Como es bien sabido, el estado español ha mantenido en la cárcel a varios de los políticos vascos que en su momento impulsaron el proceso de paz para Euskal Herria. Pues bien, en Kaos en la Red nos comparten esta actualización del tema:
El Supremo tiene en su mano acelerar la resolución de Bateragune. El caso Sortu se encuentra paralizado a la espera de que el Constitucional acelere su renovación interna.
La tramitación del recurso contra la condena del caso Bateragune ha finalizado. Presentadas las alegaciones de cada parte, la celeridad de la sentencia pasa a ser ahora una cuestión más de «voluntad» que de plazos jurídicos, reconocen fuentes de la defensa.
El pasado noviembre, cuando las defensas de los cinco condenados presentaron sus impugnaciones ante el Tribunal Supremo, se conjeturaba con el mes de mayo, pero las agendas judiciales o políticas -nuevas en este último caso-, impiden pronosticar una fecha certera sobre la resolución de la causa que mantiene en prisión a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto por pertenencia a ETA.
El recurso, en el que las defensas reclaman la absolución, por falta de «prueba directa alguna» contra sus defendidos y por la constatación de que su apuesta por las vías políticas es real -tras el cese definitivo de la violencia de ETA-, ha pasado ya a la sala de admisión.
Tras su visto bueno, será remitido al ponente de la Sala Segunda que sea designado, y se señalizará la vista para la resolución final. Un recorrido que carece de plazos legales y puede demorarse más o menos en el tiempo en función de la voluntad del tribunal, que en causas con reo -como la presente- suele comportarse de forma más ágil.
En sus alegatos, las defensas ejercidas por Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia y Kepa Landa argumentan que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los condenados y se ha quebrado el «principio acusatorio». Estiman que el fallo de la Audiencia Nacional no se basa en «pruebas directas» sino en «indicios», que no solo no son suficientes a su entender para la condena a entre ocho y diez años de prisión dictada, sino que pueden interpretarse como «contraindicios» a favor de los reos en caso de duda razonable.
Decisiones pendientes
En otro tribunal, en el Constitucional, se encuentra pendiente de resolución también el recurso de amparo contra la ilegalización de Sortu, el partido de la izquierda abertzale al que la Sala del 61 del Supremo negó su inscripción en el registro de partidos. Esta causa, sin embargo, se encuentra paralizada en espera del devenir del propio tribunal, pendiente de renovación. El nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría pedido al ministro correspondiente, Alberto Ruiz Gallardón, que dé un impulso a las negociaciones para sustituir a cuatro magistrados, uno por defunción y el resto por expirar su mandato.
De cumplirse este mandato, parece razonable pensar que será el renovado tribunal el que dirima sobre Sortu. El TC tiene además pendiente la revisión de los 16 primeros recursos presentados contra la aplicación a algunos presos de la doctrina Parot, una cuestión que podría preceder a la revisión de la sentencia sobre el partido ilegalizado. La resolución de estos recursos se estimaba para el pasado septiembre, pese a que los magistrados ya advirtieron de la complejidad del asunto. Además, parece que la repercusión, en forma de jurisprudencia, del fallo que pueda emitir el tribunal aconsejaría dictar una sentencia global, a pesar de la individualidad de cada caso, y no un «goteo» de fallos sobre la constitucionalidad o no del sistema de cómputo de las penas, que gracias a esta norma permite descontar los antiguos beneficios penitenciarios sobre el total de la condena de los presos y no sobre el límite máximo de cumplimiento en prisión, establecido en 30 años. Es decir, la consecuencia directa es la dilatación de la estancia carcelaria a presos que acumulan cientos o miles de años de pena.
La incógnita por tanto sobre la resolución final de ambos casos es un hecho que marca no solo el futuro de los implicados, sino la batalla política en el nuevo escenario abierto tras el cese de la violencia.
Recordemos que ellos están en la cárcel por buscar el camino a la paz, mientras otros disfrutan de la impunidad que les ha sabido proveer una transición democrática atada y bien atada.
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