Damos seguimiento a lo que La Jornada nos informa con respecto al a todas luces ilegal proceso de extradición en contra de los seis vascos radicados en México a quienes la embajadora Cristina Barrios ha colocado una diana.
Adelante con la lectura:
Demandan que se haga valer el derecho a la presunción de inocencia
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Las fracciones del PRD en las cámaras de Diputados y Senadores demandaron al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, actuar con pleno apego a la ley y a los convenios internacionales en el proceso de extradición que se sigue a seis ciudadanos vascos, cuyos derechos humanos se han violentado y, en general, fueron sometidos a un proceso irregular que comenzó con una detención ilegal.
En nombre de los legisladores perredistas, el diputado Gilberto Ensástiga demandó al canciller que se haga "plenamente efectivo" el derecho a la presunción de inocencia de los ciudadanos vascos detenidos desde julio de 2003 en el Reclusorio Norte.
Advirtió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe considerar en su decisión final que el artículo 15 constitucional prohíbe la celebración de tratados que violenten las garantías individuales. Informes de la Organización de las Naciones Unidas y de instituciones como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, así como de entidades como Amnistía Internacional, han documentado el maltrato y la vejación de vascos una vez que son extraditados.
"El Estado mexicano no puede avalar la política que pretende estigmatizar a miembros de determinado grupo étnico o cultural como sinónimo de terroristas", recalcó el diputado Ensástiga, quien estaba listo para llevar a la tribuna de la Comisión Permanente la propuesta, pero no hubo tiempo, dado lo abultado de la agenda.
De todas formas, comentó, el PRD seguirá con las gestiones en favor de los vascos y tratará el tema en la próxima sesión de la Permanente, en la cual deberá ser uno de los primeros puntos a discutir, dado que quedó pendiente. Eso le dará tiempo, agregó, para cabildear con las demás fuerzas políticas, con el propósito de que se discuta y apruebe, pues está por vencer el plazo para que se decida la suerte de los seis vascos que están encarcelados en el Reclusorio Norte.
La propuesta de punto de acuerdo se publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria. En el mismo, los perredistas resaltan que Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrochategi, José María Urquijo, Ricardo Ernesto Sáenz García, Félix Salustiano García Rivera y Asier Arronategi -este último naturalizado mexicano- radican desde hace décadas en el país y se han insertado en la vida productiva nacional.
Sin embargo, están sujetos a un proceso que se sustenta en el segundo protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España, que entró en vigor a partir de abril de 2001, por el cual se hace nugatorio el derecho de defensa de las personas sujetas a extradición, al impedirles ofrecer pruebas que puedan desvirtuar la solicitud en su contra.
Ello, precisó el diputado Ensástiga, contraviene lo establecido en el protocolo original de 1978, cuyo artículo 4 precisa que no se pueden conceder extradiciones si la parte requerida tiene fundados motivos para suponer que la solicitud correspondiente ha sido formulada para perseguir o castigar a un individuo por causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política.
El legislador perredista insistió: la cancillería debe tomar muy en cuenta esas violaciones a los derechos humanos de los seis ciudadanos vascos, además de analizar lo publicado en medios de comunicación, en especial por La Jornada, acerca de que fueron detenidos a petición de la embajada española en México sin que existiera un mandamiento formal de un juez español, lo que implicaría una detención ilegal y la consiguiente nulidad del proceso al que se hallan sujetos.
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