Denuncia Ante la CNDH

Ahora que la CNDH se ha dado por enterada de la situación que han vivido ya por un largo año seis refugiados políticos vascos y sus familias, se ha procedido a presentar una denuncia ante esta instancia dada la información que se ha generado en días recientes, misma que pone de manifiesto los vicios de origen del proceso de extradición.

Aquí la información publicada por La Jornada:

Denuncian violaciones a derechos humanos los ciudadanos vascos presos

Su aprehensión fue arbitraria y su proceso judicial ha sido discriminatorio, señalan

Matilde Pérez U., Andrea Becerril y Víctor Ballinas

A 48 horas de que la Secretaría de Relaciones Exteriores decida si aprueba o rechaza la extradición de los seis ciudadanos vascos detenidos desde hace un año y que ayer cumplieron 20 días en huelga de hambre, presentaron una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las diversas violaciones a sus derechos, desde el 18 de julio del año pasado.

En el documento que entregaron sus abogados a la Oficialía de Partes de la CNDH la noche del pasado 26 de julio, Asier Arronategui Duralde, Luis Castañeda Vallejo, Ricardo Ernesto Sáez García, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Félix Salustiano García Rivera y Juan Carlos Artola Díaz apuntan que su detención fue arbitraria y han sido sujetos a un procedimiento discriminatorio que viola la garantía de igualdad ante la ley; "somos perseguidos políticos por el reino de España por nuestro origen vasco", asientan.

Acusan a la embajadora de España en México, Cristina Barrios Almazor, de mentir, en una comunicación oficial, con tal de "satisfacer su ánimo persecutorio y privarnos de la libertad", ya que aseguró que existía un auto de detención en su contra, dictado por el juez Baltasar Garzón, pero dicho auto fue dictado hasta el 24 de julio. "Fuimos detenidos sin que existiera un auto de detención, requisito indispensable para que la embajadora española formulara la solicitud de extradición". Destacan la "sorprendente agilidad" con que actuaron la cancillería y la Procuraduría General de la República (PGR), pues el mismo día atendieron la petición de la embajadora Barrios Almazor, lo cual "denota un acuerdo extralegal para privarnos de nuestra libertad".

Los ciudadanos vascos también resaltan que la Agencia Federal de Investigación (AFI) no contaba con las órdenes de aprehensión correspondientes, ya que fueron detenidos entre las 9:30 y las 11 horas, en Oaxaca, Monterrey, Puebla y Cancún, sitios en los que radicaba cada uno, y por eso era "prácticamente imposible que la policía ya tuviera el auto de detención". Después, narran, "fuimos llevados a las instalaciones de la PGR en la ciudad de México", donde fueron interrogados por policías españoles, "lo cual es absolutamente ilegal".

Agregan que durante dos días estuvieron en la PGR prácticamente incomunicados, "pues ni a nuestros familiares ni abogados se les permitió vernos". El 19 de julio de 2003, abundan, "fuimos trasladados al Reclusorio Norte y la AFI informó al juez que ese día habían sido detenidos. Mencionan que el juez los dejó en estado de indefensión al rechazar la mayoría de las pruebas que le ofrecieron, mediante las cuales acreditaban un modo lícito de vida. Insisten en que no manejaron fondos procedentes de actividades terroristas, ni blanqueaban capital procedente del terrorismo, como lo afirmó el juez español Garzón. Sin embargo, dicho juez opinó que procede la extradición. "No existe una acusación concreta contra cada uno, solamente una acusación general y abstracta en contra de todos en paquete (...) llegando al extremo de falsedad documental", por ello manifiestan que están sujetos a un "procedimiento especial" que viola sus derechos de audiencia, defensa, legalidad y seguridad jurídica. Por ello, explican, iniciaron una huelga de hambre; "es la única forma que tenemos de protestar en contra de la insensibilidad e ilegalidad de las autoridades que han llevado el procedimiento de extradición".

Al respecto, los abogados de los ciudadanos vascos, Bárbara Zamora y Santos García Díaz, manifestaron su confianza en que el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, emita una recomendación antes de este viernes. "Si su decisión se sustenta en elementos jurídicos, será negativa a la extradición", dijeron.

En tanto, la Comisión Permanente del Congreso turnó a comisiones la propuesta de legisladores del PRD a fin de que se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a actuar dentro del marco legal y con el respeto a los derechos de los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte, cuando se decida la petición de extradición de los mismos.

El diputado Gilberto Ensástiga llevó la propuesta a la sesión de ayer, y pidió que la cancillería tome en cuenta lo documentado por diversos medios de comunicación en el sentido de que ha habido irregularidades en el proceso; entre otras, que la detención de los seis ciudadanos vascos se realizó a petición de la embajada española, sin que existiera un mandamiento formal de un juez de la nación ibérica, lo que implica una detención ilegal y por consiguiente la nulidad del procedimiento.

Recalcó la urgencia de discutir el punto de acuerdo y aprobarlo, toda vez que está por vencer el plazo para que el gobierno decida si es o no procedente la solicitud de extradición, pero no consiguió la votación requerida para que se debatiera en ese momento el asunto, que finalmente fue turnado a comisiones y será hasta el próximo miércoles cuando se defina. 

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