Las Víctimas de Hipercor

El 19 de junio de 1987 ETA llevó a cabo uno de sus acostumbrados ataques en contra los símbolos del capitalismo trasnacional al colocar un artefacto explosivo en el estacionamiento de un centro comercial en Barcelona.

Desde Madrid hicieron un cálculo macabro buscando enemistar a la opinión pública mundial con respecto a la lucha armada de ETA. 66 barceloneses pagaron las consecuencias en carne propia de esta tétrica y brutal artimaña diseñada por el gobierno del Sr. X, el mismísimo Felipe González.

Se sigue asignando la autoría de las muertes y de los heridos a ETA al día de hoy, cuando desde 1994 ha quedado claro que los responsables directos han sido miembros del régimen borbónico-franquista.

Como prueba, les traemos esta nota del baúl de los recuerdos, la misma fue publicada en El País hace exactamente veinte años:

El Estado, condenado por negligencia policial en el atentado de Hipercor

La previsión hubiera aminorado la tragedia, según la sentencia

Anna Argemi

La Audiencia Nacional ha condenado.al Estado a indemnizar con 45 millones de pesetas a Álvaro Cabrerizo, -que perdió a su esposa y sus dos hijas en el atentado de Hipercor- porque, según la sentencia, "entre la llegada de las dotaciones policiales y la explosión no se hizo absolutamente nada para intentar el desalojo e impedir que el público y los vehículos siguiesen entrando y saliendo". Si la policía hubiera actuado con diligencia habría habido "tiempo bastante para evitar las consecuencia [de la explosión del coche bomba] o al menos, para aminorarlas" añade

Los abogados del demandante, Juli de Miguel y Santiago Móntaner, explicaron ayer que ésta es la primera sentencia que se dicta en España contra el Estado en un asunto relacionado con atentados terroristas.Los letrados sostienen que la sentencia considera al Estado responsable directo de las consecuencias del atentado, ya que hubo dejación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales, si no pudieron evitar el atentado, perpetrado por ETA, tal vez podrían haberaminorado sus consecuencias.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia precisan: "No es que digamos que la policía no hizo correctamente lo que tenía que hacer; es que, sencillamente, no hizo nada, y ello plegándose a intereses comerciales muy defendibles, cierto, pero no a cualquier precio de vidas humanas". En el atentado murieron 21 personas.

La Audiencia hace referencia al lapso de tiempo transcurrido entre las llamadas anónimas que alertaron de la existencia de la bomba, la llegada de la policía al centro comercial y la explosión. Los agentes llegaron a las 15.28. La explosión se produjo a las 16.08, tiempo, afirma la sentencia, en el que se podría haber desalojado el. recinto e impedido elacceso al núsino de más gente.

Tampoco se efectuó más investigación en el recinto que la que la dirección de Hipercor había encomendado a sus guardias de seguridad, sin perros ni material de detección. Cuando se cumplió el plazo previsto en el que debía producirse el atentado, las dos dotaciones policiales desplazadas consideraron que había sido una falsa alarma, razón por la cual una de ellas se reintegró al servicio normal y otra permaneció "por si acaso". La misma sala de la Audiencia Nacional, está pendiente de resolver otra demanda presentada por otros 13 afectados por el atentado de ETA en Hipercor. Estas 13 personas reclaman al Estado una indemnización conjunta de 300 millones de pesetas.

En ambas demandas presentadas se argumenta: "Es evidente que el servicio público de seguridad ciudadana que garantiza la Constitución no funcionó adecuadamente el luctuoso día 19 de junio de 1987", en alusión a las llamadas que se recibieron con anterioridad a la explosión avisando de la colocación del coche bomba cargado con 30 kilos de amonal y material inflamable en el aparcamiento, de Hipercor.

Ni un solo funcionario español ha estado en la cárcel por este crimen.

En cambio en lo que respecta a los militantes de ETA,  cuatro fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de casi 800 años cada uno en dos juicios celebrados en 1989 y 2003:

Josefa Ernaga y Domingo Troitiño: 794 años de prisión como autores materiales de la masacre. Rafael Caride Simón: 790 años y medio de cárcel como ideólogo del atentado y participante en el mismo. Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros: 790 años y medio de cárcel como máximo responsable de la organización antifascista.

Miles de años de condenas acumuladas, y resulta que los responsables de las muertes y de los heridos no fueron ellos.

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