jueves, 28 de mayo de 2009

Condicionando a Euskal Herria

Al no poder validar la maraña de torpes manipulaciones jurídicas a las que recurrió la Audiencia Nacional en contra de la sociedad vasca durante el esperpento denominado macrosumario 18/98, el tribunal supremo del estado español ha dejado al descubierto la corrupción y el fascismo que imperan en Madrid.

Esta nota al respecto ha sido publicada en Gara:

Llaman a "levantar un muro popular para transformar esta situación de imposición y represión en más democracia"

Procesados en el sumario 18/98 consideran que tras la sentencia del Tribunal Supremo ha quedado en evidencia que "todo el entramado judicial y político diseñado esta década" tenía como objetivo "condicionar a Euskal Herria como pueblo", por lo que han hecho un llamamiento a hacer frente a esa situación y a levantar "un muro que detenga esta dinámica criminal del Estado y transforme esta situación de imposición en más democracia y más justicia".

BILBO-. Varios de los procesados en el sumario 18/98 –Oiakue Azpiri, Marta Pérez, Mario Zubiaga, Iñaki O'Shea, Natale Landa– han comparecido hoy junto a representantes del movimiento pro amnistía y a ciudadanos imputados en otras causas abiertas en la Audiencia Nacional –"Egunkaria", Udalbiltza, Jarrai-Haika-Segi, sumario 35/02–, para valorar la sentencia del Tribunal Supremo.

En nombre de todos ellos, Oiakue Azpiri y Jagoba Terrones han censurado que la resolución "cae en una narración de hechos, de debates, que no tienen nada que ver con la realidad histórica de este país" y que están vistos "desde la lejanía y desde el más absoluto desconocimiento de nuestra actividad política y de la percepción social de Euskal Herria".

En su opinión, a lo largo de este proceso que ha durado una década se han vulnerado sus derechos fundamentales, pero también los derechos de opinión, la libertad de reunión y asociación y la pluralidad ideológica, entre otros.

Así, han destacado que "la primera víctima" de este proceso ha sido "la verdad", ya que se ha "manipulado la realidad y la historia" con el fin de "ocultar tras una farsa y una mentira la existencia de un conflicto de indudable cariz político".

"Esta es la apuesta diseñada por el Estado español en la última década, independientemente de quien ocupara el puesto de director, que ha contado con los tribunales de injusticia para establecer como doctrina en firme esta estrategia política de agresión a los movimientos políticos, a la disidencia social, al sentir alternativo de un pueblo", han remarcado.

Atentado contra la pluralidad ideológica

Junto a ello, han denunciado que la sentencia del Supremo supone "una cortapisa a libertades básicas de participación política simplemente porque resulta molesta e incómoda para el Estado".

En ese punto han resaltado que el cierre de "Egin" y Egin Irratia y de su empresa editora para ahora dejar sin efecto su ilicitud es "un atentado en toda regla contra el más básico derecho de pluralidad ideológica y contra el más mínimo concepto de libertad de expresión".

De la misma forma, "la arbitrariedad" con la que se ha desarrollado el proceso, la indefensión que han padecido los acusados y la actitud "autoritaria" de los jueces que "han cumplido su función represiva" les llevan a concluir que la justicia ha sido otro de los "elementos devastados" en este proceso. "Han antepuesto la venganza política a la función de emitir justicia", han señalado.

Detener "esta dinámica criminal"

Los procesados también han tenido palabras para recordar el sufrimiento "directo" que ha supuesto esta causa para todos los acusados, para los encarcelados y para sus familiares, y por ello han hecho un llamamiento a la sociedad para que "busque la forma más eficaz de levantar una muralla para detener esta dinámica criminal del Estado español, seguida cada vez más cerca por el Estado francés", y para "alzar la voz y decir que no podemos seguir tolerando que se sucedan procesos ilegalizadores, juicios farsas por sostener posicionamientos políticos, acusaciones extravagantes por realizar una actividad pública y transparente".

A su entender, con el fallo del alto tribunal español ha quedado "más evidente que la estrategia y todo el entramado judicial y político diseñado durante toda esta década ha sido construido de cara a condicionar a Euskal Herria como pueblo".

En ese sentido, consideran que ha llegado "el momento de hacer frente a esta situación como pueblo", con una "reflexión compartida por la mayoría" de la ciudadanía vasca y de los agentes políticos, sociales y sindicales, con el fin de "impulsar una nueva fuerza que cambie este panorama desolador".

"Es el momento de construir un muro popular que transforme esta situación de imposición, autoritarismo, represión, en más democracia y más justicia, y donde sean respetados todos los derechos civiles y políticos".

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