Esta misiva de parte del equipo de abogados que se ha dado a la tarea de defender a los seis represaliados políticos vascos sujetos a un desgastante proceso de extradición en México detalla las más recientes irregularidades del caso.
Como la carta de los familiares también publicada por La Jornada, aquí les compartimos la segunda de ellas:
Que sean liberados, exigen defensores
Abogados: Bárbara Zamora, Santos García, Samuel Porras, Lamberto González Ruiz, Manuel Fuentes, Cruz Arteaga, Enrique Ramírez, Gerardo González y Damián Camacho
Señora directora: Le rogamos publicar esta carta dirigida al presidente Vicente Fox y al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez.
El día de hoy están cumpliendo 20 días en huelga de hambre los ciudadanos de origen vasco María Asunción Gorrochategui Vázquez, Félix Salustiano García Rivera, Asier Arronategui Duralde (mexicano), Juan Carlos Artola Díaz, Luis Castañeda Vallejo y Ricardo Ernesto Sáez García, quienes se encuentran indebidamente presos desde hace un año en el Reclusorio Norte con motivo de la petición de extradición solicitada por el reino de España.
Al tener ya el expediente en sus manos habrán constatado que se trata de una acusación fabricada por el ex presidente José María Aznar, movido por su ánimo persecutorio en contra de todos los que apoyan la independencia del País Vasco, sean músicos, escritores, cineastas, periodistas o simples ciudadanos. El propio Aznar lo declaró alardeando de que "echaría" no sólo de España, sino de Europa, a los vascos.
En su obsesión persecutoria ha contado con el juez Baltasar Garzón, quien ha perseguido en México a estas seis personas, que vivían y trabajaban pacífica y públicamente en nuestro país desde hace más de 10 años.
Las múltiples irregularidades registradas durante el procedimiento, llegando al extremo de mentir la embajadora de España, Cristina Barrios, en su solicitud de extradición presentada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, diciendo que existía un auto de prisión en contra de los seis reclamados, lo cual era totalmente falso, hace patente que a Aznar y a Garzón los mueven sus intereses políticos y no "hacer justicia".
Por todo esto, se debe negar la extradición de los seis reclamados y ordenar su libertad inmediata, pues lo contrario sería convertirse en el brazo ejecutor de la persecución política en contra de los vascos y una traición a los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos y no intervención, y una violación burda a las garantías constitucionales de legalidad, igualdad y seguridad jurídica.
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