
Cabe esperar que los pueblos de la península sepan construir, en democracia y de manera pacífica, reacomodos institucionales en los que quepan las reivindicaciones nacionalistas y que no sean percibidos por los españoles como una amenaza de desintegración nacional. El paso dado ayer en Cataluña es, en esta perspectiva, un factor de esperanza.
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