miércoles, 19 de diciembre de 2018

Previo a la Sentencia Contra la Paz

El estado francés ha cedido ante los más bajos impulsos de franquistas y jacobinos llevando al banquillo de los acusados a quienes a riesgo de todo laboraron en favor del inicio de un proceso de paz para Euskal Herria.

Gara trae a nosotros esta actualización del caso:


Tras la segunda sesión contra los arrestados en la operación de Ortzaize en 2015, el juicio quedó ayer visto para sentencia. La fiscal requirió penas de 9 años de cárcel para Goinetxea y 8 para Reta. Para Terexa Lekunberri y Jef Mateo pidió 12 meses y 18 meses para Grazi Etxebehere. La petición para estos tres últimos contempla la exención de cumplimiento de 12 meses. El Tribunal Correccional especial dará a conocer su decisión hoy, a las 14.00 horas.

Arantxa Manterola

El Tribunal Correccional especial de Paris hará pública hoy, a primera hora de la tarde, la sentencia del juicio que comenzó el lunes contra los arrestados en Ortzaize en julio de 2015.

Las peticiones fiscales fueron de 12 meses de cárcel para Jef Mateo y Terexa Lekunberri y de 18 meses para Grazi Etxebehere con el añadido de que a los tres se les apliquen 12 meses de exención de condena. Para los militantes de ETA Xabier Goinetxea e Iñaki Reta las penas requeridas son más severas: 9 y 8 años de cárcel respectivamente, de los cuales deberían cumplir al menos dos tercios. La fiscal solicitó asimismo para ambos la prohibición definitiva de volver a territorio francés una vez cumplida la condena y su inclusión en el fichero Fijait.

La sesión de ayer empezó con la intervención de la fiscal, que se refirió a las reiteradas referencias al cambio de contexto en Euskal Herria. «Aunque comprenda que se quiera poner el acento en el contexto actual que es inédito y esperanzador, ese contexto no permite borrar de un trazo los hechos que se imputan a los procesados», apuntó.

Cambio de contexto

Añadió que no comparte las repetidas afirmaciones de que la Justicia francesa no tiene en cuenta tal cambio de situación: «El hecho de que nos encontremos en un Tribunal Correccional prueba que sí lo hace. De lo contrario, los procesados comparecerían ante una Cour d’Assises [Tribunal de lo criminal]».

A pesar de ello, para la representante del Ministerio fiscal no hay «nada que distinga» a los militantes de ETA antes de 2011 y a los de después de esa fecha. «Eran totalmente operacionales. Estaban en posesión de documentos falsos y tenían dos armas robadas en Vauvert», argumentó para apoyar su petición.

Por su parte, Anne-Marie Mendiboure, abogada de Mateo y Lekunberri, solicitó la absolución para sus defendidos. Insistió en que «hay que tener en cuenta la realidad» del cese de la violencia ya desde antes de octubre de 2011.

Incidió en que el anuncio del fin de la violencia de ETA generó «una formidable esperanza en la sociedad vasca» y situó la implicación de sus defendidos en la construcción del proceso de paz. «Sus actos no son constitutivos de delito; son actos de responsabilidad y de civismo» manifestó Mendiboure antes de recordar la «tradición de acogida» y de «solidaridad» que existe en Euskal Herria.

El abogado de Grazi Etxebehere coincidió en que la calificación de asociación de malhechores «no ha lugar» y recalcó que «ante el inmovilismo de los Estados francés y español» su defendida pensó que «no había otros medio para preservar el proceso de paz». Consideró que Etxebehere es «responsable pero no culpable».

Los tres ciudadanos de Ortzaize emplazaron al tribunal a que contribuya al proceso de paz y a que se impliquen en dar salida a la cuestión de los presos y también de las víctimas.

Clara Rouget, abogada de Reta y Goienetxea, se refirió al «incomprensible rechazo de los gobiernos a participar en el desarme, lo que hizo que ETA tuviera que actuar de manera unilateral, y que la sociedad civil se implicara».

Severidad de las penas

En su intervención, hizo un repaso de los obstáculos hasta llegar al desarme del pasado 3 de mayo, leyó el comunicado que la organización hizo público en abril en el que reconoció el daño causado y aseguró que Reta y Goienetxea «hacen suyos todos los pasos de la organización».

Rouget contradijo lo manifestado por la fiscal ya que, en su opinión, la severidad de las penas requeridas contra sus defendidos no toman en cuenta la situación política actual, algo que remarcó también Reta –«hay gente que no quiere ver que las cosas han cambiado»–. Los dos militantes saludaron el compromiso de los tres ortzaiztarras «sin los cuáles el desarme no hubiera sido posible».






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