Es curioso, los españolazos y su coro de españolitos insisten ad nauseum que el impassè en Euskal Herria no puede ser caracterizado como "conflicto político", que es la manera en que es calificado en el mundo real, este del siglo XXI.
Pues bien, ellos lo dicen y ellos se desmienten pues las acciones hablan mucho más que las consignas. Para muestra la situación descrita en esta nota publicada en Gara:
Diecinueve aiararras se enfrentan a peticiones de hasta 6 años de cárcel por un «delito de terrorismo», acusación difícil de encajar nueve años después de acudir a un pleno con silbatos y carteles para protestar por la ilegalización de la opción política de 2.033 laudiarras.
Nerea Goti
Cuando aquel 14 de junio de 2003 entraron en el salón de plenos con silbatos y carteles en alto con lemas como «Putxerazorik ez» o «Demokrazia Euskal Herriarentzat», para protestar por la ilegalización de la opción política elegida por 2.033 vecinos de Laudio, nunca pensaron que se podría convertir en una pesadilla se iba a prolongar hasta estos días. Cerca de nueve años después, 19 vecinos de Aiara -17 laudioarras y 2 amurrioarras- se enfrentan a penas de cárcel de entre 3 y 6 años, acusados de un «delito de terrorismo» que les llevará a sentarse mañana en el banquillo de la Audiencia Nacional española.
Los imputados, acompañados por familiares y amigos, han recibido el calor de la solidaridad plasmada en varias iniciativas a las que se han sumado personas a título individual, sindicatos, comités de empresa y grupos culturales y deportivos de la zona. Alrededor de 500 personas se reunieron ayer, a mediodía, en la Herriko Plaza de Laudio para arroparles. Antes de posar para la foto tras una pancarta con el lema «Eskubide guztien alde. Epaiketa politikorik ez!», los denunciados agradecieron el apoyo recibido y subrayaron que han recabado más de 700 adhesiones, entre las que figuran las suscritas por los alcaldes de Laudio y Aiara, así como las expresadas por los comités de empresa de ayuntamientos y de grandes empresas de la zona como Guardian, Tubacex o Vidrala, entre otras.
Las muestras de apoyo se sucedieron posteriormente en una comida popular en Areta y en una gran manifestación a última hora de la tarde. No obstante, pocos podían quitarse de la cabeza que esta tarde tomarán un autobús con destino a Madrid, donde se les juzgará por el único «delito» de haber tomado parte en una protesta en la que se registraron momentos de tensión y algunos excesos verbales y en las formas, que no hubieran ido a más si no es por la insistencia de los denunciantes, entre los que, como indicaron, se encuentran los dirigentes del PP Santiago Abascal, actual director de la Agencia para la Protección de Datos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, y Carlos Urquijo, recién nombrado delegado del Gobierno español en la CAV.
Recordaron que la denuncia fue en un primer momento archivada en el Juzgado de Amurrio, rechazada después en la Audiencia Nacional y devuelta a la misma por orden del Tribunal Supremo, para que estas 19 personas fueran juzgadas por «terrorismo», lo que consideran «una barbaridad y una absoluta desproporcionalidad».
«Es muy difícil asumir que te van a juzgar como si hubieras cometido un delito cuando no lo hubo, y después de nueve años es más surrealista aún», opina Lali Aramendi, una de las encausadas. «De la nada, mira la que se ha montado. Y esto pesa para la familia», añade. En el mismo sentido, Aitor Basterra explica que en todos estos no sólo ha cambiado las circunstancias personales de los encausados, entre los que se encuentra, sino también la situación política. Subraya que los hechos que han dado lugar al «circo mediático» posterior arrancaron con una protesta pacífica por una falta de libertades en un pleno, que «reventaron» los escoltas de algunos ediles del PP. Considera que este caso ha llegado hasta nuestros días porque hay «un claro componente de venganza política por parte de algunos», aunque no pierde la esperanza de que impere la cordura y esta pesadilla se salde con la absolución, ya que, según apunta, «se da la circunstancia de que hay varias personas imputadas que ni siquiera estuvieron en el pleno».
Iker Roiz, también encausado, reconoce que es difícil saber en qué va a acabar todo esto cuando el caso llega a la Audiencia Nacional. En cualquier caso, afectados, familiares y allegados lanzaron ayer un claro mensaje: «Es una auténtica aberración imputar el delito de terrorismo a personas que que han denunciado la conculcación de derechos civiles y políticos». Y manifestaron que «la venganza y el odio no tienen sentido» en estos momentos «de ilusión en el camino de la paz en Euskal Herria». La matrioska que recibieron de manos de la plataforma gasteiztarra Ekaitz Etxean! pasó a Santi Hernando, otro laudiarra que espera desde hace diez años un juicio por hacer política. Y siguen reuniendo adhesiones en www.epaiketapolitikorikez.wordpress.com.
Desde este blog nos adherimos al movimiento en favor de los inculpados y le damos eco a nivel internacional, para que la comunidad internacional tenga más información acerca de la manera represiva y desmedida con la que "la jóven democracia" lidia con la disidencia política.
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