Barcina y la Actas Extemporáneas

Damos seguimiento al caso de corrupción del gobierno navarrico de UPN en contra de la CAN con este artículo aparecido en Gara:

Yolanda Barcina se niega a aclarar al Parlamento cuándo firmó las actas

Toda la oposición lanzó ayer la misma pregunta a la presidenta navarra -«¿Cuándo firmó las actas de la Permanente de CAN?»- en una sesión convocada solamente para obtener esa respuesta. Pero Yolanda Barcina se negó a contestar y culpó de todo al secretario de la entidad, contra el que Kontuz ha emprendido acciones legales por falso testimonio.

Aritz Intxusta

A petición de Bildu, Yolanda Barcina estaba citada a comparecer ayer en el Parlamento para hablar de las actas de la Permanente de CAN. Llegó con un texto preparado, sabiendo que la cita era difícil. Maiorga Ramírez se saltó los preámbulos y sorprendió con una única pregunta: «Señora Barcina, ¿cuándo firmó usted las actas de la Permanente de CAN? Solo queremos saber eso». La lectura del texto prefabricado sonó extemporánea y la respuesta que dio no pudo ser más vaga: «Firmé las actas cuando me lo pidió el secretario».

Acto seguido, Ramírez explicó que todas las actas (16) fueron redactadas más de un año después de celebrarse las reuniones de la Permanente y después de que el escándalo saliera en prensa, según el informe pericial de la Guardia Civil conocido después de que el Supremo archivara el presunto cohecho. «Señora Barcina, le repito, ¿cuándo firmó las actas? ¿En qué fecha?», insistió el parlamentario de Bildu.

Recogió el testigo el PSN. «Presidenta, tiene la obligación de contestar a lo que se le ha preguntado», dijo Juan José Lizarbe, que apeló a la «transparencia y la claridad». Siguió Patxi Zabaleta, de Aralar-NaBai, quien dio a Barcina dos opciones. Le propuso que contestara o que se negara a responder pero dejando constancia de que su silencio se debía a que el asunto estaba en los tribunales. Cuando le llegó el turno a José Miguel Nuin, de I-E, este exigió a Barcina que diera una respuesta clara. Y el ambiente de tensión y enfrentamiento aumentó.

Enrique Martín, presidente del PP, intentó echarle un cable a Barcina pero en el fondo no hizo sino empeorar las cosas. Dijo que el tema era «notablemente menor» pero le lanzó otra pregunta concreta, pidiéndole que dijera si las actas se aprobaban «en la siguiente reunión», como suele ser habitual.

En su segundo turno, Barcina se cerró en banda. «Creo que les he explicado todo lo que sé al respecto. He actuado igual que en otras instituciones en las que he estado o estoy a la hora de proceder con las actas», aseguró. Intentó convencer de que una cosa son las actas firmadas en papel y otra los archivos informáticos que analizó la Guardia Civil. «¿Que cuándo las he firmado, las actas? Pues cuando me las ha traído el secretario», repitió. «Lo normal en todos los sitios es que las suele traer el secretario bastante más tarde que las sesiones.... Las he firmado cuando las ha traído el secretario, como en todos los sitios donde he estado, porque he actuado de la misma manera», fueron sus frases literales.

La investigación sigue abierta

Las declaraciones de ayer de la presidenta alimentan la tesis de que hubo actas de la CAN que se firmaron en vísperas de la apertura del proceso y, algunas, cuando la denuncia de Kontuz ya estaba en los juzgados. Las actas que importan son las que ella firmó, pues solo su firma (en calidad de presidenta de la Permanente) pudo dar validez a las últimas seis, ya que antes esa responsabilidad recaía en Miguel Sanz, que sigue imputado en la Audiencia Nacional.

En el plano judicial, Barcina ha metido en un serio problema a Alberto Pascual y Amaya Rández, el secretario general de la CAN y su segunda. Ambos aseguraron ante la juez que instruía el caso de las dietas que ellos redactaron las actas y que se firmaban, normalmente, en la sesión siguiente.

El Gobierno aprueba el PSIS de Donapea entre críticas

Después de que la oposición pusiera en marcha una modificación de la ley para evitar que el Gobierno venda al Opus Dei los terrenos donde se encuentra el centro de FP Donapea, UPN decidió tomar un atajo y aprobó ayer mismo el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) que da luz verde al proyecto. El Donapea está ubicado en Iruñea y Enrique Maya no consiguió que el Pleno ratificara una modificación urbanística necesaria para la venta. Por ello, el Gobierno intenta emplear un PSIS para saltarse ese requisito.

Por su parte, la oposición en el Ayuntamiento iruindarra se unió para «instar a los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo para que elaboren alegaciones» frente a ese proyecto. Esperan tener sobre la mesa el primer borrador en la reunión de octubre.

El escándalo protagonizado por el alcalde Maya, que tras firmar la renuncia a los terrenos se apartó de la tramitación por sus vínculos con el Opus Dei (es profesor de la Universidad de Navarra), también ha dado pie a advertencias con llevar el caso a los tribunales por parte de Izquierda-Ezkerra. La polémica está servida y, a la espera de qué medidas tome la oposición, puede que la última palabra la tenga que dar un juez.

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