El estado español no va a entregar a sus héroes a una juez extranjera. No importa que durante años haya utilizado la figura del hoy defenestrado Baltasar Garzón como adalid de la justicia universal ahora que le toca al régimen emanado del franquismo confrontar sus propios excesos represivos cierra filas y desafía a la comunidad internacional.
En ese tenor, les recomendamos la lectura de esta editorial de Gara:
La decisión de la juez María Servini de decretar una orden de detención internacional contra cuatro conocidos ejecutores de la represión franquista, además de suponer un paso histórico frente a la impunidad, ha devuelto el tema de la tortura a primera línea informativa, tanto en Euskal Herria como en el Estado. Al hilo de esta noticia, varios medios han difundido testimonios de personas que sufrieron el trato que estos «agentes del orden» infligían a quienes pasaban por sus manos. En estas mismas páginas, Jon Arrizabalaga detalla el calvario sufrido por su hermano Andoni, torturado por Jesús Muñecas.Este ejercicio evocador, sin embargo, tiene un recorrido limitado en la mayoría de los casos, pues es complicado encontrar en muchos de esos medios relatos de torturas fuera del contexto de la dictadura, a pesar de que esa práctica sobrevivió al franquismo. Experiencias muy similares a las padecidas por quienes tuvieron la desgracia de toparse con Celso Galván, José Ignacio Giralte, Juan Antonio González y el propio Muñecas las han sufrido muchas otras personas en los últimos 35 años, pero sus denuncias han encontrado escaso eco entre la clase periodística española, que ha protagonizado un cierre de filas generalizado en torno a esta materia. Sin embargo, a pesar de ese apagón informativo, consciente y deliberado, la pervivencia de la tortura contra la disidencia vasca es un hecho conocido en este país y constatado por diversas instancias internacionales, como la Unión Europea o las Naciones Unidas, cuyos relatores han denunciado insistentemente el maltrato propiciado por el régimen de incomunicación.Son miles los vascos y vascas que antes y después de la dictadura han salido marcadas tras su paso por cuartelillos y comisarías, y también hay quien no consiguió salir de allí, como Gurutze Iantzi, fallecida hace veinte años. Hoy, cuando algunos partidos apelan a un fantasmagórico «suelo ético» como excusa para eludir sus responsabilidades, no está de más recordar que la ética del Estado español respecto a Euskal Herria se halla en el subsuelo, en los sotanos y calabozos donde la tortura ha campado a sus anchas demasiado tiempo.
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