Le estamos dando seguimiento a la visita de la juez argentina María Servini al estado español, lo que les vamos a presentar a continuación vía Kaos en la Red indignaría a cualquiera, a cualquiera claro, menos a los miembros del régimen borbónico franquista a quienes esto ni siquiera les sonroja.
Aquí lo tienen:
Sancho Álvarez Alonso nunca pudo recibir la manta que su hermana Teresa le llevó en 1940 a “El Chalet”, la casa de indianos de Grado (Asturias) reconvertida en prisión de odio y de muerte: “A Sancho se lo han llevado de ‘paseo’”, pudieron oír de labios de otros condenados. Todos sabían que de esos ‘paseos’ ya no se volvía: los ‘paseíllos’ falangistas acababan siempre frente a una tapia, y los ‘paseados’, en una fosa sin identificar en los caminos. Es uno de los horrorosos testimonios que la juez argentina María Servini ha escuchado de sus protagonistas, o de sus familiares.
A sus 93 años Teresa Álvarez Alonso mantiene la entereza y el recuerdo vivo del pasado más ominoso que se ha vivido en la historia de España: su abuelo paterno, su padre y dos hermanos mayores de Teresa fueron represaliados por el régimen franquista en la pequeña localidad asturiana de Bayo (Concejo de Grado). El abuelo, Evaristo Álvarez Iglesias, con 77 años, fue juzgado en consejo de guerra el 4 de noviembre de 1938 (inmediatamente tras la toma de Asturias por las tropas traidoras de Franco) y condenado a la isla de San Simón, en Redondela (Pontevedra), de donde nunca volvería. Algunos dijeron que murió famélico en prisión y que sus restos los tiraron al mar. Otros dicen que sí, que murió de hambre, pero que está enterrado de forma anónima en Vigo.
Nadie conoce la historia con exactitud, pero conocimiento y justicia poética -ya no cabe otra, al menos en este caso- es lo que busca Teresa, y eso, justamente, es lo que esta asturiana con coraje le ha pedido a la juez María Servini de Cubría, que instruye en Argentina la causa de los crímenes del franquismo y que desde el 18 de mayo está recorriendo el País Vasco, Andalucía y ahora Madrid para recoger testimonios de víctimas que por su avanzada edad no pueden desplazarse a Argentina para declarar.
María Servini, con la colaboración inestimable del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha tomado declaración a Teresa y a Faustina Romeral, de 90 años, también represaliada, también víctima. Sus testimonios son desgarradores.
Hambre, frío y muerte
Teresa Álvarez Alonso nació en Asturias en 1921, el año del desastre de Annual. En 1934, siendo una zagala de apenas 13 años vio pasar la sombra sangrienta de la revolución de Asturias; dos años después, con 15, el levantamiento de los perjuros y el inicio de la Guerra Civil; en 1938, con la toma de Asturias por las tropas rebeldes, la prisión y luego muerte de su abuelo, Evaristo, en tierras pontevedresas, y finalmente en 1940, con 19 años, la tortura y prisión de su padre, Francisco Álvarez Miranda, los trabajos en un batallón disciplinario franquista de su hermano José Álvarez Alonso y la desaparición de su otro hermano, Sancho, al que los falangistas le dieron el ‘paseíllo’.
“Ninguno había militado en ningún partido. Creemos que hubo una delación, no sé si por maldad o por qué, de unos vecinos. Pero nunca supimos por qué se los llevaron”, dice Teresa a cuartopoder.es. Vivían en una casa familiar y las tierras que labraban estaban arrendadas a un marqués. La delación, por lo tanto, no pudo ser para quedarse con sus bienes. Tuvo que ser, más bien, por odios miserables, por miserables rencillas.
“Primero se llevaron al abuelo Evaristo, con 77 años, pero luego, el mismo día que terminó la guerra (1 de abril de 1939), el coronel Antonio Uría, de la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, vino con una columna gallega a por mi padre y a por mi hermano José. Querían llevarse también a mi otro hermano, Sancho, pero no lo encontraron porque no había regresado aún del trabajo. Se lo llevaron al día siguiente, el 2 de abril”.
¿Qué ocurrió luego? Los hechos fueron dramáticos: “A mi padre, Francisco, le torturaron en el hórreo: le metieron varillas de paraguas en los oídos y le dejaron sordo. Luego, a él, y a mi hermano José, les llevaron primero a Grado para interrogarles; después, a la cárcel de Algodonera, en Gijón, y finalmente, a la prisión de San Marcos, en León, donde les torturaron a ambos. Como mi padre no les servía para trabajos forzados, lo dejaron libre, porque no había hecho nada; pero mi hermano José, aunque tampoco hizo nada, se lo llevaron a un Batallón de Trabajadores en Barcelona. Fueron 28 meses de trabajos forzados y luego a hacer la mili. Cuando se licenció, mi hermano José se fue a Argentina, donde murió muchos años después”.
Dramática historia la de Francisco y José, pero salvaron la vida. No pudo decir lo mismo el otro hermano, Sancho, a quien se lo llevaron el 2 de abril de 1939. “A mi hermano Sancho se lo llevaron a Grado y lo encerraron en la casa de un indiano que habían convertido en prisión. Un día fuimos a llevarle una manta, porque hacía mucho frío, pero desde unos ventanucos que daban al sótano escuchamos a otros prisioneros que decían: ‘A Sancho le han dado el paseo’. Nunca le volvimos a ver”.
Las otras víctimas cuya historia investiga la justicia argentina
Puede que la historia de Teresa sea arquetípica de lo que pasó en los años más ominosos de la historia de España, pero la juez María Servini ha recibido también de labios de otros protagonistas todo un muestrario del horror del que fue capaz el régimen franquista.
No menos lamentable es la historia de Faustina Romeral Cervantes, de 90 años: fueron represaliados su padre, su madre y ella misma, que fue detenida junto con sus padres cuando tenía 15 años. Mataron a su padre, y a su madre la condenaron a prisión. Faustina fue liberada, pero quedó sola y despojada de su casa. Luego, ella misma sufrió prisión entre 1947 y 1953.
Estos han sido los últimos testimonios escuchados en vivo por la juez Servini en la Audiencia Nacional, junto con el juez Jerónimo Andréu, pero desde el 18 de mayo, esta juez argentina -a la que no afecta la eliminación de la ‘justicia universal’ que ha declarado el aún ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón- ha oído otras historias igual de espeluznantes en Andalucía y País Vasco.
Por ejemplo, las de Julen Kalzada Ugarte y su hermana Luisa, en Euskadi. O la de Félix Padín, de 97 años, miliciano anarcosindicalista internado en campos de concentración de Miranda de Ebro. O la de la andaluza Antonia Parra, nacida dos meses después del asesinato de su padre, Antonio Parra Ortega, cuyos restos se encuentran supuestamente en la fosa del cementerio de Marchena. O la del sevillano F. M. C., de 90 años, que tenía 14 en septiembre de 1936, cuando asesinaron a su padre, Manuel Marín Rodríguez, en las tapias del cementerio de Sevilla: dejó viuda y seis hijos, y su esposa estaba embarazada del séptimo.
O, en fin, del también andaluz F. R. N., de 87 años, que tenía 10 cuando asesinaron a su abuelo Francisco de Paula Nodal Avala, de 63 años, y a su tío materno Antonio Nodal Pulido, en Carmona, por aplicación de bando de guerra. Sus cuerpos se encuentran en distintas fosas comunes en Carmona y el Viso del Alcor, en Sevilla.
Documento cedido a cuartopoder.es por la familia de José Álvarez Alonso, que acredita su presencia de José Álvarez Alonso en el batallón de trabajadores.
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