Una Matanza Planificada

Hablando del derecho a la verdad y a la memoria histórica, les compartimos está crónica de uno de los peores actos de terrorismo de estado llevados a cabo en la Europa contemporánea. Sucedió hace un día como hoy hace 40 años, en Gasteiz, Euskal Herria.

Ha sido publicada en el Correo Vasco, aquí está:

«Aquí ha habido una masacre»

40 años después, Vitoria sigue reclamando justicia para los cinco trabajadores muertos en una sangrienta carga policial en la iglesia de San Francisco durante una jornada de lucha obrera

Francisco Góngora

El 4 de marzo de 1976, Vitoria se despertó tratando de convencerse de que lo que había sucedido el día anterior era una pesadilla especialmente atroz». Así comenzaba su crónica nuestro compañero Carlos Pérez Uralde 20 años después. Era su manera de narrar el estado de shock, terror, miedo, rabia desatada, estupor, sorpresa, trauma, dolor y sentimientos de tristeza de una población que no daba crédito. Muchas calles presentaban el aspecto de haber sufrido un vendaval de proporciones gigantescas y en los hospitales no cabían los heridos de bala.

Pero eran los muertos, tres el mismo 3 de marzo, y dos más en los días y semanas siguientes, los que daban a la jornada su orla más trágica, un balance tan inesperado y desproporcionado que aquel hecho fue portada de la prensa internacional. En ‘la ciudad en la que nunca pasa nada’ –título del libro del historiador Carlos Carnicero– había ocurrido una catástrofe. Otros dos sucesos, el crimen del Bar Carabanchel en 1955 (con 6 muertos) y la explosión de dos camiones de butano en 1974 (13 fallecidos) habían dejado dos decenas de cadáveres en las calles, pero no tenían la dimensión histórica de aquel latigazo que puso de manifiesto que la capital alavesa vivía su revolución industrial y social un siglo después del famoso 1 de mayo en Nueva York. Vitoria pagaba un alto peaje en sangre por querer mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora y tratar de romper a su manera el yugo de una dictadura de 40 años.

Cuando en 2004 el Instituto Social Valentín de Foronda, organismo dependiente de la UPV, elabora el dictamen que luego aprueba el Parlamento vasco sobre los acontecimientos, se acerca más que nadie a la verdad histórica. Falta la judicial, aún en pañales, a pesar de las cuatro décadas pasadas.

Una chispa en Forjas

El 23 de diciembre de 1975, un mes después de la muerte de Franco, en Forjas Alavesas se produce un hecho que va a desencadenar un tiempo nuevo. Los trabajadores se reúnen por vez primera al margen del Sindicato Vertical en una asamblea que decidirá el día 9 de enero iniciar una huelga por reivindicaciones laborales. Mevosa, Areitio, Aranzabal, Ugo, Gabilondo, Olazábal y Huarte, Industrias Galycas, Cablenor, Tuboplax y otras se suman a ese movimiento. En ese momento, no había libertad sindical ni ningún derecho democrático. Se utilizaban los templos para reunirse porque estaban amparados por el Concordato.

Después de dos meses de paros se había convocado para el día 3 de marzo una huelga general con el fin de recabar la solidaridad de la ciudadanía con unos trabajadores sin ingresos desde diciembre de 1975. Tras disturbios y enfrentamientos graves por la mañana, a las cinco de la tarde se había convocado una asamblea de la llamada ‘Coordinadora de Comisiones Representativas de Empresas en Lucha’ en la parroquia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga de Vitoria, el lugar habitual. Era la asamblea número 241. La afluencia de la gente comenzó a ser masiva desde una hora antes y entraron unas 4.000 personas, según el informe del Jefe de Policía de Vitoria. A las 16.50 la policía impide el acceso a más gente, que se concentra en los aledaños en número de 4.000 obreros.

El gobernador civil de Álava, Rafael Landín, ordenó que acudieran a la zona la 11 Compañía de Reserva de la Policía Armada con base en Miranda de Ebro y la compañía de guarnición en la plaza al mando del capitán Jesús Quintana Saracibar, militar vitoriano. A ellos se uniría, a las 18 horas, la 2 Compañía de Reserva de Valladolid. La orden del gobernador civil era la de desalojar la iglesia, según el dictamen del Valentín de Foronda, que concluye que los responsables de las fuerzas policiales necesitaban la autorización eclesial para acceder al templo. Según el Obispado, no se dio esa autorización ni por parte de la jerarquía, ni por parte del párroco de la iglesia, Esteban Alonso de Mezquia. Otro sacerdote, Antonio Quilchano, que trató de mediar ante la fuerza pública, fue zarandeado.

 Las emisoras de radio de la Policía son grabadas y en esas conversaciones entre oficiales se puede escuchar lo siguiente: «De acuerdo. Que desalojen por las buenas; si no, a palo limpio, cambio». En otro momento, se oye también «gasead la iglesia».

Asalto al templo

Sobre las 17.10, se produjo el asalto firme al templo por parte de la Policía Armada con el fin de desalojarlo. Según el dictamen, y este es uno de los puntos de desacuerdo con la asociación de víctimas, no consta si fue una decisión tomada por el Ministerio de Interior (que se mantenía en contacto), por el gobernador civil o por los mandos de las unidades desplegadas. En algunos de los testimonios recabados a los pocos días, el sacerdote Antonio Quilchano afirmó que durante el contacto mantenido con las fuerzas de orden público, le fue exhibida la orden de intervención firmada por el gobernador civil. En cualquier caso, fue un acto ordenado por funcionarios del Estado.

En el asalto se utilizó inicialmente gases lacrimógenos que se lanzaron al aire en el interior del templo, prosigue el dictamen. La gente empezó a salir. En las inmediaciones de la iglesia, a pocos metros de la puerta, varios de los desalojados fueron alcanzados por pelotas de goma y por disparos de arma de fuego con resultado de tres muertes y decenas de heridos –de los cuales dos murieron varios días después como consecuencia de las heridas–. En concreto, de los disparos efectuados por armas de fuego por las unidades policiales desplegadas resultaron muertos en el mismo lugar de los hechos Pedro María Martínez Ocio y Francisco Aznar Clemente. Romualdo Barroso Chaparro, gravemente herido, fallecería poco después. Al menos, se constata la existencia de 47 hospitalizados, la mayoría por heridas de bala. Otras 37 personas precisaron de asistencia sanitaria aunque no ingresaron. Dos de los diagnosticados como graves, José Castillo y Bienvenido Pereda morirían en fechas posteriores a consecuencia de las heridas recibidas por arma de fuego.

«En defensa propia»

Según las declaraciones del máximo responsable policial, el capitán Quintana, «el uso de armas se debió al ataque de la masa y en defensa propia». Argumentó también este oficial vitoriano que hubo 28 policías heridos, uno de ellos «gravísimo» por el empleo «por parte de los trabajadores de armas de fuego, e instrumentos agresivos de capacidad letal como bombas, cócteles, machetes, palos, cadenas, porras etc....».

«Sin embargo», afirma el dictamen del Valentín de Foronda, «nunca fue probado este hecho, ni por requisa, ni por una inspección en el lugar. Nunca apareció casquillo, cartucho ni arma de fuego alguna, arma blanca u objeto incendiario procedente de los concentrados. Nunca fue presentada prueba alguna del uso de este material por parte de los trabajadores».

Las versiones de la Policía y los damnificados difieren radicalmente en cómo se hizo el desalojo y lo ocurrido posteriormente en las inmediaciones de San Francisco. El dictamen, recogiendo la versión de los testigos señala que los reunidos se negaron a desalojar por temor a ser golpeados por los agentes; que tras el lanzamiento de botes de gas se produjeron estados de asfixia y contusiones y una situación de pánico generalizado; que este estado condujo a los congregados a la rotura de ventanas y vidrieras con objetos como macetas y candelabros sin otro propósito que el de poder respirar; que la supuesta salida atropellada de los congregados –que los informes policiales atribuyen a una reacción violenta y premeditada contra la presencia de los agentes– fue consecuencia únicamente del pánico causado en el interior de aquel recinto cerrado por los gases acumulados.

No lo dice el dictamen, pero EL CORREO, con motivo del 20 aniversario conversó con el gobernador civil, ya fallecido, que reiteró «su inocencia». «No hubo un solo culpable», dijo Rafael Landín en 1986. «Aquello fue una acción revolucionaria que había comenzado un mes antes de que yo llegara a Vitoria. Nos encontramos con todo el jaleo preparado. La actuación de la Policía fue instintiva. Los agentes fueron desbordados, superados. Tenían medios muy pobres y los refuerzos no llegaron. Eran fuerzas escasas y mal dotadas de medios materiales. Si los hubiéramos tenido podría haberse evitado aquella desgracia».

El dictamen del Valentín de Foronda, cuando recoge la versión oficial insiste en esas dos ideas: la escasez de fuerzas de la dotación policial y que usaron las armas de fuego tras verse «desbordados y para defender sus propias vidas».

Las grabaciones de la Policía revelan cómo se fue agotando el material antidisturbios durante la mañana y cómo a partir de ese instante se usan armas de fuego. Hasta mil detonaciones. Textualmente, se afirma: «Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia... Esto ha sido una masacre».

En sus conclusiones, el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda considera probado que las muertes de los cinco jóvenes obreros vitorianos el 3 de marzo de 1976 tienen que ver «con la falta de libertades esenciales en la España de la época, con la inadecuada dotación de las fuerzas antidisturbios y con instrucciones que en nada estimaban los derechos humanos. Con el uso irresponsable y quizá criminal de armamento de guerra frente a un problema de orden público y con órdenes procedentes de algunas instancia en la línea de mando cuyo vértice en ese momento era el Gobierno de España, que tomó las decisiones».

«Delitos de homicidio»

También apunta que se infringió el Concordato de 1953 y el Código Penal, «a través de varios delitos de homicidio» y por lo tanto «existen responsabilidades penales claras» en el caso de los fallecidos» y que las decisiones que condujeron a los hechos descritos fueron tomadas –sin poder determinar responsabilidades personales– «por funcionarios del Reino de España». El dictamen está escrito por los historiadores José Antonio Pérez, Rafael Ruzafa y Javier Ugarte.

Dentro de 10 años, cuando se desclasifique la documentación secreta a la que aún no se tiene acceso, se podrá saber con certeza si hubo planificación en la matanza o fue una reacción incontrolada.

Tras leer las declaraciones de Antonio Quilchano tal vez pueda uno entender aún mejor el por que El Vaticano sigue imponiendo su voluntad en Euskal Herria a favor de Madrid, especialmente ahí, en Gasteiz.

Nosotros no necesitamos esperar 10 años, como lo indica el nombre de esta publicación, ya tenemos la certeza de lo sucedido.

Y esto, lo confirma:

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