LAB y el Caso de la Kelly Búlgara

Desde Naiz traemos a ustedes una actualización con respecto al caso de la migrante búlgara que fue víctima de esclavitud equiparada en un hotel de Iruñea, situación que se saldó con una sentencia a la vez indignante e irrisoria contra su agresor.

Aquí la información:

LAB denuncia que la sentencia sobre explotación no recoge «agravantes de género e inmigrante»

Representantes del sindicato LAB y SOS Racismo se han concentrado ante el hotel Castillo de Javier de Iruñea para denunciar la explotación sufrida por una trabajadora durante seis años, situación reconocida por una sentencia firme que no ha tenido en cuenta «los agravantes de género e inmigrante».

Pello Guerra

Tras la movilización llevada a cabo ayer en el mismo lugar por AZ Ekimena, representantes del sindicato LAB y de SOS Racismo se han concentrado ante el hotel Castillo de Javier de Iruñea para denunciar la explotación sufrida durante seis años por una trabajadora búlgara, una situación que ha sido reconocida por una sentencia, pero que ha impuesto una «irrisoria indemnización» y que no ha tenido en cuenta los agravantes de «género y la condición de inmigrante de la víctima».

Los concentrados ante el establecimiento, propiedad de Juan Carlos Ciprés, portaban una pancarta en la que se podía leer ‘Castillo de Javier explotador’, consigna que se ha repetido a gritos tanto en castellano como en euskara.

Durante la movilización, Izaskun Juarez, secretaria de LAB en Iruñerria, ha valorado que se ha reconocido esa situación en la sentencia de la Audiencia de Nafarroa, que ha condenado a Ciprés a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros por daños morales «durante los seis años de explotación continuada».

Pero, acto seguido, ha añadido que «confirma la impunidad con la que actúan este tipo de explotadores sin escrúpulos» teniendo en cuenta el escaso monto de la multa impuesta, por lo que «una vez más, ha quedado acreditado que a un explotador como Juan Carlos Ciprés le sale más barato seguir explotando».

Por ese motivo, Juarez ha remarcado que «se ha vuelto a constatar que el sistema judicial y los empresarios van de la mano», lo que provoca «sentencias fieles a este sistema racista, heteropatriarcal y capitalista».

Denuncia de una compañera

La sindicalista de LAB ha explicado que la denuncia que ha dado origen a la sentencia fue interpuesta por «una compañera de Pepa, ya que ella, en su condición de persona migrada recién llegada, no era capaz de realizar la denuncia en castellano».

A instancias de esa misma persona acudió a LAB, que interpuso varias denuncias en el Juzgado de lo Social y le asesoró para que denunciase por la vía penal lo sufrido entre 2008 y 2015.

Una situación que ya puso de relieve el sindicato en una acción de protesta realizada en 2017, puesto que «para poder explotar a sus anchas, Ciprés contrataba a las trabajadoras según un patrón específico: mujer, con procedencia de origen diverso, que esté sola en su entorno sin nadie a quien poder recurrir y con personas a su cargo, y que no domine el idioma del todo».

Juarez ha destacado que el testimonio y la solidaridad de las compañeras de trabajo de Pepa han sido «claves para destapar a este explotador».

Acoso tras las denuncias

La responsable de LAB en Iruñerria ha añadido que, desde que se pusieron las denuncias, mejoraron las condiciones laborales de Pepa, pero que a partir de ese momento, Ciprés «empezó a acosarle, grabándole en su trabajo y sacándole fotos sin su consentimiento, algo que no ha sido reconocido en la sentencia. Empezó otro tipo de represión, un castigo por haberle denunciado».

Juarez ha remarcado que Pepa aguantó esa situación durante tanto tiempo porque tiene una familia que mantener en Bulgaria y porque una compañera de la misma nacionalidad «le decía que aquí se trabajaba de esa manera».

Por ese motivo, LAB considera fundamental que se sepa que situaciones de explotación como esta «se dan en Euskal Herria» y anima a «la clase trabajadora a denunciarlas y luchar».

 

 

 

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