Robo de Bebés

Debe de ser uno de los crímenes más inhumanos que pueda haber... pero es uno muy común en tiempos de dictadura y desafortunadamente, Euskal Herria ha sufrido más de una.

Aquí les dejamos con lo que nos informa Gara acerca de las denuncias por robo de bebés:

SOS Bebés Robados sitúa en Donostia 200 casos sospechosos

El Hospital Donostia está atendiendo las solicitudes de informes médicos de familiares que sospechan ser víctimas de una trama de bebés robados, al tiempo que colabora con la Fiscalía de Gipuzkoa en las diligencias abiertas por los jueces, según ha confirmado GARA. Por ahora, en este herrialde existen alrededor de doscientas denuncias relacionadas con la antigua Residencia Aranzazu, según datos de SOS Bebés Robados.

Oihane Larretxea

Desde que estallara la noticia de la existencia de una supuesta trama de robo de bebés y adopciones irregulares, las solicitudes de expedientes médicos de niñas y niños que oficialmente fallecieron a los pocos días de haber nacido se han multiplicado porque dichos historiales son documentos imprescindibles para presentar denuncia en el Juzgado y que el caso pueda ser investigado.

Fuentes del Hospital Donostia informaron ayer a este diario de que muchas personas que creen ser víctimas de la red se han dirigido a las dependencias del centro para solicitar dichos informes al sospechar que puede haber «alguna irregularidad».

Las mismas fuentes indicaron que, al tratarse de una información confidencial, los documentos no pueden ser facilitados a cualquiera y ha de ser la propia persona afectada o, en su defecto, un familiar directo quien haga la solicitud.

En la actualidad, según indicó SOS Bebés Robados a GARA, hay alrededor de 600 casos denunciados en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, aunque el número ha aumentado de manera considerable en los últimos días a raíz de la exhumación en el cementerio de Polloe de los supuestos restos de Rebeca Losa Ocáriz y la posterior confirmación judicial de que en el féretro nunca hubo ningún cadáver.

En Gipuzkoa se han contabilizado hasta el momento 320 denuncias; en Bizkaia, alrededor de 140, y en Araba, 40. De los casos del primer territorio, «los relacionados con el Hospital Donostia [la antigua Residencia Aranzazu] son casi doscientos. Una gran parte de niños y niñas habían sido derivados desde otros centros hospitalarios», comentó ayer Flor Díaz, de SOS Bebés Robados. «Nacían en otros hospitales de la ciudad o el territorio y desaparecían o, al menos, aseguraban que habían fallecido en la Residencia Aranzazu», precisó. El caso de Mercedes Ocáriz Sarrias es uno de estos. Ella dio a luz en julio de 1977 a Rebeca en la clínica Martín-Santos de la capital guipuzcoana -actual Clínica Quirón- y le comunicaron su fallecimiento después de ingresar en la Residencia Aranzazu.

Díaz confirmó que se dan varios casos muy similares. «El sistema que seguían en la Policlínica [Gipuzkoa] era el siguiente: le daban el bebé a un familiar, al tío o al abuelo, y le decían que lo llevara a la 'Resi' [debido a una complicación]. No obstante, les ordenaban que no lo llevaran por la puerta del Servicio de Urgencias, sino que debían entregárselo a una enfermera que les esperaría en la puerta».

Si esta mujer era o no en realidad enfermera, Díaz lo desconoce y comenta que, llegado a este punto, «dudas de todo». Al cabo de los días, se notificaba a la familia que el bebé había fallecido.

Derecho a la información

En una carta del Hospital Donostia firmada por el director médico José Manuel Ladrón de Guevara, a fecha de 3 de octubre de 2011, en respuesta a una solicitud de historial médico y a la que ha tenido acceso GARA, se asegura que «acreditados los requisitos legales de acceso a la documentación clínica, este Hospital viene facilitando a la persona que tienen derecho cuanta información exista en sus archivos, documentación que pueda ayudar a esclarecer este asunto que, sin lugar a dudas, está generando alarma social y desasosiego en aquellas familias que tuvieron la desgracia de tener en esa época un recién nacido fallecido».

A la persona solicitante niegan revelarle la identidad de los facultativos de los hospitales entre los años 1965 y 1995, tal y como lo solicita, en base a la Ley de Protección de Datos. No obstante, a este respecto, el centro asegura que «este Hospital, al igual que otros de Osakidetza, viene colaborando en las diligencias abiertas con los jueces, facilitándose cuanta información se encuentra en los archivos, al ser ellos quienes tienen legalmente la competencia para la investigación de delitos».

Precisamente, en muchos de los casos denunciados, uno de los escollos con el que se han topado las familias es la falta de documentación o la imposibilidad de acceder a la información que les pertenece. En algún caso de Donostia, incluso, a afectados se les ha llegado a decir que la documentación que buscaban se «extravió» en el traslado de los juzgados de la calle San Martín a su actual ubicación en el barrio de Egia.

Con la Ley 41/2002, «básica reguladora de la autonomía del paciente», los centros hospitalarios están obligados a elaborar «una historia clínica única para todo enfermo hospitalizado». Así lo recoge la citada misiva, que recuerda que esta normativa «supone un tratamiento uniforme de la historia clínica por parte de todos los centros hospitalarios en cuanto a contenido, forma, custodia y obligatoriedad de conservación; uniformidad no existente hasta entonces. Ello puede explicar -prosigue- las diferencias detectadas por Ud. en cuanto a la documentación que se ha venido aportando a las madres de los bebés o a sus herederos».

Mientras tanto, los casos admitidos a trámite siguen su curso. En cuanto al de la familia Losa-Ocáriz, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, dijo ayer que «habrá que indagar, a través de personas que pudieron intervenir en los hechos, en el hospital en el que nació, o entre los pediatras, médicos, enfermeras. Habrá que hacer una labor compleja, pero sin duda que es necesaria».

Aseguró que la voluntad de la Fiscalía y los juzgados es «esclarecer» la trama «hasta donde podamos, dado el tiempo transcurrido», y añadió que «si hay que imputar, se imputa».

El Obispado de Gipuzkoa preguntó a la Fiscalía sobre la privacidad de datos eclesiásticos

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, también confirmó ayer que el Obispado de Gipuzkoa consultó a la Fiscalía «sobre la cuestión de la reserva o privacidad de ciertos datos que aparecen en los registros eclesiásticos», y que «se les indicó inmediatamente que, en este caso, tenían que facilitar estos datos». Agregó que tanto el de Donostia como los obispados de Gasteiz y Bilbo «están facilitando la labor».

Preguntada por esta cuestión, Cecilia Losa Ocáriz, en nombre de su familia, opinó que la Iglesia «está siendo señalada por hechos deleznables» y abogó por que sus responsables ayuden en las investigaciones siendo más transparentes. Puntualizó que ello no significa que «todas las monjas estén implicadas, al igual que «no todos los médicos, enfermeras o ginecólogos lo están», pero indicó que «quienes hayan tenido un comportamiento indebido» tienen que responder por ello.

Calparsoro apuntó en la misma dirección: «Las implicaciones concretas de la Iglesia, eso es otro tema. Una religiosa o un religioso que hayan podido tener algún tipo de relación con algún caso sobre actuaciones individuales, pero no creo que una institución pueda estar detrás de estas cosas, serían algunas personas».

A juicio de Cecilia Losa, la Iglesia tomó potestades que «no le correspondían, quitando bebés para dárselos a otros». Ante el hecho tan grave que ha supuesto la ausencia de restos biológicos en el féretro donde debía estar su hermana, añadió que «ni los partidos políticos, ni los jueces, ni los fiscales pueden mirar a otro lado porque los hechos son objetivos, constitutivos de delito».

Con la exhumación, un permiso al que es muy difícil llegar, la familia Losa-Ocáriz puede seguir con la investigación. No obstante, el fiscal jefe indicó que existen denuncias con «hechos fundados de irregularidades e incluso de delitos, pero en el que no se produjo el enterramiento y, por tanto, no se puede probar o constatar este hecho, como aquí ha ocurrido».

Para la familia donostiarra, ahora lo primordial es «buscar a nuestra hermana Rebeca y buscar a las personas implicadas para que paguen por lo que han hecho».

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