La Asquerosa Treta del PP

Con este artículo dado a conocer por Gara ampliamos la información con respecto a la decisión por parte del Tribunal Supremo español de cerrar filas con el PP en su embestida en contra de legislación europea con respecto al descuento de penas cumplidas en otros estados de la UE.

Lean ustedes:

El TS acata la treta del PP para estirar condenas y la pelota vuelve a la AN

Tras las intensas presiones, el Supremo ha acatado por nueve votos a seis el truco legal del PP para alargar las condenas de 56 presos vascos. En el caso de Kepa Pikabea, no acepta restarle la condena cumplida en el Estado francés. Se asegura que esto se establece como criterio general, pero todo está en el aire a la espera de saber el fallo. Y se apunta que la AN podría preguntar directamente a Europa. Si los presos se vieran abocados a Estrasburgo, podrían pasar años.

Alberto Pradilla - Ramón Sola

El Estado español vuelve a desafiar a Estrasburgo en su carrera por alargar lo máximo posible el cumplimiento de penas a los presos vascos. Como ocurriera con la «doctrina Parot», estos pueden verse obligados a recurrir individualmente a Estrasburgo (en procesos que se dilatan años), después de que ayer el Tribunal Supremo decidiera no aceptar la doctrina europea que estableció hace ya años que deben descontárseles las penas cumplidas en otros estados.

La decisión se adoptó por nueve votos contra seis, lo que supone una división muy grande para un asunto tan trascendental, en el que el Estado busca siempre unanimidad. Se augura un voto particular discrepante muy contundente, pero habrá que esperar para conocerlo. Y tampoco queda absolutamente claro si la decisión tomada ayer, que se presentaba como una unificación de criterios, obliga a la Sección Primera de la Audiencia Nacional a cambiar de tesis.

Fuentes jurídicas citadas por la agencia Europa Press exponen aquí la posibilidad de que esta Sección Primera, que entiende que la norma europea debe ser cumplida estrictamente, reclame directamente una aclaración al Tribunal de Luxemburgo [que no de Estrasburgo, una especie de Constitucional europeo] sobre cómo debe proceder. Esta apelación directa a Europa era una de las posibilidades que estaban sobre la mesa de la reunión de ayer del Supremo, según consta.

Del caso Pikabea al general

En este maremágnum técnico, lo único seguro anoche era que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español ha desestimado el recurso interpuesto por Kepa Pikabea, en el que solicitaba que se computasen los años de cárcel cumplidos en el Estado francés, tal y como prevé la Decisión Marco 675/2008 de la Unión Europea. Madrid, que tardó seis años en trasponer esta regla europea a su normativa, incluyó un epígrafe ad hoc en una reciente norma para impedir que los presos vascos fuesen excarcelados. Ahí comenzó el litigio. Antes el Supremo tenía claro que la decisión europea debía tomarse en consideración, como mostró en su resolución sobre Joseba Urrosolo hace ya meses. Tras la treta legal, tres magistrados del Alto Tribunal han cambiado de bando.

En el caso de Pikabea, se da la circunstancia añadida, que recordó su abogado Xabier Etxebarria, de que esta reforma legal es posterior al trámite del caso, por lo considera que no cabría aplicarla de ningún modo.

Con este dictamen de ayer, el Supremo ha optado por dar la razón al Gobierno de Mariano Rajoy, que había desencadenado fuertes presiones denunciadas incluso por la propia Sala. Aunque esta señaló en su nota al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien abrió la veda con una furibunda crítica a la Sección Primera de la AN. «Eso no se puede hacer así», clamó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras conocer las puestas en libertad.

En el caso de que la AN acatara sin consulta a Europa el dictamen del TS, a los presos vascos afectados solamente les quedaría la opción de recurrir individualmente a Estrasbugo, para lo que dispondrían de elementos de apoyo como el voto particular de los seis magistrados del Supremo.

Estos recursos tendrían grandes visos de prosperar toda vez que en junio pasado la Comisión Europea ya instó al Estado español «a tener en cuenta las condenas extranjeras». Pero otra cosa, y no precisamente menor, sería cuándo ocurra eso. Especialmente teniendo en cuenta que previamente a acudir al Tribunal de Derechos Humanos estos prisioneros tendrán que completar el recorrido jurídico en el Estado español pasando primero por el Constitucional, instancia en la que estos casos suelen enquistarse durante largo tiempo.

Un bucle sin fin

El asunto afecta de modo inmediato a un número escaso de presos vascos, que quedarían libres si se acatara la directiva europea. Sin embargo, a medio y largo plazo atañe a un total de 56 personas según explicó Etxerat (otras fuentes españolas elevan el número a hasta 80).

Se trata mayoritariamente de presos condenados primero en el Estado francés y posteriormente en el español. Según la línea marcada ayer por el Supremo, no serían excarcelados cuando cumplan la mayor de las condenas recibidas, sino que entonces se les empezaría a computar la otra. En la práctica, por tanto, el objetivo es idéntico al de la derogada «doctrina Parot»: estirar al máximo los encarcelamientos.

Sea como sea, el Gobierno del PP gana más tiempo en su estrategia inmovilista. Una actitud que ya censuró la Comisión Europea en este capítulo concreto, al reprochar a Madrid que llevara más de tres años sin trasponer a su marco legal la directiva europea. Cuando lo ha hecho, ha sido para incumplirla, al introducir una coletilla en forma de Disposición Adicional Única que, a efectos prácticos, invalida la homologación europea.

Esta actitud se convierte en una especie de pescadilla que se muerde la cola. Un bucle diabólico que solo rompería una iniciativa que fuerce a Estrasburgo a resolver directamente. Es decir, lo mismo que ocurrió en octubre de 2013 en la Gran Sala, con el recurso de Inés del Río que tumbó finalmente la doctrina 197/2006... siete años y medio después de inventarse.

La Fiscalía acusa a Uribetxebarria ahora por hechos de 1986

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide ahora 29 años de cárcel para Josu Uribetxebarria, en libertad condicional desde hace más de dos años debido a su gravísima enfermedad. Ha recuperado ahora una imputación de hace casi tres décadas, relativa al atentado mortal contra un guardia civil en 1986. Esta acusación apareció en el marco de la campaña abierta contra Uribetxebarria por sectores del Estado que pretendían mantenerlo cautivo a toda costa pese al cáncer que padece.

En un escrito remitido a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de estos hechos, la Fiscalía le implica en ese atentado junto a José Luis Erostegi y Javier Ugarte, para quienes pide igualmente 29 años de cárcel.

Además, solicita que indemnicen conjuntamente con 500.000 euros a los herederos del fallecido y con 200.000 a su hijo por las secuelas causadas.

Tras lanzarse esta imputación, en abril del pasado año un juez instructor de la Audiencia Nacional intentó devolver a Uribetxebarria a la situación de prisión, aunque fuera atenuada en su domicilio, pero una instancia superior de la Audiencia Nacional corrigió este dictamen y lo mantuvo en libertad condicional.

«Atropello» para Etxerat y respuesta tibia de Lakua

Los familiares de los presos agrupados en Etxerat, primeros afectados por esta decisión, mostraron rotundamente su alarma. El colectivo habla en su primera valoración de «atropello» y «aberración jurídica contra Europa y sus leyes», más aún cuando sus abogados han sido detenidos previamente, lo que «nos deja desnudos».

Tras lo decidido por el Supremo, Etxerat constata que «la historia se repite. El daño es irreparable, como ya ocurriera con la famosa doctrina. Mientras el caso pase de tribunal en tribunal hasta llegar a Europa, pasarán años. Años en los cuales los presos seguirán cumpliendo una condena que ya han cumplido. Años en los que estarán secuestrados».

Se preguntan aquí los familiares «dónde está el lehendakari Urkullu. Con gran pena y dolor, en un momento en el que se nos ha arrebatado incluso el derecho a una defensa jurídica de garantías, hemos de reconocer que sentimos que no están haciendo todo lo que deben. ¿Dónde está su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos vascos?», pregunta Etxerat.

Precisamente Lakua valoró esta decisión del Alto Tribunal español en un tono muy tibio. Expone en una nota que «llama la atención la actitud resistente del Gobierno español, cuyas reformas legislativas persiguen precisamente lo contrario a las decisiones marco de la Unión Europea: poner obstáculos y dificultades al proceso de reinserción de las personas privadas de libertad». Lakua sitúa su posición en estos parámetros y reivindica su iniciativa Zuzen Bidea, entendida como «la adopción de medidas legales en política penitenciaria que contribuyan a la normalización social y política de la convivencia».

«La oportunidad de la paz y la convivencia exigen altura de miras y una actitud constructiva. Justo lo contrario de la política que está siguiendo el Gobierno español», concluye el Gobierno Urkullu, que augura que en su día Estrasburgo corregirá esta decisión.

Otro tanto cree el PNV, que dijo en un comunicado de urgencia que «es de esperar, y de desear, que este nuevo fiasco de la Justicia española sea corregido, y así seguramente ocurrirá. Hasta eso, sin embargo, deberá transcurrir un tiempo que resultará irrecuperable para quienes, se quiera o no, ya han cumplido las condenas que les fueron impuestas por sus crímenes y delitos».

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga prevé igualmente que esta nueva doctrina tendrá un final «semejante» al de la denominada Parot, pero se refirió en términos mucho más contundentes a lo ocurrido en Madrid. Calificó al Supremo de «tribunal arbitrario y político», tildó la acción del Gobierno Rajoy de «revanchista» y concluyó que «la única agenda del Estado para este pueblo es mantener las dinámicas de conflicto y confrontación».

Mientras tanto, en Madrid el PP vetó una solicitud para abordar en el Congreso las presiones realizadas por el Gobierno sobre el Tribunal Supremo. Se pretendía que acudiera a la Cámara su presidente, Carlos Lesmes, pero la mayoría absoluta del partido de Rajoy se impuso.

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