Exactamente un año le ha tomado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México enterarse de la flagrante violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales en contra de los seis vascos sometidos a proceso de extradición por solicitud de Madrid.
Doce meses de atropellos, injusticias, falsedades, discriminación y hostigamiento.
Aquí lo que nos informa La Jornada:
La CNDH podría investigar posibles abusos
Karina Avilés
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está dispuesta a investigar las irregularidades recientemente descubiertas en la detención, con fines de extradición, de los seis ciudadanos vascos encarcelados en el Reclusorio Norte, pues si no se cumplieron los elementos establecidos en la norma para efectuar estas acciones existe "una violación a sus derechos" y "tendríamos que sancionar a los servidores públicos" responsables, afirmó el primer visitador general del organismo, Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri.
Por su parte, representantes de organizaciones de derechos humanos consideraron que el caso puede presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vez agotados los recursos jurídicos en el país.
Entrevistado en el marco de la presentación del libro Paulina cinco años después, Víctor Manuel Martínez indicó que si los ciudadanos vascos presentan una queja ante la CNDH "por supuesto que haríamos la investigación, para ver en qué términos se realizó la detención".
Aclaró que en lo referente a la embajadora de España en México, Cristina Barrios -quien de acuerdo con informes oficiales envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) documentación falsa con el objetivo de justificar estas detenciones-, la CNDH no puede intervenir, porque la diplomática no es una autoridad mexicana, pero corresponde a la SRE señalar la irregularidad, en caso de haberse cometido; toca sancionarla al país de origen de la funcionaria.
Sin embargo, añadió que la CNDH puede revisar si existían los elementos establecidos por la ley para realizar las aprehensiones. "De acuerdo con la Constitución, cualquier detención tiene que ir acompañada de una orden avalada por el juez. Y si es vía extradición, con una documentación perfectamente establecida", puntualizó.
"De lo contrario, es una violación a sus derechos y tendríamos que sancionar o señalar a los servidores públicos nacionales", enfatizó. La investigación de la CNDH -en caso de que los vascos presenten la queja- "sería muy rápida", aseguró.
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