Les invitamos a leer esta entrevista a Sabino Cuadra que ha sido publicada por Viento Sur.
En la misma, Cuadra arroja luz sobre lo ocurrido en los Sanfermines de 1978 para que así podamos entender la impunidad con la que actúan quienes están encargados de implementar las diferentes estrategias de terrorismo de estado español en contra del pueblo vasco.
Adelante con la lectura:
En los sanfermines de 1978, la policía española irrumpió en la plaza de toros de Iruñea y abrió fuego contra la multitud. La carga se extendió por toda la ciudad durante horas, y provocó decenas de heridos y un joven muerto, Germán Rodríguez. Muchas investigaciones han abordado aquellos hechos, pero pocas han señalado directamente a quienes lo ordenaron, planificaron y justificaron. Este libro de Sabino Cuadra lo hace. Nombra a los responsables, reconstruye sus trayectorias y expone el entramado político, policial y judicial que sostuvo su impunidad. Sabino Cuadra, ochenta militó en LKI, Zutik! y Batzarre, así como en Komite Internazionalistak y en el sindicato LAB. En 2001 fue elegido como diputado para el Congreso español en las listas de Amaiur. Pero, más allá de eso, es habitual analista en este sitio de viento sur
Petxo IdoiagaViento Sur. En octubre de 2019 editasteis un libro, también en Txalaparta y con SF78gogoan!, con el título !No os importe matar. Sanfermines 1978: Crimen de Estado. Ahora vuelves sobre el tema, con una concreción importante: los victimarios. ¿Se habían quedado cosas en el tintero o se están produciendo avances importantes?
Sabino. El primer libro que señalas tenía como objetivo contar lo que ocurrió en aquella indiscriminada, gratuita, violenta y criminal actuación policial de la que se derivaron dos personas muertas (Germán Rodríguez, en Iruñea, y Joseba Barandiarán, en Donostia), 11 heridas de bala y alrededor de 300 atendidas en distintos centros sanitarios, bastantes de ellas graves.
Ahora, en este segundo, titulado “Sanfermines 1978: los victimarios”, se busca indagar sobre todo en la identidad y responsabilidades de éstos. Según afirmó entonces la Comisión Investigadora de la Ciudad de Pamplona, compuesta por el Ayuntamiento de Iruñea, la totalidad de partidos demócratas, nacionalistas y de izquierda entonces existentes, todos los sindicatos sin excepción y numerosas asociaciones vecinales, sociales y juveniles, aquella agresión tuvo carácter premeditado; es decir, fue pensada, planificada y ejecutada desde distintas instancias del aparato del Estado. O sea que siendo esto así, había que poner nombre y apellidos, cargos y trayectorias a todos los responsables de todo lo anterior.
A la vez, en el libro se relatan también los cambios habidos en estos últimos seis años. Se analiza así la aprobación de distintas normas (Ley de Memoria Democrática, Leyes autonómicas vascongada y navarra de Reconocimiento y Reparación de víctimas..), valorándose tanto los aspectos positivos de éstas, como la continuidad del régimen de impunidad para con los crímenes del franquismo que, tanto el gobierno como la judicatura, siguen blindando y estas leyes perpetúan.
VS. Suponemos que esto de poner nombres, cargos y señalar responsables tiene que ver con el contexto político del momento y del período, pues en en aquellos años Euskal Herria entera, y también el resto del Estado, estaban en batalla permanente ya que se veía cercano el fin, sino de la dictadura, sí del dictador.
Sabino. A finales de la década de los 70 había dos proyectos políticos enfrentados. El primero, defendido por el conjunto de la oposición democrática, de izquierdas y todo tipo de grupos sociales (sindicales, feministas, vecinales, juveniles…), era el de la ruptura democrática con el andamiaje socio-político-económico franquista. El otro, impulsado desde el gobierno, era el de la reforma del propio franquismo. Es decir, mantener los pilares principales de este régimen (monarquía, cuerpos represivos y ejército, judicatura, aparato político-administrativo…) y abrirse a la concesión de unas libertades democráticas que fueran homologables a nivel europeo: reunión, asociación, elecciones…
Este segundo proyecto es el que salió adelante. La zanahoria de la legalización de los partidos de la oposición democrática (las fuerzas expresamente republicanas e independentistas quedaron excluidas de ésta) fue suficiente para que estos aceptaran el marco ofrecido y abandonaran el proyecto de ruptura que habían defendido durante décadas, convirtiéndose finalmente en acompañantes críticos de la iniciativa gubernamental del gobierno de UCD y su presidente Adolfo Suárez.
En cualquier caso, Euskal Herria (Vascongadas y Navarra) tienen algunas especificidades interesante de reseñar. Así, gran parte de las fuerzas rupturistas siguieron sin tragar el anzuelo de aquella reforma. Y pudimos ver que en el referéndum constitucional de diciembre de 1978, el porcentaje de la abstención y voto negativo superó al del voto favorable, algo que no se dio en ninguna otra comunidad del Estado. Euskal Herria seguía siendo en buena medida una plaza no conquistada a la que había que someter.
En este contexto, la utilización de la violencia policial y parapolicial por parte del Estado y su Gobierno fue algo esencial. Hacer tragar la reforma franquista a buena parte de la oposición democrática, y también de la ciudadanía, se logró, en gran medida, gracias a la utilización de una represión que, tanto cualitativa como cuantitativamente, multiplicaba la conocida en los años anteriores de los 70. En definitiva, se trataba de hacer ver a la población y sus fuerzas políticas que, o se aceptaba a de la reforma o, de lo contrario, sucesos como el del 3 de marzo de Gasteiz (7 muertos), Montejurra (2 muertos), II semana pro-amnistia en Euskal Herria (7 muertos), semana negra madrileña (7 muertos), seguirían produciéndose.
Es en ese contexto político-represivo en el que se sitúan los sanfermines de 1978: 2 muertos, 11 heridos de bala, 300 personas atendidas en centros sanitarios…
VS.Ya el anterior libro, en el propio título, se califican a los hechos sucedidos en Sanfermines de 1978, como crimen de Estado, calificación que desde el régimen nunca se ha admitido, y muchos menos el aparato judicial. ¿Qué supone esta calificación de crimen de Estado y cómo asientas esta afirmación y calificación de los hechos?
Sabino. Bueno, no es que lo diga yo. Inmediatamente después de producirse aquellos hechos, se creó la denominada Comisión Investigadora de la Ciudad de Pamplona. Estaba formada por el Ayuntamiento de Iruñea, todos los partidos de la oposición democrática y de izquierdas (PSOE, PNV, PCE, ORTE, EIA, EMK, LKI, OIC, Partido Carlista, ESEI, PTE, ESB, LAIA, UNAI, ANV…), los parlamentarios navarros en el Congreso español del PSOE y PNV, todos los sindicatos sin excepción (CCOO, UGT, ELA-STV, LAB, SU, CSUT, USO), y un buen número de entidades vecinales, juveniles, feministas…
Esta Comisión, tras investigar y analizar lo ocurrido en la carga policial en la plaza de toros y en la calle, con utilización de más de 5.000 pelotas de goma, botes de gas y de humo, así como la utilización de fuego real de pistola, subfusil y Cetme, publicó el día 11 de julio de aquel año un comunicado en el que se afirmaba que:
“Pensamos que la intervención de la policía en la Plaza de Toros de Toros el día 8 no es un hecho casual. Antes al contrario, es premeditado y se encuentra en la línea de las provocaciones fascistas que en repetidas ocasiones vienen sucediéndose en todo el Estado español (Vitoria, Montejurra, Málaga, Tenerife). El Gobierno, lejos de adoptar medidas contra ellos, los tolera y en la práctica los protege….”
Es decir, la presencia desproporcionada de la policía rodeando la plaza de toros desde antes de la corrida, las cargas violentas e indiscriminadas en el ruedo y en el exterior de la plaza, así como las órdenes directas dadas a las fuerzas policiales desde su emisora central sita en el Gobierno Civil (“¡Disparar con todas vuestras energías. No os importe matar!”), ponían de manifiesto que nada hubo de casual en aquella barbarie.
En sus declaraciones a TVE el 13 de julio, Martín Villa afirmó refiriéndose a estos hechos que “lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes”. Evidenciaba así, no solo una moral maniquea total, sino también la complicidad del Gobierno y su ministro del Interior con todo lo que había sucedido. Complicidad de un ministro que obstaculizó posteriormente las investigaciones judiciales, ocultando pruebas y zancadilleando durante años las diligencias ordenadas por el Juzgado y que, por último, se pasó por el arco del triunfo incluso una resolución del Congreso que solicitaba la realización de una investigación sobre aquellos hechos, algo que nunca llegó a realizarse.
VS. Es evidente que la referencia fundamental de los victimarios se concreta en la persona de Rodolfo Martín Villa, y así aparece a lo largo de todo el libro y es lo que marca portada. Sería interesante que nos concretaras esa preeminencia de la figura del victimario, en qué te has basado realmente para llegar hasta ese señalamiento.
Sabino. Rodolfo Martín Villa siempre ha reivindicado con orgullo su identidad falangista y franquista. Su currículum no tiene parangón: Jefe nacional del Sindicato Español Universitario, Secretario general del Sindicato Vertical español, Gobernador civil de Barcelona, miembro del Consejo del Reino, procurador en las Cortes franquistas, senador por designación real, ministro de Relaciones Sindicales, ministro del Interior, ministro de Administración Territorial y, finalmente, Vicepresidente del Gobierno. Con mucha diferencia, nadie como él representa mejor, hoy en día, al franquismo y la Transición.
Lo anterior, en cualquier caso, fue solo una de sus dos caras. La segunda la mostró tras abandonar la política activa (fue miembro de la dirección del PP) y dedicarse al mundo de los negocios. Desde 1990 hasta hoy ha pasado por 45 grandes empresas y multinacionales y ostentado un total de 95 altos cargos corporativos. Mencionaré algunas empresas: Endesa, Sogecable, Cepsa, Caja Madrid, Técnicas Reunidas, Ibercobre, El Fénix, Cellophane, Globalvida,… Por si lo anterior fuera poco, el año 2012, fue nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy, consejero del SAREB, el banco malo creado entonces para gestionar los residuos tóxicos creados por la Banca en la crisis de 2008.
En su faceta policial, Martín Villa cuenta también con un importante currículum. Tras ser nombrado Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario, enviaba a la Policía informes periódicos sobre estudiantes “desafectos al Régimen” y sobre el movimiento estudiantil. Después, tras ser nombrado Gobernador Civil de Barcelona, destacó por la creación de una red de chivatos y matones controlados desde la Jefatura Superior de Policía, cuya finalidad fue atemorizar y reprimir el movimiento obrero barcelonés.
Con esta experiencia a cuestas, Martín Villa fue nombrado en diciembre de 1975 ministro de Relaciones Sindicales por Carlos Arias Salgado. De su actuación en este cargo sirvan como ejemplo sus declaraciones ante la masacre llevada a cabo en Gasteiz, el 3 de marzo de 1978, en el trascurso de una huelga general en la que la policía asesinó a 5 trabajadores y hubo decenas de heridos de bala. Sin mayor reparo, Martín Villa afirmó posteriormente que esta actuación policial “tuvo una parte positiva, pues los organizadores se dieron cuenta de los resultados tan trágicos y luctuosos que podían dar determinadas formas de reivindicación”. Es decir, él estaba dispuesto a atajar de raíz aquel sindicalismo asambleario y de clase mostrado en Gasteiz, sin que importaran los medios a utilizar.
Siendo ministro del Interior, de julio de 1976 a abril de 1979, su ministerio se convirtió en una máquina de guerra. En ese espacio de tiempo, 125 personas, un promedio de 3,8 al mes, es decir, casi una a la semana, caerían víctimas de la violencia policial, benemérita, parapolicial y de grupos de extrema derecha. Todo un macabro Guinness. La represión durante los tres años de su mandato multiplicó las víctimas de años anteriores, si bien, eso sí, él siguió repitiendo aquello de “lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes”. Eso no se lo creyó ni siquiera José Antonio Sáenz de Santamaría, director general de la guardia civil durante aquellos años, quien afirmó que fue él, Martín Villa quien “organizó la operación para eliminar al líder del movimiento de autodeterminación canario, Antonio Cubillo”. Nada de errores, pues.
Junto a ello, su ministerio sería también el principal impulsor de la normativa legal que acompañó el proceso de la Transición: Ley de Amnistía (1977), Orden Ministerial de 1977 de destrucción de documentación y archivos franquistas, Ley Antiterrorista (1978), Ley de Policía (1978)... Fueron los soportes legales para que, como en la novela de El Gatopardo, todo cambiara sin que cambiara lo esencial.
VS. Llama de todas formas la atención el hecho de centrar una represión tan fuerte y desmesurada, contra la población en Nafarroa, y concretamente en las grandes fiestas de Sanfermines.
Sabino. En lo referente a Nafarroa, Martín Villa jugó también en aquellos años un papel esencial. Nafarroa ya no era la denominada “provincia leal al Régimen” alabada por Franco, sino que se había convertido en un firme territorio rebelde. Su potente movimiento obrero (huelgas generales de Motor Ibérica y Potasas, duros conflictos sindicales en numerosas empresas y sectores..) y la reivindicación cada vez más firme y extendida de un futuro compartido con el resto de territorios vascos en torno a un estatuto común y en defensa del derecho de autodeterminación, hacían de Nafarroa un objetivo a batir.
En marzo de 1978, durante el Aberri Eguna, 35.000 personas se manifestaron en Iruñea, otras tantas en Donostia, 100.000 lo hicieron en Bilbo y 15.000 desfilaron por las calles de Gasteiz. En todas ellas se reivindicaba un estatuto de autonomía común para los cuatro territorios y el derecho de autodeterminación. Sin embargo, pocos meses después, en diciembre de ese mismo año, la Constitución consagraría todo lo contrario: unidad indisoluble e indivisible de España, soberanía única española y el rechazo a la unidad vasco-navarra. ¿Qué es, entonces, lo que había pasado durante esos nueve meses para que las cosas cambiaran de forma tan radical?
Los sanfermines de 1978 se situaron en ese intermedio, entre marzo y diciembre. Nada fue gratuito, pues, en la criminal policial de carácter premeditado que se abatió sobre la población de Iruñea y Nafarroa aquel 8 de julio. Al igual que en Gasteiz, se trataba de dar a entender a éstas “los resultados tan trágicos y luctuosos” a los que podían dar lugar determinadas reivindicaciones, si se salían del marco de la reforma franquista ofertada. La Nafarroa rebelde era el objetivo de aquella salvaje agresión criminal. La unidad sagrada de la patria española chocaba frontalmente tambien con aquellas reivindicaciones autodeterminacionistas y unitarias. Y así fue que, principalmente el PSOE, pero también el PCE, aceptaron la zanahoria constitucional y rechazaron lo que habían estado defendiendo durante aquellos años.
Por otro lado, en aquellos años Martín Villa mantuvo frecuentes reuniones con quien entonces era el vicepresidente de la Diputación Foral, Amadeo Marco, capitán de requetés durante la guerra, con el fin de acordar el procedimiento para transitar de la dictadura franquista al nuevo régimen. Entre ellos dos cocinaron así el antidemocrático decreto que regularía las primeras elecciones forales celebradas en Nafarroa en abril de 1979, en las que gracias al sistema electoral acordado (diferente valor de los votos según las distintas zonas electorales), la UCD, que obtuvo el 26,80% de los votos, lograría cuatro de los siete asientos (57,14%) que conformarían la Diputación Foral. De esta manera, la UCD pudo controlar el proceso a través del cual se aprobaría el estatuto de autonomía navarro, denominado Amejoramiento del Fuero, que afirmaría unos marcos autonómicos diferenciados para el conjunto de los cuatro territorios vascos. Y Martín Villa estuvo metido hasta las orejas en aquel proceso, primero como ministro del Interior, y a continuación como Ministro de Administración Territorial. La estrategia política y la represiva caminaron de la mano en Nafarroa durante aquellos años.
VS. Háblanos entonces de los otros victimarios, de aquellos políticos o funcionarios, que fueron, cuando menos, ejecutores de estos planes trazados de represión y de imposiciónlos nuevos marcos políticos
Sabino. Voy a destacar tres nombres, que tienen un recorrido especialmente alarmante.
El primero es Miguel Rubio Rubio, comisario de la Policía de Pamplona, que fue quien ordenó la entrada y carga en la plaza de toros aquel 8 de julio. Llegó a Iruñea en 1975, procedente de Valencia, donde fue miembro de la BPS (Brigada Político-Social franquista) con grave fama de torturador en la represión dirigida contra el movimiento estudiantil y obrero valenciano.
A pesar de tener concedido un traslado a Chrivella, en Valencia, desde el mes de junio de 1978, seguía en Iruñea en el mes de julio. En el mes de septiembre del mismo año aparece en la Diada catalana. Ahí resultó muerto en un operativo policial Gustau Muñoz, asesinado por la espalda por balas policiales. Es una historia bastante intrigante que tiene más casualidades.
Otro personaje de interés fue el comandante de la Policía, Fernando Ávila procedente de la Legión, donde había tenido destino inicial en el Sáhara, donde participó activamente en la represión (detenciones, torturas) y la guerra llevada a cabo contra las fuerzas anticolonialistas e independentisas de aquel territorio y el Frente Polisario. Carecía de experiencia policial alguna, mucho menos aún para actuar en un territorio como el de Nafarroa, abiertamente conflictivo, tanto social como políticamente.
El 8 de julio estuvo presente en la plaza y vehiculizó la orden del comisario Miguel Rubio para entrar en la misma. Posteriormente dirigió desde su despacho del Gobierno Civil la actuación policial y desde la emisora central policial ubicada en ese despacho se difundiría al día siguiente la orden de “Disparar con todas vuestras energías. No os importe matar”.
El tercero a destacar es José Sáinz, en aquellas fechas Jefe Superior de la Comisaría de Bilbo (la de Pamplona dependía jerárquicamente de ésta) y Subdirector general de Seguridad, nombrado por Martín Villa. Se inició en la lucha contra el maquis en Santander y Asturias y allí fue denunciado por torturador y por ser uno de los responsables de la muerte en comisaría de un dirigente comunista asturiano. Posteriormente pasó por las comisarías de Madrid, Bilbo y Donostia, dejando en todas ellas constantes denuncias por torturas.
Durante los sanfermines de 1978 fue el cargo superior policial del Comisario Miguel Rubio, y participó directamente en las operaciones policiales llevadas a cabo. En sus memorias detalló que en la noche del día 8, enviado como delegado especial por Martín Villa, mantuvo una reunión con el gobernador civil, un general de la guardia civil y los jefes de los cuerpos policiales locales para estudiar la situación creada y tomar las medidas adecuadas, de todo lo cual se informó al ministro Martín Villa.
Tras estos, la lista sigue: el gobernador civil Ignacio Llano, los capitanes de policía Vicente Lafuente y César Jiménez, que dirigieron a pie de calle aquella agresión criminal… Cada cual en su nivel, todos ellos fueron responsables de aquel crimen de Estado llevado a cabo en Iruñea durante los sanfermines de 1978.
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