El criminal de guerra José María Aznar pretendía ser galardonado con la Medalla de Oro del Congreso estadounidense por los servicios prestados en los meses previos a la criminal invasión a Irak. Para ello, no tuvo empacho en desembolsar dos millones de dólares, mismos que no salieron de su bolsillo sino del erario público y por lo tanto de los bolsillos de las centenas de víctimas de los atentados del 11-M en Madrid.
Aquí lo que reporta La Jornada:
Aznar gastó 2 mdd del erario para promocionar su imagen en Estados Unidos
Su objetivo era obtener la Medalla de Oro del Congreso estadunidense, todavía en trámite
Armando G. Tejeda | Corresponsal
El derechista José María Aznar, ex presidente del gobierno español, autorizó la contratación de un despacho de abogados, con cargo al erario de 2 millones de dólares, para promocionar su imagen y hacer campaña entre los legisladores estadunidenses para que éstos apoyaran concederle la Medalla de Oro del Congreso, que todavía está en trámite.
El primer ministro británico, Tony Blair, obtuvo la medalla del Congreso estadunidense el año anterior.
Todos los partidos políticos, con excepción del Partido Popular, solicitaron que se abra una investigación por si hubiera incurrido en algún delito, ya que el pago se hizo mediante la cancillería.
Según información difundida por Cadena Ser, Aznar contrató, por intermedio del ex embajador español en Washington Javier Rupérez, al bufete o lobby de presión Piper Rudnick, que cobrará 2 millones de dólares por un año de servicio.
El bufete dedicó en exclusiva los primeros meses en reunir firmas de congresistas en apoyo a la concesión de la medalla y promover la figura de Aznar en ese país, así como la redacción del discurso que leyó el ex mandatario en la sesión solemne del Capitolio, en octubre de 2003.
La ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio defendió la "legalidad" del acuerdo, porque el propósito era "asistir al gobierno de España a estrechar las relaciones con Estados Unidos".
La ex funcionaria señaló que "hay al menos 70 países representados en Washington que acuerdan contratos similares". Si bien reconoció que hubo una labor relacionada con la medalla, no informó si en esos 70 países el presidente ha intentado ser condecorado por el gobierno estadunidense.
A su vez, Gil Casares, ex secretario de Estado para Asuntos Exteriores, declaró que el gobierno de Aznar firmó un contrato con un lobby y que eso es "perfectamente legal y habitual", y con carácter "general" que no hace referencia a acciones particulares como la entrega de la medalla del Congreso.
"El contrato no fue firmado por el presidente Aznar y su duración es de tres años", agregó Gil Casares.
Si bien la vicepresidenta primera del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero no se pronunciará sobre el tema hasta que el anterior Ejecutivo haya dado su explicación, miembros del partido gobernante cuestionaron, ante los medios, la intencionalidad de esta contratación, que calificaron de "despilfarro, malversación de caudales públicos o corrupción".
Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, pidió que se investigue la supuesta malversación de fondos públicos, ya que "eso en castellano es usar fraudulentamente el dinero público", por lo que "hay que investigarlo y penalizarlo por el actual gobierno, la judicatura y la fiscalía".
El diputado de ICV-EA en el Congreso y portavoz del grupo Izquierda Verde, Joan Herrera, afirmó por su parte que "si fuese verdad esta noticia, Aznar quedaría inhabilitado para continuar en la política", y se mostró sorprendido porque "responsables políticos de su entorno no le hayan parado los pies ante esta manera de proceder".
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